Pedro Sánchez ha dado un paso más para allanar el camino de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, ahora que no cuenta con apoyos suficientes y que una votación negativa de la senda fiscal le podría dejar con un pie fuera del Gobierno. Por ello, en contra de lo anunciado, y de lo que reglamentariamente siempre se ha hecho, el Ejecutivo progresista ha eliminado la votación de la senda de estabilidad, la antesala de unas Cuentas Públicas. Con el argumento de la desaparición de la regla de gasto, como pedían las administraciones gobernadas por todas las fuerzas políticas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice ahora que solo "informará" a las CCAA y a la Cámara de una referencia de déficit, ya que" la senda ha quedado desfasada". Así pues, la referencia de déficit tampoco se someterá a votación, porque "es una previsión y no un objetivo", apuntan desde este ministerio.
Esta actuación política, "improvisación y muestras de debilidad", según fuentes conocedoras del funcionamiento de la administración, abre el camino de los Presupuestos, o al menos alarga la tramitación de los mismos a falta de apoyos y de que el Congreso no le apruebe la senda fiscal, ya que, la presentación del anteproyecto necesitaba primero del refrendo de las dos cámaras de los objetivos de déficit y de deuda pública.
El Gobierno no necesitará del apoyo de las fuerzas políticas para dar un salto al siguiente paso: la tramitación de Presupuestos
Con esta fase del trayecto superada -a expensas de recursos judiciales-, el Gobierno no necesitará del apoyo de las fuerzas políticas para dar un salto al siguiente paso: la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de 2021 para someterlo a negociación y posterior votación.
Solo llevará al Congreso la votación de la eliminación de la regla de gasto
Desde Hacienda señalan que con este cambio de guión, el Gobierno solo llevará al Congreso la votación de la eliminación de la regla de gasto para los ejercicios de 2020 y 2021. Por cierto, sin fecha a la vista. Una demanda que ha sido unánime entre el resto de las administraciones, por lo que la previsión del Gobierno es que esta votación salga adelante sin ningún problema.
La última senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno proyectaba un déficit público del 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde 2012, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al 2019, hasta 461.043 millones (41,2% del PIB) y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta 576.714 millones (51,5% del PIB).
Entonces, Montero cifró el impacto de las medidas para paliar la pandemia en 138.923 millones. El Programa Presupuestario preveía un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado el 2019 hasta el 115,5% del PIB este año.
Dudas legales
Desde un punto de vista legal, que es el principal escollo que se presenta para el Gobierno, el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, recoge aspectos relativos a una situación de crisis económica derivada de una catástrofe. Y literalmente dice: "Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A los efectos anteriores la recesión económica grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se de una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.
Si bien el texto admite un déficit estructural, también precisa la ley vigente que en estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural. Es decir, que el Gobierno debería someter este cambio a una votación.
La semana pasada, fuentes del Ministerio de Hacienda desmentían la posibilidad de eliminar la votación de la senda de estabilidad con la presentación añadida del informe del techo de gasto. Explicaban a elEconomista que tras un desfase del cuadro macroeconómico, " Los objetivos de estabilidad que se aprobaron en febrero a los que se refiere un artículo de Vozpópuli, han quedado desfasados. Se hicieron antes de la pandemia y, por tanto, no pueden reflejar la situación actual", dando así por hecho, que la senda fiscal se iba a someter a votación este mes de octubre.
Un déficit del 2,2%
Y más allá de lo que ocurra con la votación de la regla de gasto, la ministra de Hacienda se ha reunido hoy con los consejeros del ramo para proponerles, entre puntos del orden del día, un défict del 2,2% para 2020, o del 1,1% y el resto transferencias. Hay que recordar, que la última senda fiscal aprobada el objetivo exigido por el Gobierno era que las CCAA tuvieran un déficit del 0,2% en 2020, y del 0,1 en 2022.
