Se la espera pero no termina de llegar. La ley de vivienda suma ya siete meses de retraso al persistir el desencuentro entre los dos partidos del Gobierno por el control de los precios de los alquileres. En plenas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022, la futura norma vuelve al foco y reaviva el desencuentro: para Unidas Podemos será condición necesaria para apoyar las nuevas cuentas mientras que el flanco socialista intenta desvincular ambas conversaciones.
Los planes del Ministerio de Hacienda pasan por aprobar los Presupuestos en la primera quincena de octubre para que puedan entrara en vigor desde el 1 de enero, incluso el presidente Pedro Sánchez ha mostrado la intención de que la norma vaya al Consejo de Ministros del 5 de octubre. Algo más cauta pero en esos términos se ha expresado este miércoles la ministra María Jesús Montero, que ha pedido dejar avanzar a las negociaciones y ha querido desvincular la ley de vivienda del acuerdo para las cuentas públicas del próximo año.
Tras pedir a todos los grupos "prudencia" para que la negociación llegue a buen puerto, Montero ha querido desvincular ambos debates al recalcar en los pasillos del Congreso que la ley de vivienda, aunque vaya a tener un "papel protagonista" en el proyecto de Presupuestos, no entrará dentro de ellos ya que la ley de PGE no tiene norma de acompañamiento y por tanto todas las materias que se regulan tienen que ver con el estado de los ingresos y los gastos.
Podemos presiona desde un nuevo flanco
No lo ven igual desde Unidas Podemos. Para el otro miembro de la coalición, controlar estos alquileres es fundamental para dar su apoyo a los Presupuestos de 2022. Eso, y el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, que es el otro gran escollo que divide al Ejecutivo.
La formación morada presiona en el discurso y en la práctica. Este jueves registrará en el Congreso, junto a otros ochos socios recurrentes para el Gobierno (Más País, EH Bildu, ERC, CUP, Compromís, BNG y Coalición Canaria) una proposición de ley desarrollada por organizaciones por el derecho a la vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas y Nadie Sin Hogar) y los sindicatos CCOO y UGT para garantizar el derecho a una vivienda digna y que incluye la regulación de los alquileres a la que se niega el PSOE.
Entre las más de 100 páginas de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, se proponen severas sanciones por no aplicar en los contratos de alquiler de los límites de precios establecidos para zonas tensionadas.
La Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda propone sanciones de 900.000 euros por subir los precios del alquiler
La propuesta, recogida por Efe, regula de manera detallada el mercado del alquiler y el régimen sancionador por infracciones muy graves, graves y leves en materia de contención de rentas, con multas de entre 3.000 euros y 900.000 euros.
El texto plantea que las comunidades autónomas, una vez que habiliten sus índices oficiales de referencia de precios de alquiler, podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado (si la carga media del alquiler supera el 30% de los ingresos medios del área urbana o si el precio de los alquileres ha subido en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima de la tasa del IPC de la región) con una duración máxima de cinco años, y determinar en ellas una renta máxima.
Con esta base, en los contratos de alquiler la renta pactada entre las partes no podrá superar el índice oficial de referencia correspondiente ni el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años o la media de los contratos de ese periodo. Solo hay una excepción por la que el arrendador podría incrementar el precio hasta el límite máximo del 10%: realizar obras para la mejora de la vivienda.
El cobro de rentas que sobrepasen los límites establecidos darán derecho al arrendatario a exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso y en las ofertas de alquiler de vivienda de esas áreas siempre deberá constar información sobre el precio de referencia.
Los casos en los que no se facilite esa información, tanto en las ofertas de alquiler como en los contratos, o se aplique una renta que supere en más de un 10% los límites establecidos serán considerados "infracción muy grave", sancionable con multas de 90.001 a 900.000 euros. Si el importe del alquiler supera en más de un 8% los límites, la infracción será "grave" y sancionable con multas de 9.001 a 90.000 euros y si la renta excede el límite en más de un 4% la infracción sería "leve", con multa de 3.000 a 9.000 euros.
La regulación de alquileres es la medida estrella de una proposición de ley que también incluye otras para evitar los desahucios, garantizar los suministros de gas, luz y agua (con una tarifa social financiada por las empresas), penalizar las viviendas vacías (con recargos del 75% al 300% en el IBI y cesión obligatoria para grandes tenedores) o establecer que los honorarios a agentes inmobiliarios o intermediarios en caso de compraventa o en alquiler de inmuebles los deben satisfacer el vendedor o arrendador respectivamente.
