Redactor de Macro en elEconomista

La vicepresidenta primera, María Jesús Motero, toma la iniciativa y cita a los gobiernos autonómicos a una reunión en julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La titular de Hacienda responde así a la carta enviada ayer por los barones regionales del PP, en la que solicitaron un encuentro "urgente" tras conocerse la negociación abierta entre Gobierno y ERC sobre la "financiación singular" para Cataluña. La intención de Montero es poner en los dos próximos meses, las bases de la futura reforma de financiación autonómica -caducada desde 2014- y que Moncloa había planteado -al inicio- como una de las leyes de la legislatura. Para lograrlo, Hacienda reclama una propuesta común al Partido Popular, tal y como lleva pidiendo durante los últimos meses. Por contra, las diferentes CCAA dirigidas por los populares han expresado diferentes posturas que han impedido -entre otros- aprobar un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia.

La Generalitat podría pasar a gestionar más de 52.700 millones de euros, doce veces más que actualmente, si Moncloa cede el control del 100% de los tributos que se recaudan en la comunidad. El Gobierno prepara su oferta para tratar de apuntalar el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa en el Parlament. Para ello, se ceñirán al acuerdo de investidura con los independentistas que permitió a Sánchez renovar la presidencia en 2023. El punto pactado en el documento, compromete al Ejecutivo a crear una "comisión bilateral" entre el Estado y la Generalitat con el fin de "lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos" catalanes. Una consorcio fiscal, defendido por Illa durante la campaña electoral, que tendría encaje en el Estatuto de Cataluña, y que permitiría abrir una brecha para permitir al Govern gestionar la totalidad de los tributos que recauda. De esta manera, el Ejecutivo autonómico pasará de un control total del 9% de los impuestos, al 100%.

La reducción de la jornada laboral se le atraganta al ministerio de Trabajo, que concluye otra reunión más con los agentes sociales sin lograr un acuerdo, tras cinco meses de conversaciones. Los de Yolanda Díaz esperaban un avance significativo en el encuentro celebrado este lunes con sindicatos y empresarios; sin embargo, las conversaciones siguen sin alcanzar la "velocidad de crucero" pretendida por la vicepresidenta segunda, que confía en firmar un pacto antes del inicio del verano. "Los interlocutores nos han advertido de la falta de avances y nos han venido a decir que no hay más recorrido en esa negociación bilateral", ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha confirmado que será el Gobierno quien tome las riendas y convoque una reunión cada semana en busca de un acuerdo. Además, el ministerio pondrá un documento sobre la mesa.

El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados su propia Ley de Vivienda, que irá acompañada de una Ley de Suelo con la que tratarán de contraprogramar al Gobierno, que el pasado viernes registró -junto al PNV- su propia proposición de ley, después de verse forzado a retirar su versión inicial ante la falta de apoyos previos al texto, incluido el de su socio de coalición, Sumar. La propuesta popular incide en la lucha contra la ocupación ilegal. "Se producen cada año 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación", ha denunciado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible popular, Paloma Martín.

El saldo de la Seguridad Social volvió a incrementarse con fuerza durante la primera recta del año. El Banco de España revela que la deuda, que durante los últimos cuatro ejercicios se ha duplicado, despuntó hasta el 7,8% del PIB hasta marzo, y ya se sitúa en los 116.000 millones de euros; 10.000 millones por encima de lo alcanzado hace tan solo un año -un 9,4%- y casi 100.000 millones superior al registro del primer trimestre de 2017, cuando la deuda inició una escalada imparable que le ha llevado a su nivel más alto en toda la serie histórica. Detrás de ese repunte, se esconden las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas -establecido así por Ley- y una parte de pensiones contributivas.

El Banco de España advierte de que España seguirá perdiendo el pulso en PIB per cápita con la eurozona en los próximos años, aun cuando estima que la economía española continuará creciendo por encima de los registros del resto de países comunitarios. Pese al vigor del PIB de nuestro país, el regulador considera que el avance de la riqueza por habitante en nuestro país será, como mínimo, un punto inferior al incremento medio de esa variable en la UE aún en 2026. Y esa perspectiva preocupa en la institución. Hasta el punto de que, en su carta de despedida, Pablo Hernández de Cos, alertó de que nuestra economía "enfrenta retos estructurales que nos impiden alcanzar la renta per cápita de nuestros socios europeos". En esas condiciones, no es posible, borrar la brecha actual de unos 15 puntos porcentuales en riqueza por habitante con respecto a la media comunitaria.

El Gobierno se "inspirará" en la propuesta del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, para diseñar -en solitario- la renovación del órgano de gobierno judicial. Así lo ha asegurado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras la Reunión de Alto Nivel que ambos han mantenido en La Moncloa. La fórmula de Guilarte, y que podría definir la reforma del CGPJ, plantea que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo sean designados por "una comisión cualificada mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal. Esa mesa contaría con representantes de los dos órganos judiciales. Estaría presidida por un vocal del CGPJ, o por un especialista con un nivel de cualificación similar a la de un magistrado del TS. "Es un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis", ha insistido el presidente.

Pablo Hernández de Cos se ha despedido hoy del Banco de España demandando "ambición y grandes acuerdos políticos" para revertir la pérdida de convergencia en renta per cápita de España con respecto al resto de socios europeos. El gobernador pone hoy fin a su mandato al frente del regulador bancario. Seis años en los que ha logrado recuperar la confianza en la institución, tras los años de la crisis financiera de 2007. "Estas crisis tuvieron un fuerte impacto en nuestra economía y en nuestro sistema financiero. Y también, hay que reconocerlo, sobre la reputación y la confianza depositada en él", ha reconocido en un artículo firmado en el blog del Banco de España.

El Consejo General de Economistas se une a buena parte de los organismo nacionales e internacionales y revisa tres décimas al alza sus previsiones para la economía española al 2,2% en 2024, y al 2% el año que viene. La entidad, sustenta la mejora de sus números en el impulso mostrado por el PIB en el primer trimestre, pero también en el empuje mostrado por el turismo, en la buena marcha del sector servicios y en las grandes expectativas sobre las exportaciones derivadas de la recuperación de la economía europea, destino del 65% de los bienes y servicios españoles. "Se espera un crecimiento sólido para el segundo trimestre, aunque algo más moderado que en el primero, dada la fortaleza que está mostrando el sector turístico ayudado por la demanda interna", ha asegurado Salustiano Velo, coordinador del Observatorio Financiero del CGE.