La reducción de la jornada laboral se le atraganta al ministerio de Trabajo, que concluye otra reunión más con los agentes sociales sin lograr un acuerdo, tras cinco meses de conversaciones. Los de Yolanda Díaz esperaban un avance significativo en el encuentro celebrado este lunes con sindicatos y empresarios; sin embargo, las conversaciones siguen sin alcanzar la "velocidad de crucero" pretendida por la vicepresidenta segunda, que confía en firmar un pacto antes del inicio del verano. "Los interlocutores nos han advertido de la falta de avances y nos han venido a decir que no hay más recorrido en esa negociación bilateral", ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha confirmado que será el Gobierno quien tome las riendas y convoque una reunión cada semana en busca de un acuerdo. Además, el ministerio pondrá un documento sobre la mesa.
El gran obstáculo sigue residiendo en los dos pilares fundamentales de la norma: su entrada en vigor y la compensación que los empresarios buscan para facilitar la rebaja de los horarios. Trabajo plantea un calendario escalonado, que lleve la jornada semanal a las 38,5 horas este año y a las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial. Los empresarios, quieren retrasar la efectividad de la medida hasta 2026, una posición sobre la que CEOE y Cepyme han pintado su principal línea roja. En contra, Díaz no parece dispuesta a posponer más la que ha convertido en una de sus principales apuestas para esta legislatura. Además, la Patronal demanda incentivos o beneficios que compensen la pérdida de jornada laboral.
No es el único punto que separa a agentes sociales y Gobierno del acuerdo. El desarrollo del registro horario, que marque el cumplimiento de la rebaja de la jornada, también se presenta como otra de las trabas que impiden el avance. Los sindicatos reclaman que las empresas de hasta 50 trabajadores cuenten con un sistema oficial que registre el horario real de los empleados a través de medios que sean fiables y no manipulables, también piden que aquellas compañías con una plantilla mayor den acceso al registro a la representación legal de los trabajadores, a la vez que Trabajo contará con acceso a los datos en tiempo real. "Es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto", aseguró el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, antes del inicio de la reunión.
Los de Yolanda Díaz, plantean endurecer las sanciones por el incumplimiento de la jornada, mediante la imposición de multas por cada trabajador, en lugar por empresa. La medida es rechaza por Cepyme -que junto con CEOE- está presente en las dos mesas paralelas, una con los sindicatos, y otra con el Ejecutivo. Los empresarios consideran demasiado estricto el mecanismo y reclaman -además- retrasar la entrada en vigor de la norma a 2026
Cinco meses a la deriva
Trabajo lleva desde el pasado mes de enero tratando de avanzar en busca de un acuerdo. Sin embargo, cinco meses después, las partes siguen sin contar con un documento sobre la mesa en el que se integren los puntos en común. Antes del inicio del encuentro celebrado este lunes, los sindicatos enfriaban los ánimos que -minutos antes- había encendido el departamento de Díaz. "La ministra es demasiado optimista", aseguraron fuentes sindicales.
El equipo de Yolanda Díaz defiende que su propuesta beneficiará a unos 12 millones de trabajadores. Si el ministerio consigue impulsar un acuerdo y aprobar la medida, entre tres y cuatro millones se podrán acoger a la reducción de la jornada a 38,5 horas semanales el primer año. A ellos, se sumaran otros diez millones de personas, una vez se establezcan las 37,5 horas, según los cálculos de UGT. En concreto, los de Pepe Álvarez estima que -de aprobarse este año- la iniciativa supondrá una rebaja de nueve días en los convenios que tienen un límite de horas legales, y de 14 días el año que viene.
Es preciso recordar que la jornada media se sitúa en España en las 38,6 horas semanales, por lo que el cambio inicial previsto para este año apenas tendría incidencia sobre el horario de los empleados. De hecho, casi un millón de trabajadores ya cuentan con jornadas inferiores a las 37,5 horas semanales en sus convenios.
Los sindicatos quieren incluir una batería de reclamaciones en las negociaciones abiertas con empresarios y Gobierno. Entre ellas, esperan poder abordar los descansos semanales, las horas extras, las vacaciones y cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, así como los permisos.