Economía

Todas las claves del acuerdo de ERC y PSC en Cataluña: financiación singular, Hacienda Catalana, 100% de impuestos y vivienda protegida

La portavoz de ERC, Raquel Sans, con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. Foto: Europa Press.

25 páginas de condiciones. El acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat tiene un claro objetivo: fortalecer la soberanía de Cataluña. Y para conseguirlo, todos los esfuerzos se van centrar en implementar lo que han denominado "financiación singular", que avanzará hacia la plena soberanía fiscal, en la gestión y liquidación del total de los impuestos, en el fomento del uso social del catalán, y, finalmente, en reforzar la acción exterior de la Generalitat.

En el documento difundido este martes, se detalla que todos estos "pilares" serán necesarios para conseguir una Cataluña "más justa, más próspera, más verde, más feminista y plenamente libre".

Como primera condición reflejada en el acuerdo, ambos partidos se comprometen a impulsar en el primer pleno del Parlament posterior a la constitución del nuevo Govern, una Convención Nacional para la resolución del conflicto político.

Esta Convención promoverá un debate a nivel político, social y ciudadano sobre cómo abordar la resolución del problema existente y deberá presentar sus conclusiones al Parlament, al tiempo que también tendrá que hacer un seguimiento y monitoreo de la aplicación de la Ley de Amnistía.

Financiación singular y Hacienda catalana

Seguidamente, el archivo ya entra de lleno en los dos aspectos principales del acuerdo: la financiación singular y la Hacienda Catalana. Según se explica, el nuevo modelo de financiación singular de Cataluña estará basado en la negociación bilateral con el Estado.

En este sentido, ambos partidos han pactado que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione, a través de su Agencia Tributaria, todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea.

La aportación catalana a las finanzas del Estado integra tanto la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en la región como la aportación a la solidaridad. La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos, mientras que la aportación a la solidaridad debe ser "explícita" y reflejarse de manera "transparente". Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad.

Para implementar este nuevo modelo, es imprescindible que el desarrollo de la Hacienda catalana sea "una prioridad" para el próximo Govern. Según se describe en el documento, esta Hacienda debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo de asumir progresivamente todos los tributos generados en Cataluña.

De modo que, para conseguir este nuevo sistema de financiación, se pone como condición la formalización de este acuerdo durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Govern y el Estado en relación al modelo de financiación.

Para finalizar con la fiscalidad, se comprometen a mantener el impuesto de sucesiones y de patrimonio con los tipos actuales (sin implementar propuestas de deflactación del IRPF), y la rebaja del IRPF para rentas menores de 35.000 euros, tal como pactaron los dos partidos en el acuerdo de Presupuestos de 2024.

Vivienda protegida

Tanto ERC como PSC se comprometen a poner en marcha un programa urgente de fomento de la vivienda protegida que resuelva la crisis de accesibilidad en la CCAA. En este sentido, se va a crear un programa de rehabilitación de viviendas con el fin de incrementar el parque de alquiler asequible y social 2024-2030 y se mantendrá el compromiso presupuestario de las políticas de vivienda alcanzado en 2024.

En el marco de las compentencias de la Generalitat, se desarrollará la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, en especial, el Índice de referencia de los precios de los alquileres. Al mismo tiempo, se impulsará conjuntamente la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, así como de las viviendas de uso turístico.

Consorcio para las inversiones

Por otro lado, el pacto de investidura recoge además que, para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y la a baja ejecución de las inversiones previstas, se constituirá también un Consorcio paritario Estado-Generalitat, que tendrá como objetivo la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en la Comunidad.

Se definirá un marco plurianual de financiación al Convenio de creación del Consorcio en el que se tenga como referencia, para dotarlo presupuestariamente, la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado. Es decir, se establecerá la financiación para el Consorcio en una cifra equivalente a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta.

Las infraestructuras de Rodalies, en 2025

El acuerdo prevé el traspaso de las primeras infraestructuras de Rodalies a la Generalitat durante 2025, así como la constitución de la nueva operadora entre 2024 y 2025.

En Rodalies, prevén ejecutar este año los acuerdos suscritos el 9 de febrero entre Gobierno y Generalitat: concretamente transferir el déficit de explotación de Renfe de 2023; presentar un borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora, y completar el estudio de las infraestructuras a transferir.

En este sentido, se cita el inicio del traspaso de la línea R1; impulsar conjuntamente entre Generalitat, Gobierno y Renfe un plan de choque de mejora de servicios; mantener el despliegue de la T-Mobilitat con vistas a implementar la integración tarifaria de toda Catalunya en 2025; continuar con las bonificaciones de la T-Jove, y mantener el compromiso de la gratuidad de la T-16 y su uso en toda Catalunya.

Los dos partidos acuerdan aprobar el 'Plan de choque para unas Rodalies dignas' con el fin de "dignificar el servicio actual".

Por otro lado, prevén continuar la consolidación de L'Energètica, empresa pública de generación y suministro de energía renovable, para lograr la neutralidad climática de la Generalitat y su sector público en 2030.

Otro compromiso importante: el catalán

Durante la legislatura también se reforzarán las políticas encaminadas a potenciar el uso social de la lengua catalana para "asegurar la cohesión de la sociedad" y seguir fortaleciendo la acción exterior de la Generalitat.

La política lingüística tendrá de hecho rango de Departamento, con un plan de acción transversal que se proyecte sobre el conjunto de los Departamentos del Gobierno y sus políticas.

Asimismo, se comprometen a aprobar en los primeros 100 días del nuevo Govern el Pacto Nacional por la Lengua y su calendario de ejecución. Tendrá una financiación de 200 millones de euros en el primer año. También se garantizará el catalán como la lengua de uso normal de las administraciones y de las instituciones catalanas en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas, así como en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a las personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán.

Finalmente, el catalán deberá ser la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado.

Energía renovable y sequía

Garantizan un modelo basado en implementar las energías renovables: "En consecuencia, el Govern de la Generalitat se opondrá a aquellos proyectos contrarios a este modelo en energético, como son los proyectos privados de las líneas eléctricas de evacuación de muy alta tensión (MAT) de la línea del Baix Cinca-Pierola-Rubí, la línea Valmuel-Begues y la línea Laluenga-Isona".

En materia hídrica y ante eventuales nuevos episodios de sequía, se comprometen a cumplir el calendario de inversiones relativas a "las nuevas infraestructuras de desalación previstas en la Tordera y el Foix", así como las estaciones de agua regenerada para llegar a 130 hm3/año, y garantizar una partida de 110 millones para la construcción de 24 plantas de agua regenerada.

También prevén dar continuidad al Pacte Nacional per la Indístria 2020-25 para lograr un peso industrial del 25% del PIB en 2030; un programa urgente de fomento de la vivienda con mantenimiento de los compromisos presupuestarios; la gratuidad de la educación de 0-3 años en el curso 2025-26, mantener el avance del calendario escolar y el impulso de una veintena de leyes durante la legislatura.

Selecciones deportivas catalanas

El acuerdo incide en que se continuará trabajando por el máximo reconocimiento del deporte catalán a todos los niveles. Por ello, se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas.

En este sentido, se constituirá una Oficina del Gobierno, adscrita al Consejo Catalán del Deporte, que promoverá las selecciones deportivas catalanas y ofrecerá el apoyo activo y acompañamiento a las federaciones deportivas catalanas.

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