Redactor de Macro en elEconomista

Sumar remite al PSOE el paquete de medidas de vivienda que aspira a introducir en el proyecto de Presupuestos, que los socios de Gobierno siguen negociando con discreción, pero sin prisa. "Las conversaciones siguen hacia adelante, Ernest Urtasun esta avanzando, con discreción y con mucho trabajo", confesó la pasada semana la secretaria de Comunicación de la formación, Elisabeth Duval. Entre las peticiones que los de Urtasun han puesto sobre la mesa, destaca un incremento de la inversión pública en vivienda del 0,5% del PIB anual, al 1%. La propuesta está recogida en el programa con el que Yolanda Díaz se presentó a las elecciones del 23-J. "Invertiremos sostenidamente, durante diez años, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes diez años", promete el documento.

Carles Puigdemont tratará de seguir sacando provecho de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, forzando al presidente del Gobierno a asumir un reparto del margen fiscal a medida para Cataluña. Junts propone al Ejecutivo que la nueva senda de estabilidad -que siguen negociando con Moncloa- incluya un sistema de reparto de la capacidad de gasto hasta 2027 basado en el criterio del peso de la riqueza que cada región aporta al PIB del Estado, lo que generaría una distribución desigual entre las regiones. "Si Cataluña representa el 20% PIB de España, el reparto debe ser equitativo", desveló la portavoz de los postconvergentes en el Congreso, Miriam Nogeras, el pasado jueves en declaraciones a TVE.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rectifica su propuesta sobre cómo adaptar la jornada laboral, por necesidades de conciliación, en sus encuentros informales con empresarios de los últimos días. El jefe de la oposición aclara, según revelan fuentes cercanas a elEconomista.es, que su intención es fomentar la jornada flexible –ya mencionada en su proposición de ley sobre medidas sociales- siempre negociada entre la empresa y los trabajadores, en lugar de dar prevalencia a la rebaja del tiempo de trabajo a cuatro días semanales. Esta última opción mermaría inevitablemente la productividad, según los expertos y los representantes empresariales.

El concierto fiscal que persigue ERC –a través de su pacto con el PSC– generaría un coste cercano a los 2.100 millones de euros anuales para el sistema de financiación, y una pérdida de recaudación de unos 22.000 millones, según las más recientes estimaciones. Para compensar el roto en las cuentas, Moncloa se verá obligada a acompañar el proyecto de Presupuestos de un ambicioso paquete de medidas fiscales. Entre el catálogo de opciones que se presentan ya como ineludibles, si se quiere evitar la bancarrota del sistema, se encuentra la eliminación total de los dos tipos reducidos del IVA, lo que generaría unos ingresos tributarios de "en torno a los 15.000 millones de euros", según estima el catedrático Desiderio Romero Jordán, en su último artículo firmado para Funcas. Esa medida tendrá un indudable efecto en productos básicos de consumo, en especial en el ámbito alimentario, como pone de manifiesto el documento de la Fundación.

La tasa de absentismo alcanzó el 6,9% en el segundo trimestre del año, 0,2 puntos más que el mismo periodo de 2023, según Adecco. Teniendo en cuenta estas cifras, las horas no trabajadas por la ausencia de los trabajadores equivalen a que más de 1,2 millones de asalariados en España no hubieran trabajado durante los meses de abril y junio. Según revela el análisis, el absentismo por incapacidad temporal es el más importante, su tasa ha crecido en 0,3 puntos en un año hasta alcanzar el 5,5%. Los datos irrumpen en pleno debate sobre las bajas flexibles propuestas por la ministra de la Seguridad Social. Elma Saiz planteó la pasada semana la posibilidad de estudiar una fórmula para incorporar de forma gradual a aquellos empleados con una incapacidad, con la intención de reducir el alto gasto que genera el pago de estas prestaciones. Las palabras de la ministra han terminado por generar una nueva brecha, tanto dentro del Gobierno de coalición, como en el bloque de investidura. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se opone a la medida al igual que otros grupos, como Bildu o Podemos. "Los derechos se respetan, no se flexibilizan", insistió el pasado viernes el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. En contra, la patronal se ha mostrado de acuerdo con la propuesta. "Estamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Saiz y que se incorpore a la legislación laboral", dijo el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Vox volverá a buscar a PP y Junts para eliminar el Impuesto de Patrimonio en el Congreso. Los de Santiago Abascal llevará a la Comisión de Hacienda una proposición no de ley (PNL) tumbar el tributo que buena parte de las CCAA gobernadas por el Partido Popular se han visto obligadas a reactivar, para evitar que el Estado se hiciera con su recaudación a través del Impuestos a las Grandes Fortunas. Según la iniciativa registrada por la formación de ultraderecha, el gravamen "genera una desigualdad territorial", dado que varias regiones han aplicado bonificaciones cercanas al 100%, y otras no. "Por un mismo hecho imponible, dos ciudadanos españoles con residencia fiscal en distinta región tributarán de forma distinta", afirman Vox en la PNL. Cabe recordar que el Impuesto de Patrimonio recaudó 1.911 millones en 2023, un 55% más que el año anterior, después de que Madrid, Andalucía y Galicia eliminaran la bonificación para asegurarse parte de los ingresos.

