Redactor de Macro en elEconomista

Junts no se mueve y reafirma que votará en contra de la senda de estabilidad que se debatirá este jueves en el Congreso de los Diputados. Los de Carles Puigdemont allanan el camino a una nueva prórroga presupuestaria, ante la resignación del PSOE, que ya da la batalla prácticamente por perdida. "Lo hemos dejado claro. Si se presenta la misma propuesta que se votó en contra, evidentemente se votará en contra. Si se modifica, se analizará la modificación y se decidirá el voto. A nadie debe sorprenderle", ha asegurado el secretario general de los postconvergentes, Jordi Turull. La línea roja que pinta la formación independentista es prácticamente insalvable. La senda de estabilidad, que traza un objetivo de déficit del 0,1% para las CCAA durante los próximos tres años, fue aprobada por el Consejo de Ministros hace dos semanas. Su modificación, exigirá deshacer el trámite para iniciarlo de nuevo, algo que Moncloa descarta.

El Consejo de Ministros aprobará mañana una revisión al alza de las previsiones macroeconómicas para los próximos tres años. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el pronóstico de crecimiento de 2024, se situará en el 2,7%, tres décimas por encima de los calculado inicialmente. Cuerpo no ha detallado las cifras de crecimiento previstas para 2025 y 2026, ahora en el 2,2% y en el 2%, respectivamente. La actualización se produce como consecuencia de la revisión al alza que el INE publicó la pasada semana sobre los ejercicios 2021, 2022 y 2023. También, se produce tras la mejora de las cifras macro que buena parte de los organismo y entidades han publicado. El martes pasado, el Banco de España situó el crecimiento del PIB en el 2,8% este año, un alza que triplicará el avance previsto en la eurozona.

Carles Puigdemont calienta el debate de la senda de estabilidad, que este jueves vuelve al Congreso de los Diputados, y de cuya aprobación depende toda la agenda presupuestaria diseñada por el Gobierno. El líder de Junts amenaza con volver a tumbar la norma, lo que obligaría a Moncloa a prorrogar -por segundo año consecutivo- los Presupuestos de 2023, e invalidaría la hoja de ruta fiscal que el Ejecutivo tiene previsto enviar a Bruselas el próximo 15 de octubre, como garantía del cumplimiento de las reglas fiscales europeas.

La incertidumbre parlamentaria que persigue al Gobierno desde el pasado mes de julio, suma un nuevo desafío para la estabilidad de la legislatura. La reforma fiscal, que Bruselas demanda como uno de los compromisos para apuntalar la estabilidad de las cuentas, se dirige al naufragio pese a que Hacienda lleva meses preparando un nuevo paquete de medidas dirigidas a elevar la presión sobre las rentas más altas, y corregir la pérdida del potencial recaudador de determinadas figuras tributarias, que han sido total o parcialmente bonificadas por las diferentes comunidades autónomas del Partido Popular.

Sumar presiona a Montero para aprobar una batería de medidas fiscales dirigidas a elevar la presión sobre las grandes empresas y recaudar 14.200 millones de euros más cada año. El socio de coalición de Pedro Sánchez propone acompañar el proyecto de Presupuestos de una profunda reforma del impuesto de Sociedades que genere unos ingresos extraordinarios de 13.300 millones. Por un lado, plantean limitar a cuatro años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas para sumar 8.000 millones más cada año; por otro, formulan la eliminación del régimen consolidado y la supresión de la doble imposición en beneficios repatriados de fuera de la Unión Europea. Ambas medidas añadirían -según los cálculos de Sumar- 1.800 millones y 3.500 millones a la Agencia Tributaria. En 2023, el impuesto de Sociedades recaudó 35.060 millones, la cantidad se elevaría por encima de los 48.000 millones si las condiciones de la formación prosperan.

Gobierno, autonomías y Ayuntamientos volverán a reunirse en diciembre para seguir avanzando en el desarrollo del 'Régimen 18', la propuesta con la que Economía quiere agilizar los trámites burocráticos y homogeneizar los requisitos que necesitan las empresas para operar en varias comunidades. Los representantes de las tres administraciones acordaron ayer establecer un punto de partida, durante la Conferencia Sectorial celebrada en el ministerio que dirige Carlos Cuerpo. "Nos hemos marcado una ambiciosa hoja de ruta para seguir adelante, habrá una próxima reunión antes de finales de año, donde podremos tener un diagnóstico común, para identificar cuáles son las barreras a eliminar", anunció el titular de Economía.

El Gobierno obligará los medios de comunicación a inscribirse en un registro público en el que se detallará la información sobre su propiedad y la inversión pública que reciben, que estará supervisado por la CNMC, y que descartará a los pseudomedios. Los criterios base será elaborados por "expertos y profesionales de los medios de comunicación", aunque el Ejecutivo no ha detallado cómo y quiénes desarrollaran ese filtro. El Consejo de Ministros aprueba su Plan de Acción Democrática, que incluye una reforma de las leyes del derecho al honor y rectificación para garantizar que los "tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier información falsa publicada por los psudomedios", una modificación del Código Penal para eliminar el delito de ofensas religiosas y de injurias contra el Estado, y una profunda revisión de la ley de Publicidad Institucional para verificar el sistema de medición de audiencias de los medios, que servirá como criterio en el reparto de publicidad institucional. Además, obligará alas administraciones públicas a publicar anualmente, de forma transparente y desglosada, la inversión que destinan a medios de comunicación

Sumar exige crear un nuevo impuesto que grave las herencias superiores al millón de euros como condición para apoyar los Presupuestos de 2025. Los socios de coalición despliegan una ambiciosa reforma fiscal, que incluye la permanencia de los gravámenes extraordinarios a la banca y energéticas, la rebaja del tramo que obliga al pago del impuesto a las grandes fortunas a hasta el millón de euros, la subida del tipo máximo del IRPF para las rentas de capital o la reducción del IVA para los servicios de consumo general -tales como la peluquería, electricidad o las consultas veterinarias) y los productos o bienes básicos, entre los que se incluirán los pañales o los productos sin gluten. “Llevamos 45 años de democracia y esto nunca se toca, nuestra fiscalidad es del siglo XX y prima a los de arriba, tenemos que cambiar”, ha anunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante el acto de presentación de sus propuestas.

Sergio Salomón Céspedes | Gobernador de Puebla

Sergio Salomón Céspedes (Tepeaca, 1969) cierra una gira comercial exprés por Alemania y España en busca de inversores. El gobernador de Puebla regresa a México con un puñado de acuerdos en la maleta. Entre ellos, 1.700 millones de dólares en inversiones de Volkswagen y Audi, que construirá su nuevo coche electrico en la región. "Nuestra posición estratégica es extraordinaria", presume durante la entrevista concedida a elEconomista.es a su paso por Madrid, donde la delegación se reunió con más de 80 empresarios, entre ellos, el presidente del Grupo Santander, junto al recién elegido alcalde de Puebla, Pepe Chedraui.