Las autonomías y ayuntamientos podrían comenzar el año 2025 perdiendo más de 12.000 millones de euros de margen fiscal. El baile parlamentario iniciado por Gobierno y Junts en torno a una nueva senda de estabilidad, que marcará los objetivos de déficit y los cimientos del proyecto de Presupuestos, amenaza con recortar la capacidad de gasto prometida a los gobiernos regionales y municipales, empeñados en la aprobación de unas Cuentas, que –en rigor- deben garantizar un superávit del 0,1%. Todo podría cambiar con el año ya iniciado. Si Hacienda rehace las metas fiscales, reordenando el reparto del déficit -del 2,5% para el total de las administraciones- en favor de las CCAA, las autonomías contarán con un margen extraordinario que no conoceremos hasta el próximo 15 de octubre, cuando Economía se vea obligado a incluir los datos en el plan fiscal estructural que debe enviar a la Comisión Europea. Hasta entonces, las regiones trabajan a ciegas.

El Gobierno afronta el reto de impulsar la actualización de la Ley de Industria, una de las diez normas y reformas que todavía tiene pendientes para recibir lo que queda de los fondos europeos. El texto es uno de los que más posibilidades tiene de prosperar, a pesar de que la inestabilidad parlamentaria sobre la que se sustenta el Ejecutivo dibuja una compleja agenda legislativa. El ministerio que lidera Jordi Hereu ya está en ello, aunque su desarrollo no será fácil. Debe recoger la esencia del Componente 12 del Plan de Recuperación acordado con Bruselas, pero también las pautas dictadas por informe Draghi, en el que el expresidente del BCE analiza los desafíos a los que se enfrentan la industria y las empresas en el Mercado Único. Todo ello, sin invadir las competencias de las CCAA, y protegiendo y reivindicando a las empresas estratégicas de una actividad clave para el crecimiento de la economía. Cabe recordar, que Iberia -de IAG- es la aerolínea con mayor rentabilidad de toda la Unión Europea. En el segundo trimestre, la española alcanzó una mayor margen operacional del 15,3%, liderando un sector sobre el que se apoya uno de los pilares de carga –la demanda exterior- sobre el pivota el buen momento del PIB.

El cambio en la senda fiscal de 2025 que Junts busca imponer al Gobierno tendrá repercusiones en todas las autonomías de régimen común, más allá de Cataluña, quiera o no la formación independentista. Elevar el tope de déficit de las regiones al 0,8% del PIB, frente al 0,1% ahora establecido, propicia necesariamente un mayor margen de gasto para los tres territorios con más peso económico: Madrid, la propia Cataluña y Andalucía, con un margen fiscal extra que oscila entre 1.090 millones y 2.270 millones.

La disputa entre PP y Gobierno por el acuerdo de financiación para Cataluña, dinamita la posibilidad de alcanzar un gran pacto para renovar el modelo de financiación autonómica. Los de Núñez Feijóo han insistido hoy en el Congreso que no negociarán un nuevo sistema que corrija las deficiencias del actual, si Moncloa no da marcha atrás y retira la propuesta que firmó con ERC. La ruptura ha quedado evidente en cada uno de los reproches que la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, y el portavoz económico popular, Juan Bravo, se han arrojado hoy en el Congreso. "El único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Cataluña nos roba, o contra Cataluña vivíamos mejor", ha asegurado la ministra de Hacienda, al inicio de su comparecencia para explicar el contenido del acuerdo cerrado entre PSC y ERC. Montero ha marcado así el ritmo de una sesión en la Cámara Baja, que se ha tornado en un tenso rifirrafe con PP. "¿Cree de verdad que el acuerdo es bueno para España?", le ha preguntado en su réplica el portavoz popular, Juan Bravo, que le ha recordado a Montero que el PSOE votó en contra de una iniciativa en la que ERC pedía un modelo de financiación singular para Cataluña el pasado 23 de abril.