Nunca como hasta ahora se evidencian los abusos y arbitrariedades legales a las que da lugar la prolongación sine die del estado de alarma. La reforma laboral de 2012 tiene rango de ley orgánica pero es posible que el Gobierno haga cambios parciales, por la vía express del Decreto-Ley, sin acuerdo con los agentes sociales, alegando una situación de urgencia.
Los fundamentos del Derecho ya se han violentado, desde marzo, con la aprobación de una maraña de más de 200 normas de todo tipo, de ínfima calidad jurídica y de vigencia indeterminada en el tiempo. Pero ahora, el estado de alarma está a punto de cubrir con su impunidad una anomalía aún peor, como es la desvirtuación de una ley orgánica sin respetar los plazos y las mayorías que la Constitución impone.
