El Consejo de Ministro aprobará mañana el mismo techo de gasto -que no logró sacar adelante el pasado mes de julio- con la intención de que se vote en el Congreso de los Diputados la próxima semana. De esta manera, el Gobierno reactiva el calendario con la vista puesta en los Presupuestos de 2025, que tiene pensado presentar en la Cámara Baja a inicios de octubre. Las bases serán las mismas. El límite de gasto no financiero alcanzará los 199.171 millones de euros, y la senda estabilidad llevará el déficit al 2,5% en 2025, al 2,1% un año después, y al 1,8% en 2027. Durante los próximos tres años, la CCAA podrán incurrir en un saldo negativo del 0,1%, y los Ayuntamientos en el equilibrio presupuestario.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se agarra a la literalidad del pacto firmado entre PSC y ERC sobre la finalidad singular de Cataluña, y descarta definirlo como concierto fiscal, durante su comparecencia en el Senado. "Es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo", defendió la ministra de Hacienda, que recordó que la propuesta es extensible a otros territorios y que el Gobierno ha puesto sobre la mesa un mecanismo para devolver la autonomía financiera de las CCAA, a través del sistema de quitas de deuda autonómica con el Estado a través del FLA. La comparecencia de Montero -no obstante- ha estado protagonizada por su constante liza con el PP. "¿Cuál es la propuesta del PP?", ha interpelado Montero, que ha instado a los de Feijóo a presentar una propuesta común, "esto de entrar en una carrera fiscal a la baja y pedir más al Estado porque no les llega, se llama populismo fiscal y deslealtad institucional", añadió.

La patronal catalana se alinea con el Gobierno, avala la financiación singular planteada para Cataluña dentro del marco del acuerdo entre PSC y ERC, y defiende que el pacto puede abrir el camino para que otras comunidades autónomas disfruten de una mejores condiciones en el futuro. "Catalunya ya lideró el cambio durante el mandato del Partido Popular en 1996", recuerda Foment del Treball en un comunicado en el que insiste que el acuerdo fiscal acordado hace 28 años bajo la presidencia de José María Aznar "si bien sorprendieron inicialmente, acabaron por ser aceptadas por el conjunto de comunidades". "Hoy, gestionan una parte importante de los impuestos que recaudan sin que ninguna comunidad quiera recuperar el modelo previo", razona la organización presidida por Josep Sánchez Llibre.

El elevado volumen de deuda que acumulan buena parte de las CCAA, y el incremento de los tipos de interés, obligará a los gobiernos regionales a multiplicar por 3,3 -en los próximos tres años- los recursos que se dedicaron en 2022 a satisfacer los gastos financieros derivados de su pasivo. Según un informe difundido por Fedea, hace dos años las autonomías utilizaron 3.608 millones de euros a hacer frente a sus obligaciones. La cifra ascenderá a los 12.037 millones de euros en 2027. La entidad recuerda en su análisis que el tipo medio fue del 1,1% en 2022, pero que ascendería hasta el 3,5% en tres años. "Esto significa un coste de más del triple del actualmente vigente", afirman el documento.

El ministerio de Hacienda trabaja a contrarreloj para presentar un proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados en "tiempo y forma", con el objetivo de poder tener aprobadas las Cuentas antes del 31 de diciembre de 2024. El calendario juega en contra de los de María Jesús Montero. La Constitución establece que el Gobierno debe llevar el texto al Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Antes, la vicepresidenta debe volver a elevar al Pleno la senda de estabilidad sobre la que se sustentarán las Cuentas, después de no lograr aprobarla el pasado mes de julio. Está previsto que Montero presente -durante el mes de septiembre- el mismo esquema que ya fracasó hace más de un mes, después de que Junts decidiera -por sorpresa- dejar caer la iniciativa frustrando los planes de Moncloa.