Desde que el Partido Comunista Chino (PCH) anunció su plan de reformas y de apertura económica, su objetivo era diferenciar la situación de pobreza del socialismo. Para ello, primero rompió con el régimen centralizado y luego permitió el enriquecimiento paulatino de una parte de la sociedad y de algunas regiones mediante el fomento de la inversión productiva. Así se construyó una sociedad moderna e interconectada como la china, en la que se producen los grandes avances del mundo en materias tan diversificadas como la tecnología, la biomedicina o las energías renovables con la colaboración público-privada. El objetivo de su presidente, Xi Jinping, al igual que el de sus predecesores es convertir a este gigantesco país en una sociedad en la que el sentimiento de igualdad no esté reñido con la riqueza, lo que el Gobierno de Pekín denomina prosperidad común.
El Gobierno español de Pedro Sánchez es socialista como el de Xi Jinping y defiende también la prosperidad común de los ciudadanos, pero por un camino muy singular que hará difícil lograr su objetivo: la constante exaltación de lo público y el menosprecio a la empresa privada.
El expresidente Felipe González lo definió muy bien el pasado domingo, en el congreso celebrado en Valencia, donde manifestó delante de la cúpula de su partido, que no deben confundir el liberalismo con el neopobrismo. Una teoría consistente en igualar a todos en la pobreza, en lugar de en la prosperidad. El pobrismo no nace de la lucha de clases ni busca una mejora o un desarrollo de la economía, se basa en la crítica al poder económico establecido, así como a la inversión productiva y a la generación de trabajo.
González puso el dedo en la llaga. Hay múltiples ejemplos de la política económica de Sánchez y Yolanda Díaz que conducen al empobrecimiento de la sociedad mediante la crítica a los más poderosos, que son los creadores de empleo y riqueza. El intento por echar a las eléctricas toda la culpa por la subida de la luz en vez de asumir los errores y la imprevisión demostrada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, es uno de estos casos, al igual que las reformas fiscal, laboral o de pensiones que quiere poner en marcha el Ejecutivo.
El neopobrismo de Sánchez exalta lo público mientras Xi Jinping impulsa la prosperidad común
La vicepresidenta Yolanda Díaz está empeñada en que la devaluación salarial es consecuencia de los cambios legislativos introducidos por su antecesora Fátima Báñez. Sin embargo, los efectos positivos fueron mucho mayores que los negativos.
La reforma de 2012 introdujo flexibilidad en las contrataciones y abarató los despidos porque era la única arma que tenía España para salir de la depresión, en la que entró como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Se crearon más de dos millones de empleos en los años sucesivos, que permitieron reabsorber los déficits históricos superiores al 11% del PIB dejados por el Gobierno de Zapatero y sanear la economía.
El empleo precario no es la consecuencia de la reforma laboral, sino de un país que salió de la crisis como entró, con un tejido productivo basado en servicios relacionados con la hostelería o el turismo. Para incrementar los empleos indefinidos o de calidad, como solicita la UE, lo primero que habrá que hacer es cambiar la estructura productiva actual por otra más orientada a la industria y a la innovación.
La reforma de las pensiones echará a los fondos privados de la gestión de los planes individuales
Pero eso no es posible a corto plazo. Ahora existe una oportunidad con los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea. Aunque la política del Gobierno va en sentido contrario, porque la subida de la electricidad a las empresas industriales como consecuencia de la desastrosa política energética, unido a los problemas de suministro amenazan con reducir a cenizas el tejido industrial que aún queda.
El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba esta semana que las cotizaciones a la Seguridad Social superaron a finales de septiembre las del pre-Covid. Sin embargo, existen factores extraordinarios, que contribuyen a este hito, que no mencionó el ministro, como los cerca de 200.000 trabajadores que aún están en los Ertes o los más de 100.000 empleos públicos creados en el último año, además de los parados, que también cotizan a la Seguridad Social.
Hasta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertó esta semana de que "la crisis está aún lejos de acabar". No solo porque la evolución de los precios al consumo está desbordándose como consecuencia de las subidas de la energía (gas, luz y combustibles), sino porque hay miles de empresas que eludieron declararse en concurso debido a la protección legal por la pandemia, que las mantiene artificialmente con vida. Si Díaz endurece las condiciones de la reforma laboral, lastrará la creación de empleo en un país con tasas récord dentro de la Unión Europea. El neopobrismo de Díaz parece anteponerse a la prosperidad común, que persiguen desde Joe Biden a Xi Jinping.
La reforma de las pensiones necesita un capítulo aparte. Hasta ahora, Escrivá ha completado la parte fácil y populachera para cumplir con Bruselas: su actualización con el IPC. La medida nos costará 7.000 millones adicionales en 2022 por la subida de la inflación, sumados a los 5.000 millones extra de este año. Un chorro de dinero que no sé por cuanto tiempo podemos permitirnos.
La percepción de la mayoría de los españoles, pese a los esfuerzos del Ejecutivo, es que el sistema está en quiebra, que la generación del baby boom cobrará una pensión reducida y que habrá que trabajar más años. Hasta Escrivá ya lo reconoce. La reforma está pendiente de dar a conocer el mecanismo de equidad intergeneracional, que debería sustituir al factor de sostenibilidad, que limitaba las alzas anuales al 0,25%.
En el texto de la reforma de pensiones aprobada por el Congreso se consagra el actual sistema de capitalización frente al de reparto y se rehúsa dar entrada en su gestión a los fondos de pensiones privados. Si hasta la gestión de las aportaciones individuales, Escrivá quiere que en el futuro se canalice a través de planes de pensiones de promoción pública que sustituyan a los actuales.
El resultado de optar por un sistema público de previsión social será un encarecimiento de las cotizaciones sociales más elevadas para poder financiarlo, según reconoce el propio Escrivá. Lo público no tiene alternativa y se presenta como la única vía posible, cuando es mucho más costoso y a la larga termina siendo menos igualitario.
Aquí no acaba el acoso al poder económico. La reforma fiscal que prepara la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargará las tintas sobre las rentas altas, con sus intentos por restablecer Patrimonio y los incrementos de los impuestos de Donaciones y Sucesiones, así como una subida generalizada de Sociedades.
La nueva fórmula del neopobrismo consiste en ahogar al sector privado para financiar las ocurrencias de los políticos, como la del cheque de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años o los 250 euros mensuales para ayuda al alquiler, en vez de ampliar la oferta mediante la creación de un parque de vivienda social. Caminamos hacia un país igualitario, en el que todos seremos pobres, porque ahorrar o invertir y arriesgar la fortuna personal no saldrá rentable. Lleva razón González, sustituir el liberalismo por el neoprobismo conduce al desastre.
PD.- La guerra entre las vicepresidentas primera y segunda, Calviño y Díaz, a cuenta de la reforma laboral, revela las presiones por parte de Bruselas para mantener las condiciones y la flexibilidad introducida en 2012. Sánchez, a diferencia de otras ocasiones, no tienen más remedio que salir en defensa de Calviño porque se juega la llegada de más de 30.0000 millones el próximo año de fondos Next Generation y, por ende, la recuperación. Tanto el incremento del gasto del Presupuesto para jóvenes, parados y pensionistas, como los cambios estructurales en la economía para lograr un crecimiento más robusto en el futuro descansa sobre la hipótesis de la recepción de estos fondos.
Sin ellos, no solo se esfumará la recuperación, sino las esperanzas de reducir los desajustes macroeconómicos, como el déficit por la deuda pública. Todo pivota sobre la buena relación que la vicepresidenta Calviño tiene en la Comisión Europea, lo que demuestra que el Gobierno carece de una política económica consistente.
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