La incertidumbre parlamentaria que persigue al Gobierno desde el pasado mes de julio, suma un nuevo desafío para la estabilidad de la legislatura. La reforma fiscal, que Bruselas demanda como uno de los compromisos para apuntalar la estabilidad de las cuentas, se dirige al naufragio pese a que Hacienda lleva meses preparando un nuevo paquete de medidas dirigidas a elevar la presión sobre las rentas más altas, y corregir la pérdida del potencial recaudador de determinadas figuras tributarias, que han sido total o parcialmente bonificadas por las diferentes comunidades autónomas del Partido Popular.
Moncloa lleva meses insistiendo en que da por cumplido el compromiso comunitario; sin embargo, los de María Jesús Montero contemplaban impulsar durante los próximos meses un paquete fiscal que acompañe al proyecto de Presupuestos y que incluiría una armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones, un incremento del tipo máximo del IRPF para las rentas de capital, o una nueva vuelta de tuerca del impuesto a las Grandes Fortunas. Sumar aspira a incluir una batería de medidas entre las que destaca la creación de un impuesto a las grandes herencias, a partir de un millón de euros, o una reforma del impuesto de Sociedades con el que pretenden recaudar más de 13.000 millones anuales.
El objetivo no es otro que el de desplegar un texto capaz de contentar a la Comisión Europea, que exige a España una "revisión y simplificación" de sistema fiscal, que no solo garantice un aumento de los ingresos, sino que afiance un cambio estructural en favor del saneamiento de las cuentas en el largo plazo, cuando los elementos coyunturales –como el efecto de la inflación- sean historia, y las reglas fiscales sigan exigiendo una senda de control del gasto público.
Bruselas puso las bases de lo que quiere en el Componente 28. Reclama una modernización del sistema fiscal que mejore la recaudación y la eficiencia. El documento critica las "numerosas exenciones y deducciones" existentes en España y reclama evaluar "si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse". Además, el Ejecutivo comunitario insiste en que deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos impuestos "de acuerdo con las tendencias más recientes". La Comisión Europea recuerda en su documento que España presenta un diferencial negativo de ingresos en relación con la Unión Europea, y reitera que la "situación actual genera una oportunidad para llevar a cabo una reforma del sistema tributario que, de momento, sigue sin dar por cumplida.
Propuestas no faltan. El libro blanco que la ministra de Hacienda encargó en 2022 a un equipo de expertos liderados por el catedrático Ruiz-Huerta, propone una profunda revisión del sistema tributario. Entre las medidas principales, el documento plantea una simplificación del IVA, reduciendo el tipo general al 15% y eliminando los tipos reducidos a cambio de medidas de compensación para los sectores más afectados. También proponen revisar todas aquellas exenciones del pago del IRPF, o la reforma de los impuestos medioambientales, con el fin de engrosar la recaudación entre 6.000 y 15.000 millones de euros más.
No obstante, lo que Bruselas y los expertos fiscales pretenden, choca con la competencia fiscal abierta entre las diferentes comunidades autónomas. Buena parte de los gobiernos regionales del Partido Popular han desplegado una red de bonificaciones que -solo en 2022- desaceleraron el impulso recaudador en más de 5.000 millones de euros. Esto ha sido recientemente censurado por el Ejecutivo central. El presidente, Pedro Sánchez, criticó que CCAA como Madrid demande más fondos, pese a que basan su política fiscal en la aprobación de beneficios o rebajas de impuestos. "Piden con una mano, mientras con la otra hacen regalos fiscales a los más ricos", dijo el socialista hace semanas desde la Ejecutiva del PSOE.
La solución podría pasar por la armonización de determinadas figuras tributarias. Una demanda que varias autonomías llevan tiempo reclamando. "Debe haber armonización fiscal, tanto en los elementos más importantes de tributo, como en los tipos impositivos, estableciendo un mínimo y dejando el máximo a cada CCAA", dijo el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina una reciente entrevista con elEconomista.es.
Junts esconderá su posición hasta el momento final de cada votación
La acción legislativa hace tiempo que dejó de acompañar a la ejecutiva; y –a día de hoy- cualquier texto que Montero quiera llevar a las Cortes está condenada al fracaso. El pasado martes, Junts volvió a tumbar por sorpresa, y en el último momento, una iniciativa clave para el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Los de Puigdemont pasaron de la abstención al no en la toma en consideración de una proposición de ley para regular los contratos de alquiler de vivienda por temporada. "Se está conformando un bloque de derechas entre PP, Vox y Junts que seguramente llevará Feijóo a la Moncloa", advirtió Gabriel Rufián, el portavoz de ERC el pasado miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados. Los postconvergentes siguen avisando -pleno tras pleno- a Sánchez de que no cuente con sus siete diputados para impulsar las reformas que planea. Una situación, que compromete la acción de gobierno que el Ejecutivo comunitario demanda a España. "Donde haya incumplimientos políticos habrá derrotas parlamentarias", aseguró el jueves la presidenta de la formación, Laura Borrás, en una entrevista a TV3. Este es el argumento al que se ancla Junts. No votarán las cuentas, hasta que Sánchez no presione públicamente a los jueces para forzar la amnistía de Carles Puigdemont. "El PSOE podría ser más activo contra los jueces que frenan la aplicación de la amnistía. La Fiscalía podría querellarse contra algunos jueces del Supremo por retrasar la acción judicial", deslizó el secretario general, Jordi Turull, hace dos semanas.
El llamamiento de Junts tuvo efecto pocos días después. El fiscal general del Estado remitió la pasada semana un escrito en que pedía apartar al magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, del equipo que delibera los recursos presentados sobre la ley de amnistía. Álvaro García Ortiz firmó un escrito en el que cuestiona la imparcialidad de Macías. Una maniobra interpretada como un guiño a los de Puigdemont, a pocos días de que se vote en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad, que precederá a la presentación del proyecto de Presupuestos.
