Madrid
Nuevo cambio de relato en el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana, el ala socialista del Ejecutivo ha variado su discurso y se ha abierto a gravar el impuesto de Sociedades a las grandes empresas, a tenor de la presión que está ejerciendo Unidas Podemos, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
Como es sabido, la formación morada quiere imponer un tipo fijo mínimo al impuesto de Sociedades del 15%, y en su defensa argumental utilizan que tanto la OCDE como el G-20 también lo quieren.
Este martes, el diputado podemita, Txema Guijarro, a la sazón, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados, señalaba que "estamos cerca de alcanzar un acuerdo del tipo mínimo". Guijarro se refería a la negociación de las Cuentas Públicas, incluyendo este punto de subida fiscal, que hasta la fecha había sido rechazado por Pedro Sánchez y sus ministros del área económica. Desde Moncloa se esgrimía que cualquier incremento impositivo se debía postergar a tiempos mejores, y desde luego no antes de las conclusiones del comité de expertos que estudia una futura reforma fiscal, conclusiones que no se prevén que se conozcan antes de febrero del próximo año.
Ante este escenario, la presión de Unidas Podemos no es baladí. En primer lugar, la aprobación de los Presupuestos Generales lleva implícita la entrega de las siguientes partidas de los fondos Next Generation UE. Y por otro lado, el Gobierno quiere cumplir en tiempo y forma la presentación del anteproyecto de las Cuentas Públicas, probablemente para la próxima semana. Estos dos elementos han sido claves en el trueque de posiciones.
De ahí la mudanza de declaraciones que en menos de una semana se ha producido entre la facción socialista del Gobierno. Inmediatamente después de que Ione Belarra, ministra de Unidas Podemos, dejara constancia en Twitter de que el PSOE se abría por primera vez a subir este impuesto, desde entonces, la metamorfosis del PSOE ha devenido en un clásico.
Y mientras países como Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Turquía bajan Sociedades, ahora, fuentes de Hacienda hablan de "una reforma fiscal limitada". Hasta la propia Calviño no descartaba este lunes establecer un tipo mínimo al impuesto de Sociedades, siguiendo así las peticiones del socio podemita.
No ha mucho, la vicepresidenta primera del Gobierno señalaba que "la recuperación deber ser sólida antes de los ajustes fiscales". Y fue Pedro Sánchez en julio de este año -es decir, hace dos meses- cuando indicó que su Gobierno desechaba una reforma fiscal antes de 2022. Entonces el presidente del Gobierno abogó por la recuperación económica, añadiendo que cualquier revisión impositiva quedaría para más adelante.
Este martes, fuentes del Ministerio de Hacienda sorteaban a eE la consabida subida fiscal, que Unidas Podemos está convencida que va a arrancar a la parte socialista del Ejecutivo de Sánchez -como ya hicieran con el salario mínimo interprofesional (SMI). Oficialmente, desde el ministerio de María Jesús Montero se limitan a decir que las negociaciones de PGE no se comentan hasta que no se hacen realidad.
Quien también está detrás de arrancarle una subida fiscal al Ejecutivo de Sánchez a cambio de un sí a los PGE de 2022 es Esquerra Republicana. Los de Esquerra quieren, como Unidas Podemos, que salga adelante el control de los alquileres y hablar de fiscalidad. Y en concreto hay un punto especial, gravar a la Comunidad de Madrid con un impuesto en clave estatal que obligue a Ayuso a recaudar por el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
Precisamente el martes, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid recibía una placa de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation por ser, por segundo año, la región con la mejor competitividad fiscal de España.