El Gobierno pondrá fin el próximo 31 de diciembre al repertorio de bonificaciones estatales al transporte público que impulsó en 2022, con motivo de la guerra de Ucrania. Fuentes del Ejecutivo dejan claro a elEconomista.es que no habrá más prórrogas de estas ayudas en lo que se refiere a su alcance para el total de la población. Sin embargo, dos colectivos muy específicos –jóvenes y jubilados– seguirán beneficiándose de los descuentos, e incluso de la total gratuidad en algunos casos, del uso del transporte público. Moncloa se lo garantizará en los próximos Presupuestos del Estado o, si estos últimos no se aprobaran, a través de un real decreto ley. Fue el pasado 27 de diciembre cuando el presidente Pedro Sánchez decretó la prórroga de estas ayudas que garantizan rebajas de –al menos– el 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, además de los abonos gratuitos de Renfe o los descuentos del 50% de los servicios ferroviarios Avant para viajeros habituales. Ahora la situación es muy diferente.

El Partido Popular propone endurecer los requisitos de renta que actúan en la suspensión de desahucios. Los de Núñez Feijóo plantean reducir el límite para considerar a una persona económicamente vulnerable, de los 1.800 euros actuales, a los 1.050 euros. De esta manera, se podrá proceder al lanzamiento inmediato de un inquilino que no haya sido capaz de cumplir con los pagos, siempre que se acredite con cuenta con ingresos superiores a ese límite. "La ley de Vivienda establece unos límites muy altos", ha asegurado la responsable del ramo popular, Paloma Martín, en la presentación de las líneas maestras de la proposición de ley que el PP planea registrar en el Congreso de los Diputados durante las próximas semanas. Génova considera que el requisito de vulnerabilidad juega en contra del acceso de los jóvenes al alquiler. Según Martín, los arrendadores están solicitando criterios de renta de "hasta 2.000 euros" para firmar un contrato.

El Partido Popular propondrá reducir a un máximo de 48 horas el desalojo "forzoso" de las personas que hayan ocupado de manera ilegal un inmueble, a través de una modificación del marco jurídico. Los de Alberto Núñez Feijóo preparan el registro de su Ley de Vivienda, en la que se incluyen un profundo plan contra la okupación. El texto obliga al lanzamiento de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad, pasado el plazo, la norma dará poder a "los agentes de la autoridad pública" para que procedan al desalojo "inmediato" de forma forzosa. No es la única medida, los populares plantean una reforma del artículo 269 del Código Penal para impedir que los okupas puedan empadronarse en la vivienda allanada. "Se producen 17.000 delitos relacionados con la okupación", alertan fuentes del PP, que acusan al Gobierno de desatender la política de vivienda.

La ley de Conciliación que el Partido Popular registrará mañana en el Congreso, plantea un plan de ayudas para facilitar la reincorporación laboral de las mujeres que hayan abandonado el trabajo pidiendo excedencia por cuidado de hijos o familiares. En concreto, establece que las mujeres autónomas puedan disponer de hasta dos años de exención de las cuotas de la Seguridad Social. “Ninguna familia debe verse en la obligación de elegir entre dejar de trabajar o dejar solos a sus hijos”, insistió Ana Alós, responsable de Igualdad y Conciliación del PP, durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en Génova.