El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.
Comenzando por los ingresos, el documento prevé un "impacto de las medidas en la impsición directa" de 2.548 millones entre el año que viene y 2022. Queda a la interpretación del lector qué acciones se acometerán exactamente para lograr esa cifra, ya que Moncloa sólo hace referencia a la "mejora de la progresividad impositiva", lo que puede interpretarse como un alza de los tipos máximos del IRPF o también como la eliminación de deducciones al ahorro privado.
Además, la intención de no hacer cambios en Sociedades, a la que el propio Gobierno parecía acogerse, queda ahora en el aire. No en vano el Plan hace referencia al avance de la recaudación que espera por el avance de los beneficios empresariales (pese a que el tejido productivo está en situación límite) y a la "adopción de ciertas medidas", una vez más, sin explicitar.
Dentro del ámbito de la tributación indirecta, también se encuentran importantes puntos oscuros. Se habla de "medidas" en el ámbito del IVA y de los impuestos especiales. Entre estos últimos se encuentran los que gravan los combustibles por lo que toda apunta a que se abre la puerta, una vez más, a penalizar fiscalmente el diésel, pese a su gran importancia en el parque automovilístico español.
Por el lado del gasto, el patente agravamiento de la crisis no impide que el Gobierno allane el camino para un alza el 0,9% en las pensiones, como adelantó el pasado lunes elEconomista, basándose en las previsiones sobre el deflactor del PIB, dado que el IPC se encuentra en negativo. Será el cuarto año en el que estas prestaciones se eleven según los pronósticos de la inflación, sin que exista todavía nada parecido a un plan de racionalización del gasto que haga sostenible la situación de la Seguridad Social.
Más inaudito aún resulta que, en medio de una crisis histórica, quede aparcado el plan de congelar el sueldo de los funcionarios y se revitalice, aunque falta una concreción oficial de las cifras, el plan de Podemos de aplicar una subida, también del 0,9% a estas remuneraciones. El sector privado (sometido a Ertes, congelación de salarios y, como ya se teme, fuertes subidas de impuestos) vuelve a cargar con todos los esfuerzos de la recuperación.
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