El Partido Popular propondrá reducir a un máximo de 48 horas el desalojo "forzoso" de las personas que hayan ocupado de manera ilegal un inmueble, a través de una modificación del marco jurídico. Los de Alberto Núñez Feijóo preparan el registro de su Ley de Vivienda, en la que se incluyen un profundo plan contra la okupación. El texto obliga al lanzamiento de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad, pasado el plazo, la norma dará poder a "los agentes de la autoridad pública" para que procedan al desalojo "inmediato" de forma forzosa. No es la única medida, los populares plantean una reforma del artículo 269 del Código Penal para impedir que los okupas puedan empadronarse en la vivienda allanada. "Se producen 17.000 delitos relacionados con la okupación", alertan fuentes del PP, que acusan al Gobierno de desatender la política de vivienda.
Las medidas no son nuevas. Génova ya diseñó un plan contra la ocupación ilegal que llevó al Senado el pasado mes de febrero, dentro de una proposición de ley. La iniciativa fue tomada en consideración gracias a la mayoría de la que disponen los de Feijóo en la Cámara Alta, pero sigue. El texto propone una batería de modificaciones del Código Penal. Reclama que la ocupación sea penada con hasta tres años de prisión, en función de la "utilidad obtenida y el daño causado". Despliega una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir dentro de los enjuiciamientos rápidos los delitos de allanamiento de morada del Código Penal y los de usurpación. También describe otra modificar la Ley de Tribunal del Jurado para eliminar la posibilidad de que un jurado popular –compuesto por ciudadanos– pueda juzgar casos por allanamiento de morada.
Una enmienda a la totalidad de la ley del Gobierno
La proposición de ley que la responsable de Vivienda popular, Paloma Martín, presentará hoy, contiene –además– varias de las medidas del plan de choque que el Partido Popular presentó el pasado mes de abril, y que sirvió de embrión para desarrollar la norma.
El texto viene a enmendar el texto que el Gobierno logró aprobar en el Congreso en mayo de 2023. Incluirá medidas como bonificaciones para los propietarios que pongan vivienda en alquiler, favorecer donaciones dentro de la familia para comprar un piso o la exención de impuestos a los jóvenes durante los cuatro primeros años, según adelantó ayer Cuca Gamarra. Entre ellas, deducción en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años, y exención en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos familiares que hagan una donación a un joven para la compra de una vivienda.
La norma también desarrollará mecanismos para dotar de mayor flexibilidad a la construcción. El objetivo de elevar la oferta gracias a la eliminación de burocracia para obtener suelo disponible por parte de las empresas del sector.