El saldo de la Seguridad Social volvió a incrementarse con fuerza durante la primera recta del año. El Banco de España revela que la deuda, que durante los últimos cuatro ejercicios se ha duplicado, despuntó hasta el 7,8% del PIB hasta marzo, y ya se sitúa en los 116.000 millones de euros; 10.000 millones por encima de lo alcanzado hace tan solo un año -un 9,4%- y casi 100.000 millones superior al registro del primer trimestre de 2017, cuando la deuda inició una escalada imparable que le ha llevado a su nivel más alto en toda la serie histórica. Detrás de ese repunte, se esconden las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas -establecido así por Ley- y una parte de pensiones contributivas.
La bola de nieve crece, ante las advertencias de la Comisión Europea, que hace tan solo dos meses instó a España a abordar un ajuste del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre los años 2026 y 2028. Antes, en 2025, será el Gobierno quien evalúe la presión que la reforma de las pensiones está ejerciendo sobre las cuentas. El ministerio que dirige Elma Saiz podría verse obligado a aplicar medidas de corrección para corregir el desfase generado por el elevado gasto en pensiones.
La deuda total de las administraciones públicas se situó en los 1.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al año anterior. Repunta también la ratio del 107,7% -con el que cerró el años pasado- al 109% del PIB registrado hasta marzo. A pesar de ello, el Gobierno sigue confiando en enfriar la cifra hasta el entorno del 106% a finales de 2024, tal y como recoge el plan de estabilidad fiscal firmado por Moncloa. En el documento, el Ejecutivo promete recortar tres puntos del total de la deuda de las administraciones, a través de un fuerte ajuste -del 2,7%- del saldo del Estado, y de un retoque del -0,2% en el pasivo que acumula la Seguridad Social.
La preocupación en Bruselas no se detiene en la viabilidad del sistema público de pensiones español, sino que se extiende por sobre el abultado volumen de deuda pública. En marzo, el informe de vulnerabilidad redactado por la Comisión Europea reconoció que, aunque "en la última década se han realizado importantes avances políticos, es necesario acometer un mayor esfuerzo para reducir la elevada deuda pública". Sin embargo, otros organismo -como la AIReF- manejan números más optimistas que con los que trabaja el Gobierno. La entidad presidida por Cristina Herrero confía en que España consiga rebajar la ratio en 1,8 puntos este año, situándola en el 105,8%. Eso sí, pide a Moncloa un plan de ajuste que garantice recortes anuales de 0,63 puntos, para poder cumplir con las reglas europeas.
Presión sobre el plan fiscal
La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, que en septiembre debe enviar a Bruselas una detallada hoja de ruta fiscal, que no desentone con las directrices comunitarias. Un plan especialmente delicado, ya que comprometerá las cuentas españolas durante los próximos años. Es por ello, por lo que las voces que demandan a Sánchez que busque el consenso se multiplican. Lo hizo Pablo Hernández de Cos en su despedida como gobernador del Banco de España, y también la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, que hace unas semanas pidió llevar el documento al Congreso antes de remitirlo al Ejecutivo comunitario. En concreto, el plan debe garantizar una reducción constante de la deuda pública, a través de un compromiso de control sobre el gasto neto de ingresos.
Cabe recordad que las nuevas reglas fiscales acordadas con la Comisión Europea conceden un rol de control a las autoridades fiscales independientes de los estados miembros. Por un lado, otorga a la AIReF el papel de evaluador de los planes fiscales que -como hará Economía en septiembre- se envíen posteriormente a Bruselas. Por otro, ceden al organismo la responsabilidad de vigilar el marco presupuestario, con la intención de revisar que la senda de ajuste prometida en ese documento se cumple en la redacción y desarrollo de las cuentas públicas.