La actual crisis sanitaria ha acaparado el foco de atención en todo el mundo así como los esfuerzos de los países por combatirla. Si bien esta pandemia ha alterado muchos aspectos de la sociedad que puede que hayan cambiado para siempre, hay otras tendencias que ya se venían dando que no solo no han desaparecido, sino que ahora se muestran más importantes de abordar y resolver.
Es el caso del cambio climático, que adolece de una actuación clara y contundente por parte de los distintos actores de la sociedad. Esta es una de las conclusiones que alcanzaron los expertos en el Observatorio Acelerar la descarbonización en tiempos de recesión, organizado por elEconomista y Acciona.
Con la mayor recesión mundial que se espera desde la Gran Depresión, en 1929, las medidas que se tomen ahora para la recuperación económica configurarán el mundo del futuro, lo que hace vital la lucha contra el cambio climático. De hecho, hace cinco meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguraba que "el Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Muestra cómo transformar nuestro modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más sana y nuestras empresas sean innovadoras". Un objetivo que, pese a la crisis actual, no se ha diluido.
Como indica José Luis Blasco, director de sostenibilidad de Acciona, "la emergencia climática no ha cambiado, lo que quizá sí lo está haciendo es cómo se conectan las políticas públicas. Hablamos de un estímulo como jamás se había visto y que puede transformar la economía europea en una economía líder en esta transición". A este respecto, la Comisión Europea ha presentado un plan dotado con unos fondos de 750.000 millones de euros para la recuperación, que identifica la economía verde como uno de los pilares. Así, ha propuesto elevar de 7.500 a 40.000 millones de euros el Fondo para la Transición Justa, previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la transición ecológica.
"Desde 2015 hemos visto cómo el cambio climático ha empezado a formar parte del diseño de la normativa financiera, desde el plan de finanzas sostenible de la Unión Europea, a la incorporación a la supervisión bancaria. El cambio climático se concibe ya como un riesgo sistémico", reseña José Luis Blasco.
Según estimaba el año pasado la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertes prematuras en Europa y acorta la esperanza de vida de las personas en 2,2 años. Una cifra que se eleva al entorno de los 7 millones de fallecimientos a nivel global. Por ello, para Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables, "los términos emergencia y transición son contrarios. No podemos declarar la necesidad de actuar y luego apostar por una transición lenta".
Además, el experto remarca cómo la actuación rápida que se está acometiendo en la crisis sanitaria actual, "nos debería hacer reflexionar porque el cambio climático es una pandemia muy lenta y parece que por ello no nos exige actuar".
En este sentido, Diego Vizcaíno, socio director del Área de Economía Aplicada de AFI, destaca cómo esta crisis nos ofrece una oportunidad, "poniendo el foco en acelerar la transición energética, hacia una mayor sostenibilidad, porque ahora sí hemos experimentado la capacidad tan dañina que puede tener una amenaza global. Además, cuando nuestra economía es una de las que más está expuesta, dentro de la Unión Europea, al cambio climático como a esos riesgos de obsolescencia desde el punto de vista tecnológico e industrial".
España es especialmente vulnerable a los efectos de no cuidar el planeta, entre otras cosas, por su extenso litoral marítimo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) predice que el aumento del nivel del mar en 2100 tendría consecuencias generalizadas en los cerca de 10.000 kilómetros de costa española pero, principalmente, en todo el área mediterránea y en Canarias. Asimismo, aumentaría la frecuencia de episodios extremos.
A mediados de mayo el Gobierno dio luz verde al proyecto de ley de crisis climática con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables.
La inversión pública no llega
Según los datos del Fondo Monetario Internacional, durante la última década, el impacto negativo directo solo de los desastres naturales se estima en unos 1,3 billones de dólares de media al año, lo que representa un coste anual de alrededor del 0,2% del PIB mundial. Cambiar el modo en el que tenemos construido el mundo no solo requiere voluntad, sino también dinero, mucho.
De hecho, Javier Goikoetxea Seminario, ponente y asesor en Métricas de Impacto Positivo, Nuevas Economías y ODS de Bikonsulting, remarca que "con la inversión pública no vamos a llegar, hace falta la privada. Pero a esa inversión privada hay que darle otro sentido, que está en la inversión de impacto positivo, es decir, apostar por proyectos y empresas que aporten medioambiental y socialmente algo".
A este respecto, desde el ámbito de la inversión estatal, Fernando Ferrando aclara que no es todo válido: "No se trata de tener una ventanilla abierta para todo el que tiene una idea. Si hacemos esto, y no hay una planificación establecida, tendremos los mismos problemas de seguir apostando por las industrias tocadas que tenemos que reconvertir". En noviembre del año pasado se conocía que el Banco Europeo de Inversiones no otorgará nueva financiación para proyectos de energía de combustibles fósiles a partir de 2022.
Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), estima que, a raíz de la pandemia, las inversiones en esta industria sufrirán una caída récord del 20%, lo que supondría una pérdida de casi 40.000 millones de dólares. No obstante, el peso de las renovables en la producción eléctrica, en términos relativos, aumentará por sus bajos costes operativos y por el acceso preferente que tienen a las redes.
"Hay que darle otro sentido a la inversión privada, apostando por proyectos y empresas que aporten medioambiental y socialmente algo"
"Hay muchas soluciones encima de la mesa que se pueden aplicar ya y tenemos un marco para poder invertir, por lo que igual desde el punto de vista técnico nos falta la voluntad y la aceleración para llevarlo a cabo", indica José Luis Blasco. El pasado mes de marzo, el Grupo de Expertos Técnicos sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea presentó sus recomendaciones finales para la Taxonomía Sostenible de la Unión Europea, que detalla qué actividades económicas y bajo qué criterios pueden considerarse sostenibles desde un punto de vista medioambiental.
"Me gustaría destacar que en esta ocasión la propuesta de la Comisión Europea (dentro de su fondo de recuperación) sí sitúa el pacto verde como uno de los ejes del plan de recuperación. Hay un sesgo en el diseño hacia la transición, hacia la lucha contra el cambio climático. Además de las soluciones que ya conocemos, que exista una voluntad política y una articulación presupuestaria que tenga este sesgo, creo que hay que aplaudirlo", opina Diego Vizcaíno. Eso sí, como señala el experto, esto es solo una propuesta que deberá aprobar el Consejo Europeo, por lo que no es descartable que "haya pasos hacia atrás".
Desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, Javier Goikoetxea Seminario indica que "todo esto se queda muy lejos, para nosotros es el día de mañana, sino el de hoy. Por tanto, creo que es muy importante el qué hacemos nosotros. Muchas empresas tienen clara su labor y están haciendo cambios en el día a día. Obviamente, irán llegando ayudas e inversión, pero no podemos quedarnos esperando".
En este punto coincide Fernando Ferrando. "No ponernos a trabajar hasta que llegue el dinero es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos". Además, resalta que "hay actividades que se soportan perfectamente sin que nadie tenga que dar ayudas, lo que hay es que facilitar su desarrollo y para ello es necesario un marco legal".
La banca y la fiscalidad, claves
En este contexto, la banca juega un papel esencial. Quizá uno de los aspectos más esperanzadores en cuanto a la actuación de este sector, es que por primera vez el Banco Central Europeo introducirá los riesgos ligados al cambio climático en sus test de estrés a los bancos de la eurozona.
En este sentido, "si se dan préstamos a activos que se van a quedar obsoletos, teniendo en cuenta los objetivos climáticos, vemos que el riesgo es real, porque puede ocurrir que en 2030 un banco pueda tener en cartera un 30% o un 40% de activos que no van a estar operativos, con lo cual el valor de la entidad se depreciaría", argumenta José Luis Blasco.
De hecho, solo en la rama de las hipotecas, una investigación del Banco de Inglaterra concluye que el riesgo de impago es casi un 20% inferior en aquellas viviendas con la mejor calificación de sostenibilidad.
Una de las vías en la que coinciden los expertos para allanar el camino de una transición energética es la política fiscal. Según el estudio La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios, elaborado por el fiscalista Juan Carpizo y las abogadas especializadas en fiscalidad Eugenia Montaña y Teresa Checa, no hay ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente. Los impuestos sobre la energía representan el 76,9% de todos los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales.
Para Javier Goikoetxea Seminario, una de las fórmulas podría ser "premiar a las empresas que mejor lo hagan a través de los impuestos, que no significa castigar a las que lo hagan mal, porque estas últimas tendrán que ponerse las pilas si quieren ser competitivas".
Por su parte, José Luis Blasco reseña que "hoy por hoy, después de todo el compromiso climático, en el subsidio a los combustibles fósiles hay 5,7 billones europeos. Si realmente estamos convencidos de que en el año 2030 hay que reducir los gases de efecto invernadero en un 40%, la obsolescencia de gran parte del tejido productivo debería preocupar hoy".
En Alemania, por ejemplo, está exenta del pago del impuesto sobre la energía la electricidad producida por energía eólica, solar, geotérmica o biomasa, o la producida por centrales hidroeléctricas de menos de 10 megavatios. "Para mí hay un instrumento que adolecemos de siempre en este país y en otros, una política fiscal adecuada. Lo que no podemos hacer es apostar por la electrificación y eximir de impuesto a los combustibles. No podemos tener un impuesto del 7% medioambiental por la generación de electricidad y aplicarlo igual a una planta de carbón que a una central eólica", destaca Fernando Ferrando. En España, fue célebre el conocido como impuesto al sol, por el que el consumidor debía pagar los impuestos correspondientes por la energía que produjese en su instalación solar fotovoltaica de autoconsumo.
En 2018 se derogó y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar el retraso de España en esta materia, ya que no es lógico que un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania.
Por ello, estos expertos demandan la necesidad de actuar ya con todas las herramientas disponibles para cambiar nuestro modelo de mundo. "Estamos en un momento de emergencia que amenaza nuestra estabilidad y nuestro futuro. Tenemos que mantener el rumbo de la transformación verde", indica Diego Vizcaíno. Por su parte, José Luis Blasco recuerda: "Cada hora, cada día, cada semana cuenta. No nos podemos permitir el lujo de distraernos".
