La UE propondrá subir los impuestos para el diésel y el butano el 14 de julio

La Comisión Europea presentará este próximo 14 de julio una reforma que le permita alcanzar una reducción de emisiones del 55% para 2030. Bruselas pondrá sobre la mesa el paquete de medidas ("Fit for 55") en el que incluye una actualización de todo el cuerpo legislativo climático. Para lograrlo, la Comisión planteará un fuerte incremento de los impuestos energéticos con la intención de dar señales de precio sobre los consumos para alinearlos con los objetivos de reducción de emisiones. Es decir, aquellos carburantes con más emisiones -diésel o butano- serán los que recibirán una mayor carga impositiva.

La Comisión fijará unos niveles mínimos que los países deberán cumplir y luego anualmente sobre la base del índice armonizado de precios al consumo de la UE, excluyendo la energía y los alimentos no procesados, se actualizarán para que sigan ofreciendo dicha señal de precios.

Esta revisión permitirá separar los combustibles de motor de los de calefacción, dando la posibilidad de aplicar tipos diferenciados, exenciones y reducciones como sucede, por ejemplo, en el sector marítimo o de aviación que actualmente tienen exenciones para el queroseno o el combustible utilizado por los buques. Se espera que el queroseno comience a tener que afrontar una mayor carga impositiva.

La UE aprobará también la directiva que regulará los carburantes alternativos y fijará nuevos estándares de emisión para los vehículos de forma que, a partir de 2035, únicamente se puedan comercializar aquellos que sean cero emisiones.

Asimismo, el departamento del vicepresidente Frans Timmermans aprobará una nueva normativa sobre la importación de bienes, con unos peajes para aquellos que, a su juicio, generen más impacto medioambiental en su construcción. En un primer listado, los sectores que se pueden ver afectados son la energía, el cemento, el acero, el aluminio, el refinado de petróleo, el papel, el vidrio, los productos químicos y los fertilizantes. Esta nueva norma alterará las reglas del comercio internacional al gravar los productos importados en función de los gases emitidos para fabricarlos. El plan ha provocado fisuras en las cadenas de suministro mundiales y ha inquietado a grandes socios comerciales como Estados Unidos, Rusia y China. La medida estuvo ya presente en la reunión de líderes del G-7 en el suroeste de Inglaterra el mes pasado y ayer apareció también en la sesión mantenida por el G-20 en Venecia.

Peajes de carbono

La propuesta europea abriría un nuevo frente en la lucha contra el cambio climático al establecer los primeros límites mundiales de carbono en los bienes comercializados. Bruselas asegura que quiere evitar que las industrias contaminantes trasladen la producción fuera de Europa para evitar los límites de emisiones del bloque y luego exportar nuevamente a la UE. La propuesta también prevé utilizar el peso económico de la UE para enviar una señal poderosa a otros países para que comiencen a regular las emisiones de carbono.

En su informe preliminar, el Parlamento Europeo respalda la iniciativa de la Comisión de utilizar los ingresos generados por el mecanismo de ajuste en frontera como nuevos recursos propios para el presupuesto de la Unión. "Este mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono forma parte del Pacto Verde Europeo y es una herramienta para alcanzar el objetivo de la Unión de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050", añade. De hecho, se espera que el mecanismo sirva para financiar los fondos de recuperación.

Los planes de la UE, pese a las diferencias existentes con el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM), comienzan a encontrar en Estados Unidos a un nuevo socio en la lucha contra el cambio climático. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que participó ayer en el G-20 de Finanzas de Venecia, defendió la fijación de un precio mínimo global para las emisiones de carbono.

"Seguimos considerando una serie de políticas para reducir nuestras emisiones de carbono. Algunas de las medidas que se están considerando podrían poner un precio implícito al carbono que podría ser un elemento útil compartido con otros países", dijo Yellen.

La secretaria estadounidense subrayó que "abordar los impactos del cambio climático y tomar medidas significativas para descarbonizar" las economías para 2050 "requerirá nuevas inversiones públicas y privadas importantes y decisiones económicas difíciles". Finalmente, recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a reducir las emisiones un 50% desde los niveles de 2005 para 2030.

Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania también se mostraron a favor de debatir un precio mínimo a nivel internacional para las emisiones de carbono. "Necesitamos introducir un precio del carbono justo y eficiente. En un mundo ideal, el precio debería ser el mismo, pero sabemos que existen diferencias políticas para este objetivo", apuntó el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Su homólogo alemán señaló que "en la lucha contra las emisiones contaminantes" es necesario encontrar una solución en los próximos dos años, y se mostró confiado en que sea posible acordar un precio mínimo internacional.

Tras casi tres años de estudio, la Comisión dará a conocer también la reforma del mercado de emisiones de CO2 en la que se incluirán nuevos sectores que tendrán que comprar derechos de emisión, lo que repercutirá en los precios de sus servicios. Principalmente, en esta área se espera que se incluya el transporte y la construcción aunque puede haber excepciones para el transporte de mercancías y para los jets privados.

Con todas estas medidas, la Unión Europea revisará completamente sus objetivos climáticos de modo que la instalación de renovables pase del 32 al 38-40% y el de eficiencia energética del 32,5% a alrededor del 38,5%, centrado principalmente en la rehabilitación de viviendas.

Todo estos cambios, no obstante, están teniendo ya repercusión en los precios de los mercados mayoristas y en los indicadores de inflación. El BCE ajustó el pasado jueves su política climática para tener en cuenta la repercusión de esta transición energética en la inflación.

Según los datos de los mercados mayoristas, los precios de la electricidad se mantienen por las nubes a las puertas de la presentación de la nueva regulación europea.

Este fin de semana en España se mantendrán en los 90 euros/ MWh pero las previsiones apuntan a un incremento todavía superior en los próximos meses. Las previsiones del mercado de futuros auguran un fin de mes de julio en el que se superarán los 100 euros/ MWh en el mercado diario. Esta cota se alcanzará incluso después de haber eliminado el impuesto del 7% a la generación y de haber reducido el IVA y para todo el mes de agosto, los mercados de futuros marcan precios de 99,51 euros/ MWh.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado que su principal objetivo es paliar el efecto negativo que estos precios están ocasionando en los consumidores, aunque ha admitido que esta situación seguirá manteniéndose en el tiempo.

La CNMC, por su parte, indica que: "El incremento de precio de los derechos de CO2 registrado en los últimos meses y el esperado a futuro, está provocando y provocará, a su vez, un incremento del precio del mercado de electricidad, especialmente durante el periodo hasta que lleguen las nuevas instalaciones de energía renovable en respuesta a las señales que proporciona esa evolución del precio del CO2".

Para el regulador, esta situación "supondrá un incremento de la factura del consumidor sin que exista una garantía de que todas las tecnologías que reciben este mayor precio del mercado puedan responder a dichas señales".

Reforma energética

El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia que pretende trasladar parte del coste de la electricidad a los carburantes. Por un lado, ha presentado el céntimo verde -rebautizado ahora como Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema eléctrico- que pretende que parte de los costes de las renovables y cogeneración pasen a pagarse por los carburantes y el gas. De este modo, el recibo de la luz se reduce un 12% y pasan a engrosar el precio de los combustibles -que se encarecerán hasta 7 céntimos por litro- o del gas que puede suponer alrededor de 50 euros más al año. Para paliar este efecto, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una medida adicional: la reducción de los windfall profits -ahora rebautizados como dividendos de carbono-. Esta medida pretende reducir en 1.000 millones la retribución que perciben nucleares, hidráulicas y eólica.

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