"Quien contamina, paga": Éste es uno de los principios rectores de la política comunitaria en temas medioambientales. Ésta es una de las ideas que parece simple pero que tiene muchas más consecuencias que las que se pueden prever a primera vista. Por ejemplo, si se quiere evitar la contaminación no se puede dar un permiso indiscriminado para contaminar simplemente por pagar. Por otra parte, si los que contaminan dejasen de hacerlo, entonces no se recaudaría…
Pero, al final de una forma u otra todos contaminamos, por lo que acabamos pagando todos. Un ejemplo lo podemos ver con la tarifa eléctrica. Lo cierto es que cada vez pagamos más por la electricidad. Una de las razones es por la subida del precio del CO2. Sin embargo, cada vez utilizamos más energías libres de emisiones. Por ejemplo, mientras escribía estas líneas, por la tarde de un día laborable, el 72.85% de la energía que se consumía en España era libre de emisiones (el 56.67% de origen renovable, el resto nuclear). Sin embargo, con la nueva tarifa eléctrica, este consumo se me facturará al precio más elevado de todos, por ser hora punta. Para consultarlo usted mismo y en tiempo real, puede descargar en su teléfono móvil la aplicación RedOs de Red Eléctrica de España.
El mercado eléctrico en España y en casi todos los países del mundo es marginalista. Se paga toda la energía al precio de la más cara. Las centrales nucleares o los productores de energías renovables suelen ofertar muy barato o incluso a cero. La razón es que el coste variable de estas energías es muy pequeño, y que, además, hay que aprovechar cuando hace viento o sol para vender la energía. Por otra parte, una central nuclear funciona 24 horas al día y pararla, y luego volver a ponerla en funcionamiento es muy costoso. Sin embargo, habitualmente, estas energías no cubren toda la demanda y tienen que entrar en funcionamiento las centrales de ciclo combinado que consumen gas. Estas centrales sólo producen si el precio de la electricidad que venden excede del gas que queman para producirla.
Aquí es donde entran los derechos de emisión de CO2 que tiene que comprar la central de ciclo combinado para producir electricidad quemando gas. Como quemar carbón genera todavía más CO2, las centrales de carbón se están desmantelando. Porque, efectivamente, el coste de emitir CO2 es cada vez mayor porque, en toda Europa, se asignan cada vez menos derechos, por lo que aumenta su precio. Este precio del CO2 es prácticamente un impuesto porque lo cobra el Estado por hacer algo que antes se hacía gratis. Pero, este mecanismo es el que traza la senda hacia la descarbonización y hacia una sociedad libre de emisiones. Pero la combinación de mercado marginalista y derechos de emisión hace que el aumento de precio del CO2 se repercuta en todas las tecnologías, incluyendo las que no emiten CO2. Eso significa que el consumidor de electricidad paga un sobre coste por los derechos de emisión de CO2 en prácticamente todos los kilovatios/hora consumidos, aunque la mayoría no se produzcan emitiendo dióxido de carbono.
El pasado martes, el gobierno aprobó un anteproyecto que limita las retribuciones de las centrales hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2005. La razón es que estos productores, sin hacer nada, perciben mayores retribuciones por el mayor precio del gas, y también por los derechos de emisión del CO2. Este proyecto todavía tardará unos meses, como poco, en convertirse en ley, y hasta entonces, evidentemente, no paliará el incremento del precio de la luz. Pero, además, esto sólo será un paliativo, porque el resto de los productores eléctricos que no emiten CO2, como, por ejemplo, casi todas las renovables, seguirán beneficiándose de que sea el gas, que tiene que comprar derechos de emisión, cada vez más caros, el que marque casi siempre el precio mayorista de la energía.
Por supuesto, esta medida, que tiene un amplio apoyo entre los economistas, no le ha parecido bien a las compañías eléctricas, que además han sufrido un cierto castigo bursátil. Es bastante probable que esta reforma eléctrica, como casi todas las anteriores, se lleve a los Tribunales, españoles e internacionales, incluyendo los arbitrales. Pero, con independencia de las reacciones legales, algunas voces del sector eléctrico han amagado con un cierre anticipado de las centrales nucleares. Buena parte de la inversión, es decir de los costes incurridos en estas centrales ya están amortizadas. Por eso, uno puede pensar que son rentables, aunque, obviamente, lo serán menos si se aprueba el recorte de sus retribuciones. Ahora bien, si estas centrales dejasen de producir, el hueco no lo llenarían las renovables, que no producen siempre, sino el gas. En consecuencia, se incrementarían tanto el precio de la luz como los derechos de emisión, como el beneficio de las empresas eléctricas: contaminaríamos más y pagaríamos más, tanto al Estado como a las compañías eléctricas… Efectivamente, esto ya pasó con la moratoria nuclear… No está nada claro que una central nuclear nueva pueda reducir el precio de la electricidad, pero cerrar anticipadamente las que hay sí está claro que lo aumenta.
Pero, aunque esto no ocurra, la subida de la luz, a diferencia de los efectos de la Tormenta Filomena de los que hablamos hace unos meses es esencialmente estructural. Esto supone que, aunque los precios del gas y el petróleo bajasen, algo poco esperable dada la previsible recuperación económica gracias al proceso de vacunación, el precio del CO2 continuará subiendo. Y esto supone una previsible subida de costes energéticos que se irá trasladando a los precios de productos y servicios que utilizan energía, es decir casi todos. La subida continua del nivel general de precios es lo que se denomina inflación, que como señalaba Keynes, también es un impuesto. Y la aparición de tensiones inflacionistas puede obligar al Banco Central Europeo a endurecer su política monetaria. La dependencia del gas no sólo dificulta la transición ecológica, sino que deriva, también para los europeos, como se ve, en otros problemas económicos e incluso tensiones geopolíticas.
¿Cómo hacer compatible la transición ecológica con un precio razonable de la energía eléctrica? La clave está en la tecnología que nos permita no depender de esta "luz de gas". Por una parte, con una producción mayor de energías de fuentes renovables a precio competitivo, algo en lo que ya se ha avanzado mucho. Pero, sobre todo, con la cuestión del almacenamiento de la energía eléctrica. Las baterías eléctricas no sólo son fundamentales para electrificar el transporte, reduciendo así las emisiones en este ámbito, sino también para poder consumir energía a horas a las que no se produce. Al igual que en la lucha contra el COVID dependemos de las vacunas, en la transición ecológica dependemos de las baterías.
Por supuesto, queda todo el debate sobre los impuestos a la electricidad. Ese debate está, nos guste o no, muy condicionado por la financiación de los costes regulados, fundamentalmente incentivos a las renovables, y por supuesto por la situación general de las finanzas públicas. Pero de esto hablaremos en otra ocasión porque sólo hay algo más complicado que la factura de la luz y son los impuestos de la factura de la luz.
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