El elevado volumen de deuda que acumulan buena parte de las CCAA, y el incremento de los tipos de interés, obligará a los gobiernos regionales a multiplicar por 3,3 -en los próximos tres años- los recursos que se dedicaron en 2022 a satisfacer los gastos financieros derivados de su pasivo. Según un informe difundido por Fedea, hace dos años las autonomías utilizaron 3.608 millones de euros a hacer frente a sus obligaciones. La cifra ascenderá a los 12.037 millones de euros en 2027. La entidad recuerda en su análisis que el tipo medio fue del 1,1% en 2022, pero que ascendería hasta el 3,5% en tres años. "Esto significa un coste de más del triple del actualmente vigente", afirman el documento.
Madrid, que parte como la comunidad con los tipos más altos -del 2,2% en 2022- deberá pagar un 4,2% en 2027. También Asturias, Canarias o Castilla y León, se enfrentarán a un tipo medio superior al 4%. Es por ello, por lo que Fedea demanda a los gobiernos regionales contención en la política fiscal. El informe recomienda poner fin a las rebajas de impuestos, en un momento, en el que los barones regionales del PP se han embarcado en una profunda ofensiva tributaria. Prácticamente todas las CCAA gobernadas por los populares han aprobado reducciones del tramo autonómico del IRPF, o bonificaciones en impuestos como Sucesiones y Donaciones. "En los próximos ejercicios las CC.AA. deberán abordar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir su nivel de deuda y situarlo en el 13% fijado en la Ley de Estabilidad", apuntan los autores, Manuel Díaz y Carmen Marín.
El ajuste podría ser mayor si se cumplen las predicciones de la AIReF. El organismo pronostica que -solo este año- las autonomía incurrirán en un déficit del 0,3%, dos décimas por encima de los que marca la normativa. El descuadre de las cuentas procederá de un retroceso de los ingresos, pero -sobre todo- de un incremento del gasto mayor del estipulado. De hecho, los territorios que mayor masa recaudatoria han perdido como consecuencia de sus rebajas fiscales, como Andalucía o Madrid, deberán elevar su gasto en pasivo en 1.001 millones y 833 millones de euros, hasta 2027. Aunque, según las proyecciones de Fedea, Cataluña y Comunidad Valenciana, serán los territorios que mayor cantidad de gasto deberán dedicar al pago del alza de los intereses de su pasivo. El Ejecutivo -recién estrenado por Salvador Illa- tendrá que desviar 1.928 millones de euros más en 2027, de los dedicados en 2022. Los de Carlos Mazón tendrán que elevar su gasto en intereses en 1.532 millones en los tres próximos años.
Urgente reforma de la financiación autonómica
Para capear este incremento de las obligaciones financieras, Fedea recuerda la "urgente" necesidad de acometer una reforma de la financiación autonómica. El Gobierno sigue estudiando la manera de afrontar la renovación del sistema en uno de los momentos de mayor tensión entre las administraciones. La financiación "singular" acordada con ERC para Cataluña ha despertado un profundo rechazo por parte del resto de Ejecutivos autonómicos, incluidos los socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. La vicepresidenta primera insistió hace días en que otras CCAA podrán disfrutar también de una financiación singular, "la pueden tener otros territorios que tengan vocación de tenerla", aseguró.
Además, el análisis ve clave la retirada gradual de los mecanismos de financiación de emergencia materializados a través del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas(FFCCAA) o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), "no hay que olvidar que aproximadamente el 60% de la deuda de las CCAA está en manos del Estado", recuerda el documento. Aun así, los autores recuerdan que este proceso no tendrá éxito sin la puesta en marcha de un "proceso creíble" de consolidación fiscal por parte de las regiones. Un proceso que no será sencillo. La entidad reconoce que el recorte vía gasto resultará "más que complicado", en un contexto como el actual con gastos sanitarios y sociales al alza derivados del envejecimiento de la población, el aumento esperado del gasto en intereses y, además, el reducido gasto en inversión. Por todos estos motivos -insiste Fedea- "consideramos que es prioritario la puesta en marcha de una estrategia fiscal creíble a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas".