
La Unión Europea llevará a cabo este mes una de las revisiones más amplias y ambiciosas a su corpus legislativo teñida de verde. Un Big Bang normativo para cimentar el camino hacia la neutralidad en las emisiones netas de CO2 para 2050, su gran meta.
El objetivo intermedio para lograr su llegada a la luna, como la describió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es reducir las emisiones al menos un 55% para 2030. Para atar ese hito, y mantener el liderazgo en la transformación verde, Europa necesita mucho dinero, y una revisión profunda de su legislación, sobre todo en el sector de la energía y de la movilidad.
Por eso, la Comisión Europea detallará hoy la nueva Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible para canalizar más inversión privada hacia la agenda verde. Además, también presentará el esperado nuevo estándar europeo para los bonos verdes, que integrará su taxonomía sobre las actividades que la UE considera sostenibles y le ayudará a consolidar su liderazgo en este pujante sector financiero.
La próxima semana será el turno para una docena de revisiones legislativas y nuevas propuestas, entre ellas la ampliación del mercado de emisiones comunitario o la introducción del nuevo mecanismo para gravar importaciones contaminantes.
El impacto del Covid-19 ha ofrecido una oportunidad única para reconstruir la economía y nuestras sociedades de manera sostenible. Europa no partía de cero, pero el nivel de ambición ahora es mucho mayor, sobre todo en la UE. "A nivel mundial, las finanzas sostenibles están en auge: los inversores y las empresas ven la dirección del viaje y quieren aprovechar al máximo las oportunidades que se ofrecen", se lee en el borrador de la estrategia de finanzas sostenibles, a la que tuvo acceso elEconomista.
Según la Comisión Europea, la UE necesita unos 350.000 millones de euros anuales en inversiones adicionales para alcanzar su meta climática de 2030. Parte de los fondos serán públicos, tanto de los Estados miembros como de las arcas comunitarias (con un 30% del presupuesto plurianual y, al menos, un 37% del fondo de recuperación).

Pero Bruselas es consciente de que necesita movilizar urgentemente más músculo financiero del sector privado. Para ello dará una nueva vuelta al Plan de Acción de 2018, que sirvió para introducir la taxonomía, un descomunal ejercicio de clasificación para distinguir qué actividades son sostenibles, aunque todavía se está desarrollando.
Uno de los puntos que todavía están por decidir es si la energía nuclear y el gas serán consideradas como sostenibles, un asunto que quedó en el aire y que países como Francia y los socios del Este están batallando duramente para que así sea.
La nueva estrategia sugiere medidas y propuestas para que todos los actores económicos encuentren financiación para alcanzar sus metas verdes. Además, plantea propuestas para incluir a los pequeños inversores y pymes. También se preocupa por cómo el propio sector financiero puede reducir su huella ecológica, en aumento por la digitalización; y da coordenadas para construir un consenso global sobre las finanzas sostenibles.
La estrategia, sobre todo, representa una declaración de intenciones para ampliar la taxonomía a los sectores medioambientales más allá de la mitigación del cambio climático para mediados del próximo año. Y abre la puerta a crear nuevas etiquetas para instrumentos financieros verdes, siguiendo la estela de los bonos verdes que presentará hoy el Ejecutivo comunitario.
En la larga lista de iniciativas sugeridas en el borrador, la Comisión indica que pedirá a la Autoridad Bancaria Europea una opinión sobre prestamos minoristas e hipotecas verdes. Otra opción es tener en cuenta la eficiencia energética de estas hipotecas en la revisión.