Sánchez tiene un problema y lo sabe. No tiene mayoría para aprobar los Presupuestos del próximo año. Hasta ahora los gobiernos de turno suelen obtener los apoyos a las Cuentas Generales haciendo concesiones a derecha ó izquierda. Pero este año hay un problema, el dineral extra gastado es tal (más de 50.000 millones) que no queda liquidez en la caja para repartir. Atraer a Torra ó a ERC a golpe de talonario se torna asunto complicado. El presidente de la Generalitat exige, nada más y nada menos, que 15.000 millones al Estado. Una cantidad equivalente a la suma de todo el fondo para las comunidades autónomas.
El apoyo de Ciudadanos es más barato. Hasta ahora, unos miles de millones para reactivar el turismo, que había que desembolsar de cualquier manera. Pero las exigencias en materia fiscal de Arrimadas son incompatibles con Iglesias, lo que complica meter a los dos partidos en la misma cama.
Ante las dificultades para obtener mayorías, Sánchez recogió el guante lanzado por Casado el martes, en su discurso en el Congreso, donde se mostró dispuesto a consensuar pactos de Estado, sobre todo en materia económica. El Gobierno aceptó de inmediato la oferta que le hizo Javier Maroto en el Senado de "crear una comisión mixta de evaluación sobre el sistema sanitario", lo que dejó descolocado al portavoz del PP en la Cámara Alta, dicho sea de paso.
Habrá que tomar medidas drásticas para reducir el gasto en más de 25.000 millones anuales
"Dos no se pelean si uno no quiere", contestó Sánchez batiéndose en retirada en la sesión de control del miércoles, donde encontró un Casado más bronco de lo esperado, después de la mano tendida la víspera.
El presidente quiere ganarse el apoyo del PP, pero sólo en aquellos asuntos que no creen controversia ideológica con Iglesias. Por ejemplo, el gasto en sanidad, los fondos autonómicos ó el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En el Aló Presidente del domingo pasado, ofreció a la oposición "pactos transversales". Negocia el decreto de la nueva normalidad con el PP, que también se muestra solícito a crear una mesa sobre el turismo ó a discutir todo lo relacionado con el motor, los Ertes ó la prórroga de los mecanismos de liquidez para las empresas. Pero, ¿le interesa esto a Casado?
El Gobierno está embarcado en una política manirrota, consistente en, entre plan y plan para impulsar la economía, repartir dinero a diestro y siniestro para comprar los votos de las próximas elecciones, que deberán celebrarse en 2021 ante la imposibilidad de prorrogar más los Presupuestos.
Un caso paradigmático es el ingreso mínimo vital. Con un coste estimado de 3.000 millones anuales, será soportado por el Presupuesto, cuando ese gasto corresponde a las autonomías, según el artículo 147 de la Constitución. ¿Por qué lo asume ahora el Ejecutivo?, ¿Para descargar de gastos a los gobiernos regionales? No, para que Iglesias pueda presumir de ayudar a los más vulnerables.
Nadie se explica que la renta mínima sea de por vida, una especie de derecho adquirido que será difícil de quitar a quien lo adquiera. Que no exija la búsqueda de empleo de manera activa, ni limite el número de veces que se puede rechazar una oferta de trabajo. Además, los controles son muy laxos. Si la inspección de Hacienda es incapaz de atajar el fraude fiscal, en el que somos uno de los campeones europeos, cómo va a vigilar la renta mínima, donde el volumen de lo defraudado por cada persona es mucho menor y más difícil de demostrar.
Ha nacido un PER gigantesco para toda España, similar al que disfrutan andaluces y extremeños. Lo paradójico es que contara con los votos de la formación de Casado para su aprobación en el Congreso.
El líder del PP es una persona indecisa. Su política es confusa. Navega entre los extremos verbales de Cayetana Álvarez de Toledo y el beneplácito silencioso a las tropelías legales de Sánchez e Iglesias con los decretos del estado de alarma ó el sorprendente sí a la renta mínima.
Sánchez intenta aprovechar la falta de rumbo del principal partido de la oposición para embarcarlo en su locura de gastos. ¿Dará Casado el visto bueno al reparto de los fondos autonómicos o del gasto sanitario y luego cerrará los ojos ante las maneras de atajar un déficit superior al diez por ciento y una deuda que sobrepasará el 120 por ciento del PIB?
El déficit estructural, es decir, el generado por el gasto corriente ya comprometido, será superior al 5 por ciento de todo el PIB, entre dos y tres puntos por encima de lo aconsejable, según el estudio presentado esta semana por Fedea, un organismo satélite del Banco de España. Eso significa que, a partir de 2021, habrá que comenzar a poner en marcha los instrumentos para reducir entre 24.000 millones y 36.000 anuales el exceso de gasto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pensaba atajar el déficit hasta marzo con un alza de impuestos. Pero el hundimiento de la recaudación a causa del Covid convirtió sus planes en papel mojado.
