El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados su propia Ley de Vivienda, que irá acompañada de una Ley de Suelo con la que tratarán de contraprogramar al Gobierno, que el pasado viernes registró -junto al PNV- su propia proposición de ley, después de verse forzado a retirar su versión inicial ante la falta de apoyos previos al texto, incluido el de su socio de coalición, Sumar. La propuesta popular incide en la lucha contra la ocupación ilegal. "Se producen cada año 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación", ha denunciado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible popular, Paloma Martín.
En concreto, el texto, que la formación pretende debatir en el Senado -donde cuentan con mayoría absoluta- el próximo septiembre, propone cuatro modificaciones de la actual normativa. Por un lado, plantea derogar los artículos que limitan el precio del alquiler en aquellas zonas declaradas como tensionadas; por otro, evitará que los propietarios "carguen" con la situación de "posible vulnerabilidad" de las familias arrendatarias. "Hemos convocados una treintena de reuniones con CCAA, entidades locales y asociaciones del sector", ha asegurado Martín, que deberá defender su proposición de ley en el Congreso, antes de llevarla a la Cámara Alta. Los de Núñez Feijóo no lo tendrán fácil. El grupo popular no descarta pactar el contenido del texto con Junts, el único grupo abierto a facilitar sus iniciativas. "El PP ha conseguido aprobar cuatro proposiciones de ley y decenas de PNL", ha afirmado Martín.
Nuevo intento del PSOE en el Congreso
Hace tan solo dos días, PSOE y PNV registraron una proposición de ley del Suelo, con cambios estéticos sobre el texto que el Gobierno se vio obligado a retirar días antes del inicio de la campaña de las europeas. La nueva versión modifica los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que pasarán a regirse "en los términos que dispongan las normativas autonómicas". Asimismo, la nueva redacción dice que estos instrumentos podrán ser "modificados o sustituidos" en los términos en los que dispongan las normativas autonómicas.
La iniciativa -no obstante- no tiene un buen pronóstico parlamentario. La revisión no solventa el rechazo inicial de Sumar y Podemos, que consideran que la redacción abre las puertas al "pelotazo urbanístico" al limitarse el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, cuestión que sigue presente en el texto.
Tampoco cuenta con el aval del PP. "El Gobierno vuelve a repetir los mismo errores, no han hablado con el principal partido de la oposición, ni con las CCAA, ni con las entidades locales", ha denunciado Paloma Martín, que ha apuntado a que el documento "no responde a la falta de vivienda, ni a la tolerancia con la ocupación".
