Críticas a la ley de vivienda acordada este martes por el Gobierno. Ni empresarios ni el sector inmobiliario consideran una 'buena nueva' el anuncio estrella de la jornada que pasa, entre otras cosas, por controlar los precios del alquiler a propiedades de grandes tenedores.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado su "profunda preocupación" por el acuerdo y ha criticado, en declaraciones durante el South Summit 2021, que la Ley de Vivienda quiera "injerir directamente sobre la propiedad privada".
"Las personas tienen derecho a ahorrar, y que el Estado venga ahora a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución", ha denunciado.
Para Garamendi "se toca la libertad y eso es muy preocupante y malo. En algunos países, como Alemania, esto se ha aplicado y no ha funcionado". Además, ha criticado además que se haya vinculado esta nueva norma a los PGE de 2022. "Poco tienen que ver los Presupuestos con esto. ¿Qué tienen que ver los Presupuestos con ir directamente contra el artículo 31 de la Constitución, que es el derecho a la propiedad?", se ha quejado el líder de la CEOE.
El dirigente empresarial ha advertido además de que esto crea "inseguridad jurídica" y falta de confianza y ha señalado que su organizarán analizará con mucha atención la Ley de Vivienda que quiere aprobar el Gobierno.
"Es trasladar un error local de Barcelona a todo el Estado"
Las quejas también han llegado de otros flancos. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, considera la ley de vivienda acordada como "una mala noticia para todas las personas que están en proceso de búsqueda de una nueva vivienda en alquiler" porque las medidas que se proponen "ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado. Es trasladar un error local a todo el Estado", ha indicado.
Desgranando algunas de las medidas que conforman la ley, el portavoz ha recordado que "el control de precios de alquileres ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad".
En el caso de la obligación de destinar el 30% del suelo de cada promoción de obra a vivienda protegida, Iñareta advierte que también se ha probado en Barcelona y ha tenido como resultado "la desaparición de la obra nueva y las pocas promociones que se levantan lo hacen a precios muy elevados".
Malos recuerdos de la 'renta antigua' de los 60
A su entender, "aprovechar la aprobación de Presupuestos para un año para sacar adelante una ley que afectará a una década es un error grave. En España ya vivimos lo mismo cuando en los años 60 se aprobó temporalmente lo que luego fue conocido como 'renta antigua' que arrasó con el alquiler en las siguientes décadas".
La "mejor receta para reducir los precios es aumentar significativamente la oferta, para lo que es necesario llevar a cabo políticas que incentiven la aparición en el mercado de más viviendas y olvidar cualquier medida punitiva que acabará siendo nociva para el mercado", ha concluido.