Sánchez pronunció la semana pasada la palabra maldita, recortes, aunque sin detallarlos, y luego instó a sus socios de gobierno a adaptar su acuerdo programático al "entorno y el momento concreto" de la nueva realidad. En palabras de la ministra portavoz, hay que "repriorizar lo priorizado". Un completo trabalenguas, como se ve, para decir que las cosas están cambiando.
En esa misma línea, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, hizo correr en diferentes ministerios el borrador del plan que llevará a Bruselas para aspirar a los fondos de reconstrucción, en el que por primera vez se menciona la reforma de las pensiones, sin especificar más que será en el marco del Pacto de Toledo.
El Gobierno quería llevar al Congreso esta primavera la actualización de las pensiones según el IPC. Iglesias aboga por blindarlas frente a los aumentos del coste de la vida. Un propósito elogiable, que costará miles de millones al bolsillo de los españoles, sobre todo a partir de 2027, en que comienzan a jubilarse los del baby boom.
Para compensar los costes extra, en los próximos años habrá que alargar el período de trabajo que computa para el pago de la prestación, separar las fuentes de financiación o revisar las prestaciones por viudedad, una rareza en otros países.
Ninguna de estas iniciativas, ni de los recortes del estado de bienestar, que será necesario acometer para preservar la estabilidad presupuestaria, se pueden llevar a cabo sin el apoyo de la oposición.
Las embestidas a la propiedad privada y las amenazas de nacionalizaciones, de subidas permanentes de los impuestos ó de derogar la reforma laboral provocaron que los empresarios salieran a dar la cara, en una cumbre sin precedentes organizada por la CEOE, que preside Garamendi. Decenas de empresarios, desde los más poderosos, como Juan Roig, Pablo Isla ó Ana Botín hasta los más humildes, han salido del armario para reivindicar seguridad jurídica y el fin de las hostilidades hacia el mundo de los negocios. El intento de prórroga de los Ertes con una merma de las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Socicial por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es el último exponente de esta situación de acoso.
Sánchez se equivocó al diseñar la Comisión de Reconstrucción. Ninguneó deliberadamente las cuestiones económicas en favor de los temas sanitarios y europeos. La cumbre similar organizada por Macron en Francia, con presencia de varios premios nobeles y del ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, ó los estados generales de la economía celebrados por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han dejado en ridículo la comisión presidida por Patxi López, un político con escaso interés por la economía.
Para contrarrestar el error, Iván Redondo, el avispado prestidigitador monclovita, se sacó de la manga un comité de cien expertos. Se trata de una pantomima. Una amalgama de profesionales en la que junto a economistas, hay sociólogos, catedráticos y científicos encargados de proponer ideas para la España de 2050. "¡Largo me lo fiais!", como diría Sancho. La iniciativa palidece ante la francesa ó la italiana, que buscan soluciones reales para relanzar la economía.
Muchos de los expertos son, además, ideológicamente próximos a las teorías del Gobierno ó simplemente, desconocidos. Entre sus filas no los hay de convicciones liberales conservadoras ni de la izquierda pura y dura, lo que enfadó a Podemos.
Va a ser una experiencia inédita conocer las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, en las que Sánchez pretende también liar al líder de la oposición para salvar la cara. El presidente aprovechará, por último, el cheque de 140.000 millones prometido por Bruselas para impulsar la economía en los próximos años con reformas en el ámbito digital o de la economía verde. ¿Sucumbirá el líder del PP a las ofertas encantadas del brujo de Moncloa? Si es así, acabará envenenado, como la inocente Blanca Nieves.
Según el último CIS de Tezanos, el Covid no ha hecho mella en el apoyo popular al Gobierno. Pero ahora viene lo peor: una crisis económica de dimensiones bíblicas, para la que no existen recetas ó atajos, y menos si todo se resume a subir impuestos y disparar los gastos- No existe la más mínima garantía de salir bienparados ni con el fondo de reconstrucción, ni con Calviño en la presidencia del Eurogrupo, que no está claro.
Casado debe mantenerse esta vez firme, negarse a negociar los Presupuestos si no incluyen un paquete de reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economia, y eso pasa, ineludiblemente, por una rebaja de impuestos como las cotizaciones sociales, así como de costes administrativos, muchos de ellos identificados ya en la etapa de Rajoy.
Sánchez se ofrece a compartir las migajas de su política, pero no cede en lo importante, como la búsqueda conjunta de remedios para requilibrar las cuentas a partir de 2021.
La cuestión es que no quiere tomar medidas impopulares, porque sólo piensa en las elecciones, en vez de en el futuro a medio o largo plazo.
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