El Partido Popular propone endurecer los requisitos de renta que actúan en la suspensión de desahucios. Los de Núñez Feijóo plantean reducir el límite para considerar a una persona económicamente vulnerable, de los 1.800 euros actuales, a los 1.050 euros. De esta manera, se podrá proceder al lanzamiento inmediato de un inquilino que no haya sido capaz de cumplir con los pagos, siempre que se acredite con cuenta con ingresos superiores a ese límite. "La ley de Vivienda establece unos límites muy altos", ha asegurado la responsable del ramo popular, Paloma Martín, en la presentación de las líneas maestras de la proposición de ley que el PP planea registrar en el Congreso de los Diputados durante las próximas semanas. Génova considera que el requisito de vulnerabilidad juega en contra del acceso de los jóvenes al alquiler. Según Martín, los arrendadores están solicitando criterios de renta de "hasta 2.000 euros" para firmar un contrato.
No es la única medida integrada en el texto con el que Feijóo pretende sustituir la norma aprobada en 2023 por el Ejecutivo. Tal y como adelantó ayer elEconomista.es, la iniciativa de los populares despliega una batería de medidas para combatir la okupación. "En España hay 80.000 viviendas okupadas y no es una fecha menor", ha asegurado Paloma Martín. Para evitarlo, el PP recupera su propuesta de desalojos exprés, para desahuciar a los 'okupas' de manera forzosa en un plazo máximo de 48 horas. También proponen prohibir que aquellas personas que estén ocupando ilegalmente puedan empadronarse en esa vivienda, y endurecen las penas hasta los tres años de prisión, en los casos más graves. El Partido Popular recogió -a inicios de año- todas estas medidas en una proposición de ley que logró ser aprobada en el Senado, pero que sigue sin tramitarse en la Cámara Baja.
Además, la propuesta del PP formula una modificación de la ley del Suelo con el objetivo de agilizar los trámites para liberar suelo disponible, y reducir los tiempos en el proceso de construcción de vivienda nueva. "Más suelo, más vivienda nueva, rehabilitada, menos burocracia", ha insistido Martín durante la rueda de prensa celebrada hoy en Génova.
En el capítulo fiscal, la norma establece dos incentivos, uno dirigido elevar la oferta del alquiler y otro dedicado a facilitar la compra de vivienda por parte de los jóvenes. Por un lado, plantean una deducción del 100% de la cuota del IRPF sobre los ingresos que se obtengan del arrendamiento de una vivienda que antes hubiera estado en desuso al menos dos años. El contrato debe ir dirigido a menores de 35 años y su duración de al menos 3 años. A eso, se añade una bonificación del 100% en el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos familiares que quieran ceder una cantidad a un joven con la intención de que adquiera una vivienda.
Por último, y como llevan meses manifestando, la ley busca derogar la norma del Gobierno, especialmente en todo lo relativo al control de precios y declaración de zonas tensionadas. "Desde la puesta en marcha de ley, el alquiler se ha reducido un 15% y los precios han subido un 13%", ha asegurado Martín. Cabe destacar que este aspecto de la norma tan solo ha sido desplegado en Cataluña, ya que el resto de CCAA con mercados del alquiler tensionados, están gobernadas por el Partido Popular, quién se niega a desplegar la ley.