El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido un elemento discordante en los últimos meses de aprobación de la ayuda estrella lanzada hace dos semanas por el Consejo de Ministros. De hecho, el número tres del Ejecutivo estaría forzando que el nuevo ingreso mínimo vital fuera costeado por la Administración Central, con la mayor prontitud posible, en una maniobra política para arrogarse el éxito de una ayuda, fundamental en el momento social actual, que sin embargo ya venía pagando las comunidades autónomas. De hecho, todas las regiones de nuestro país, sin excepción, cuentan con programas de rentas mínimas autonómicas implantados, con especial generosidad en los casos de Cataluña, donde el ingreso puede alcanzar los 1.122 euros mensuales, y de Navarra (1.221 euros) o el País Vasco (915 euros).
Tales son las prisas que está imprimiendo el vicepresidente para que sea el Estado el que figurara como prestatario de la ayuda que se ha puesto en marcha a los trabajadores de los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos antes de lo previsto por los organismos regionales y locales a raíz del estado de alarma para que comiencen a dar salida a las gestiones de administración que supondrá la conversión de las ayudas autonómicas en la nueva prestación estatal y para dar respuesta con la mayor brevedad posible a las solicitudes que permita realizar los pagos con prontitud. La idea es evitar en esta gestión el caos administrativo que ha supuesto la gestión de los Erte por parte del Sepe, que incluso tiene aún expedientes sin resolver encima de la mesa de cientos de miles de trabajadores.
Esta medida, que hasta cierto punto implica la superposición de la acción del Estado sobre la labor protectora que ejercen las comunidades autónomas, generará además mayores relaciones de dependencia de los colectivos sociales más vulnerables con la Administración Central y que antes se constreñía al ámbito de lo autonómico e incluso local a través de la labor de los servicios asistenciales. Hasta 2,3 millones de personas se beneficiarán de la ayuda pertenecientes a 850.000 hogares en situación de pobreza extrema. De ellos, unos 255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el ingreso mínimo vital, es decir, 75.000 hogares, de los que la mitad de los beneficiados serán niños.
Así, el Gobierno comenzará a abonar ahora una ayuda que ya se pagaba con fondos de las comunidades autónomas y que supondrá para ellas un ahorro cercano a los 1.500 millones de euros. En su mano está, según ha defendido el Ministerio de Seguridad Social, que ese remanente sea utilizado para completar la nueva ayuda con cargo a las arcas centrales e incrementar el ingreso mínimo que perciben los ciudadanos en cada comunidad autónoma. Si bien, el pago de esta ayuda establece un mínimo común.
Cabe recordar que el movimiento de pagar la renta mínima desde el Estado tiene la impronta de Moncloa desde el inicio de los tiempos del nuevo ingreso. De hecho, cuando en verano de 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el análisis sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de programas de ingresos mínimos con dos modelos alternativos a este propuesto por los sindicatos a inicios de 2017, en ellos se recogía un gasto que el entonces presidente de la institución y ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calificó de "perfectamente asumible por el Estado".
De modo que ya en el los principios del diseño de la medida que se plasmó hace una semana en el BOE ya estaba presente el espíritu de que la prestación fuera abonada por la Seguridad Social. De hecho, uno de los niveles de la aprobación de la medida es un estudio de todas las ayudas, subvenciones y prestaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que una vez aprobada la ayuda se eliminasen las duplicidades con el ingreso mínimo vital. Por lo que la acción de Estado estaba ya garantizada. Sin embargo, tras la aprobación de la ayuda y la polémica con las Administraciones el ministro Escrivá ha abierto la puerta a una mayor participación de las comunidades a partir de 2021, que podrían gestionar la ayuda sin soportar su coste.
Financiación a ayuntamientos
Ahora, numerosas comunidades autónomas, Madrid sin ir más lejos, han salido a la palestra para quejarse de lo que consideran un acaparamiento de estos programas regionales por parte del Gobierno. Le han recordado al Ejecutivo que llevan años cubriendo estas necesidades y además le demandan la financiación de los costes administrativos que supondrá la implantación del nuevo sistema de ingresos mínimos. "La tramitación de las solicitudes deberá ser financiada por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio", refleja claramente el BOE en el decreto de aprobación de la renta mínima.
Desde la FEMP han pedido que el Ejecutivo acompañe a las corporaciones locales en la estructuración de la ayuda, que implicará nuevos costes de personal y burocráticos pero que no prevé partida económica para hacerle frente. En este sentido, sí que es cierto que la pasada semana Escrivá confirmó que su departamento ha incorporado a unos 500 empleados de Tragsa para ayudar a la tramitación de los expedientes de solicitud del ingreso pero los ayuntamientos piden que cualquier tipo de gestión no implique un tensionamiento en las cuentas de la corporación. Así, el PP ha lanzado una ofensiva en la que pretende presentar una moción en más de 8.000 ayuntamientos de España en los que tiene representación, en la que va a exigir que no se desprendan recursos del presupuesto local para la implantación del ingreso mínimo. Y cabe recordar que desde el propio Ministerio de Seguridad Social han reconocido la necesidad de hacer uso de los servicios sociales y personal del ayuntamiento para poder poner en marcha la medida.
