El Gobierno de coalición ha alcanzado este martes un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda, con control de precios a grandes propietarios que sean personas jurídicas, y la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que el Ejecutivo pretende dejar aprobada este mismo mes.
El acuerdo, avanzado por la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) y confirmado después por la diputada de En Comú Podem Aina Vidal y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pasa por no regular, de momento, los alquileres propiedad de pequeños tenedores y centrarse en los grandes propietarios (diez o más viviendas), siguiendo la propuesta que planteó ayer el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra.
En concreto, habrá control de precios siguiendo los índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado y dependerá de las Comunidades Autónomas (todas las dirigidas por el PP ya han anunciado que no lo aplicarán).
Aunque las personas físicas y los pequeños propietarios (menos de diez viviendas) se libran de la regulación directa en el precio, la norma promueve la reducción de estos alquileres mediante una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales". Es decir, la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos. Esto se traduce en bonificaciones de hasta el 90% en el IPRF, a propuesta del PSOE, por bajar el precio o rehabilitar la vivienda, entre otras opciones.
La definición de 'grandes propietarios' ha sido uno de los escollos de la negociación, aunque Díaz fue la primera en centrar el foco en las empresas: "Toca que las grandes empresas paguen", ha indicado en declaraciones a La Sexta en las que no ha entrado a desgranar la ley. Este es el aspecto que ha desatado las críticas tanto de la patronal CEOE como del sector inmobiliario, que ven una injerencia en la propiedad privada y denuncian que se copie un modelo que ha fracasado en Cataluña.
El anuncio ha puesto fin a unas negociaciones encalladas desde hace más de siete meses, el tiempo que lleva de retraso la ley de vivienda sobre la hoja de ruta inicial planteada por la coalición. La norma era condición indispensable para Unidas Podemos para sacar adelante los Presupuestos del próximo año.El control de los precios ha sido la línea roja para el PSOE durante estos meses de discusión, al negarse a imponerlo en las zonas tensionadas. La constante negativa de los socialistas llevó a Unidas Podemos a registrar en el Congreso de los Diputados una ley de vivienda alternativa desarrollada por organizaciones sociales y sindicatos y que contempla multas de hasta 900.000 euros por saltarse el límite al alquiler.
En torno a 150.000 pisos podrían ver regulado su precio
La estimación del Gobierno calcula que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva ley. Son los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas, ha recalcado este miércoles en Onda Cero, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
"No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables", ha subrayado, descartando también que se produzca "un intervencionismo radical" o que los fondos vayan a dejar de invertir en España.
Más medidas
El acuerdo también pasa por establecer un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya se ha pronunciado sobre este punto negando que vaya a gravar el impuesto al nivel que marca el Gobierno.
Además, la nueva ley de vivienda promueve un parque público de alquiler con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (el 15% irá a alquiler social).
Podemos también ha reclamado la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas, fijando un mínimo del 15%, aunque desde el PSOE siempre se han mostrado más partidarios de llegar a un acuerdo internacional sobre este aspecto en la Cumbre de Roma del G20 en octubre.
Los Presupuestos aún no están asegurados
La premura del PSOE por llevar al Consejo de Ministros de este martes las cuentas públicas -deseo expreso del presidente Pedro Sánchez- intensificó el ritmo de reuniones en los últimos días, aunque finalmente el Gobierno aprobará el proyecto en en una reunión de ministros extraordinaria el próximo jueves. El acuerdo se ha cerrado esta mañana en una reunión a la que han asistido Sánchez, Díaz, Belarra, el ministro de presidencia Félix Bolaños y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sin embargo, que las cuentas públicas tengan el acuerdo de la coalición al completo no da por aprobados los Presupuestos. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha encargado de recordar este punto al avisar de que su formación se hace imprescindible para poder sacarlos adelante y que no regalará el voto.
El Gobierno tiene ahora la misión de recopilar los síes suficientes en la Cámara baja para superar la votación parlamentaria. "Hay más cosas que la vivienda", ha recordado Rufián para poner después en valor la "fuerza negociadora" que tiene ERC, voto imprescindible para Sánchez. Como ERC el resto de 'socios' del Gobierno como Compromís o Más País.
