El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rectifica su propuesta sobre cómo adaptar la jornada laboral, por necesidades de conciliación, en sus encuentros informales con empresarios de los últimos días. El jefe de la oposición aclara, según revelan fuentes cercanas a elEconomista.es, que su intención es fomentar la jornada flexible –ya mencionada en su proposición de ley sobre medidas sociales- siempre negociada entre la empresa y los trabajadores, en lugar de dar prevalencia a la rebaja del tiempo de trabajo a cuatro días semanales. Esta última opción mermaría inevitablemente la productividad, según los expertos y los representantes empresariales.
El paso atrás de Feijóo busca así marcar clarasdistancias con declaraciones públicas anteriores, en las que aseguró que su intención era la de avanzar hacia un horario de entre nueve y diez horas al día durante cuatro días a la semana. Las fuentes consultadas en Génova quieren dejar claro que el PP siempre ha presentado esto "como fruto de un necesario acuerdo entre sindicatos y empresarios teniendo en cuenta los análisis y las necesidades de los sectores, que son tan diferentes que no puede haber una norma común para todos", apuntan.
Así lo recoge la proposición de ley registrada por el Partido Popular en el Congreso el pasado 1 de octubre, días después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hiciera público su rechazo a la primera versión de la iniciativa. En el texto, la formación plantea que "las empresas deberán favorecer la implementación de un horario flexible, que permita a los empleados organizar el inicio y final de su jornada laboral"; la iniciativa explica que esa "implementación del horario flexible" deberá acordarse entre la empresa y los trabajadores "sin que ello implique una disminución de las horas de trabajo ni del salario". El líder popular se agarra ahora a la literalidad de su texto para taponar las brechas que su propuesta inicial abrió dentro de su propio partido. El ala más dura del PP reprochó a Feijóo el "giro social" pretendido por el partido con su propuesta sobre conciliación, e insistieron en que el planteamiento sobre la jornada de cuatro días "eclipsaba" otras banderas históricas de la formación como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.
Refrenda su estrategia
Aun así, en un primer momento el presidente popular ratificó ante los suyos su estrategia para "ensanchar" el electorado a través de medidas sociales. A la espera de que el PP defina su postura definitiva, fuentes del partido revelan que los empresarios han pedido a Feijóo que tenga en cuenta aspectos como las horas trabajadas o el absentismo, dentro de ese rincón de la proposición de ley. Cabe recordar que el absentismo subió hasta el 7% en el segundo trimestre, según Adecco, algo que preocupa especialmente en el seno de la CEOE.
Su presidente, Antonio Garamendi, no ha dudado en aplaudir iniciativas como la planteada por la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que hace días puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar una fórmula para incorporar de forma gradual a aquellos empleados con una incapacidad.
Además, Génova insiste en que "muchas empresas" aplican ya reducciones de jornada, y destacan la experiencia piloto impulsada en Valencia en 2023 en la que recortaron el horario semanal a cuatro días en una serie de empresas. El informe de conclusiones reveló que mejoró la salud y bienestar de los trabajadores, pero empeoró la actividad en sectores como el comercio o los servicios sociosanitarios.
Cita a patronal y sindicatos la próxima semana
El líder del PP tiene previsto celebrar reuniones formales con los agentes sociales la próxima semana. En concreto, se reunirá con CEOE y CCOO el próximo lunes, y con CEPYME y UGT el martes. La vía que espera abrir Núñez Feijóo cuenta con pocas posibilidades de llegar a término. El rechazo frontal de los empresarios a la reducción de jornada a cuatro días, contrasta con el buen tono con el que los sindicatos recibieron la propuesta. El vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, pidió ayer "autonomía de la negociación colectiva". En la misma línea, el presidente de CEIM, insistió el lunes en la necesidad de la norma sea acordada por "ambas partes" (empresa y trabajadores). "Hay que dejar a las partes que decidan libremente qué es lo que más les interesa", dijo Miguel Garrido. Por su parte, los sindicatos exigen el desarrollo inmediato de la reducción de la jornada laboral, y no quieren que una nueva ronda de negociaciones dilate la puesta en marcha de la medida.
Cabe recordar que UGT, CCOO y empresarios siguen tratando de avanzar –sin éxito- en la mesa del diálogo social sobre la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, seguirá tratando de cerrar un acuerdo en las próximas reuniones, y anticipó -el pasado martes- que el Consejo de Ministros aprobará la medida a través de un anteproyecto de ley que tramitarán en el Congreso por el procedimiento de urgencia. La intención de la ministra de Trabajo pretende que la norma entre en vigor a partir del próximo 1 de enero, por lo que cuenta con algo más de dos meses y medio para zanjar las negociaciones y lograr su validación parlamentaria.
Sin embargo, el trascurso de las conversaciones lleva meses sin contar con un avance decidido. De hecho, los sindicatos mayoritarios convocaron el pasado mes de septiembre una oleada de movilizaciones a las puertas de las sedes de las organizaciones empresariales de toda España para pedir la aplicación de la medida. UGT y CCOO piden a Trabajo aprobar la norma sin la patronal, algo a lo que Yolanda Díaz se resiste.
