La transición ecológica abarca muchos aspectos, pero el más importante de todos es el cambio de las fuentes de la energía que consumimos. El aspecto clave es pasar a utilizar fuentes de energía que no contaminen, es decir que no emitan gases contaminantes ni dióxido de carbono (CO2). El CO2 no es un veneno, existe en la atmósfera y todos los animales lo emiten, lo emitimos, al respirar. Ahora bien, los procesos masivos de combustión emiten más CO2 que el que naturalmente se absorbe por el Planeta. Esto quiere decir que estamos alterando, en poco tiempo, el equilibrio de la atmósfera en la Tierra. Eso es algo que no deberíamos hacer, pero dejar de hacerlo no es gratis.
Mejor dicho, acelerar la transición ecológica no es gratis. El propio progreso tecnológico reduce las emisiones. Como señalaba recientemente el vicepresidente de la Comisión Europea, encargado del Cambio Climático, Frans Timmermans, "La reducción del consumo de energía en las casas debería ser de un 2% al año, y estamos solo en el 1%. Tenemos un problema ahí". Esto quiere decir que, si usted cambia su viejo televisor por uno nuevo, porque ya no funciona o se ha cansado de él, el consumo de energía se reduciría sin coste. Sin embargo, una reducción adicional del consumo de energía sí supone un coste, y es una de las razones de otro fenómeno que ha vuelto: la inflación.
En los últimos meses se está incrementando el precio de los combustibles y de la energía eléctrica. Según los mercados de futuro, esto se va a mantener en el tiempo. La razón es que no sólo tenemos una demanda creciente de energía, sino sobre todo que emitir CO2 en los sectores industrial y, especialmente energético, va a ser cada vez más caro. Por lo menos, ésta es la estrategia de la Comisión Europea. Si producir en Europa es más caro, porque hay que pagar más derechos de emisión, ¿cómo evitamos que las industrias se deslocalicen hacia otros continentes donde no haya que pagar estos derechos? Pues, realizando un ajuste en frontera por el carbono: traduciendo, exigiendo un arancel a la entrada en la Unión Europea para productos que se hayan visto "beneficiados" porque en ese país no hay que pagar derechos de emisión, o estos son inferiores a los europeos.
Como seguro que no se le escapará al lector, estamos hablando de un arancel a la importación. Y no es el único ámbito en que una política proteccionista podría estar justificada. Por ejemplo, se podría argumentar que no podemos consentir que se importe en Europa productos realizados con mano de obra con menores derechos sociales que en Europa. Pero con independencia de lo que se piense respecto a esta política, el resultado va a ser el incremento de precios de los productos, y el que lo va a pagar es el consumidor.
En cualquier caso, convendría aclarar que sí que soy partidario del ajuste fiscal en frontera por el Carbono. Como la lucha contra el cambio climático es global, no sirve absolutamente para nada reducir emisiones en Europa para aumentarlas en otros continentes. Y si en esos otros países no establecen impuestos y restricciones a la emisión de Carbono, las empresas europeas se fugarán, disminuirá el progreso y el crecimiento en Europa, y además tampoco se conseguirá el objetivo global de reducir emisiones de CO2. Y aquí el objetivo global es el único que cuenta. Pero, sea como sea, bien por la vía de aumentos de costes en todo el mundo, bien vía aranceles, el consumidor europeo pagará más caros productos que hasta ahora le costaban menos.
En otros casos, el objetivo no es universal: no deberíamos exigir que los productos y servicios se realicen fuera de Europa con "derechos sociales" europeos, y si no imponer un arancel. Y esto no deberíamos hacerlo por dos razones fundamentalmente, porque si lo hacemos impedimos el progreso de los demás países y porque acabaríamos teniendo más aranceles y menos progreso global. Pero, tengamos en cuenta que la misma reacción nos podemos encontrar ante un ajuste en frontera porque los derechos de emisión del carbono son menores, o inexistentes, fuera de Europa. Esa reacción puede consistir en aranceles en otros países, aunque sea con la excusa de que el stock de carbono de origen humano lo generaron, en primer término, los países industrializados. Si no hay un mínimo acuerdo internacional, esta cuestión puede derivar en un daño importante y a largo plazo al comercio internacional.
La transición ecológica es un proceso de internalización masiva de costes que hasta ahora no se pagaban. El coste más evidente es el de emitir gases de efecto invernadero, que como hemos contado antes, no son exactamente polución, pero que alteran los equilibrios atmosféricos del Planeta. Siguiendo el principio de "quien contamina paga", como de alguna forma, todos contaminamos, todos acabamos pagando, directa e indirectamente, el coste de la transición hacia una economía con menos emisiones. Y el mecanismo fundamental por el que pagamos esa transición ecológica es el aumento de los precios. Y este aumento del precio general de los bienes, pero especialmente del precio de la energía, que en muchos casos no podemos dejar de consumir, es una disminución de renta, especialmente para las clases medias y bajas.
De hecho, antes de que llegue el ajuste fiscal en frontera por el carbono, ya estamos sufriendo precios cada vez más elevados en todas las energías. Hace un par de años señalaba el propio Frans Timmermans que, con un precio del CO2 superior a 35 euros (por tonelada), la transición ecológica se financiaba casi por sí misma. Sin embargo, actualmente, el precio de la tonelada de CO2 está en 52 euros la tonelada, y es el factor fundamental que está detrás, por ejemplo, de las tarifas récord de la electricidad que soportamos los consumidores, como ya contábamos en elEconomista hace unas semanas.
Por supuesto, el incremento de la fiscalidad de los hidrocarburos que plantea la Comisión Europea, y que también se explicaba hace unos días en elEconomista, también se traducirá en subidas de precios, no sólo energéticos, sino de todo lo que utiliza la energía para producirse, que es casi todo.
En resumen, vamos a acabar pagando la transición ecológica con inflación, que como señalaba Keynes, también es un impuesto, y que penaliza especialmente a las clases más bajas. Y este impuesto será aún mayor si los ajustes en frontera se acaban convirtiendo simplemente en una guerra comercial, en lugar de un proceso cooperativo para el cambio global del modelo productivo. Es cierto que, en esta cuestión, el coste de no hacer nada es superior al de hacer lo correcto, pero también es cierto que acelerar el cambio tiene un coste, no sólo económico sino también social, al afectar más a los más desfavorecidos. Estamos ante un reto colosal que exigirá compensar, al menos parcialmente, a los que más pierdan y asumir un ritmo que podamos pagar, porque casi nada se paga solo en esta vida y la transición ecológica no sólo merece la pena, sino que es, en buena medida imprescindible, pero no es gratis.
Concluyo estas líneas en recuerdo del maestro de economistas y columnista de elEconomista José María Gay de Liébana fallecido el pasado viernes, día en el que se publicaba su última columna sobre la industrialización en España, cuyo desarrollo se verá afectado por todo lo que se comenta hoy en esta humilde tribuna. In memoriam.
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