El Gobierno cuestiona la operación de la emiratí Taqa sobre Naturgy

El Gobierno cuestiona la operación del gigante emiratí Taqa sobre Naturgy y recuerda que se trata de una empresa estratégica. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la más dura en sus declaraciones y se mostró escéptica con el interés del grupo emiratí Taqa de desembarcar en el accionariado de Naturgy, apuntando que el deseo del Gobierno es que en las empresas estratégicas el capital que entre "sea claro, transparente y a ser posible capital español". Montero aseguró que el objetivo del Gobierno "desde el primer momento" es que "no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de algunas compañías que trabajan en el marco de la seguridad nacional y que tienen responsabilidades estratégicas en el país". "Nuestra idea y nuestra tarea es que ojalá haya otros inversores que se puedan incorporar a esta compañía y que, en este caso, la competencia es lo que tiene que determinar cuál va a ser el resultado final", añadió.

Por su parte, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, aprovechó su presencia en la reunión de primavera del FMI en Washington (Estados Unidos) para señalar que "en España tenemos una visión muy clara respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos para ello". En este sentido, admitió que en el caso de Naturgy "no solo es la empresa, es un sector particularmente importante hacia delante, donde tenemos que ser capa es de conservar ese esfuerzo inversor en las próximas décadas". En este sentido, Cuerpo recordó que hay diferentes formas de garantizar estos intereses: "A veces la protección conlleva la entrada del Estado en las empresas, como es el caso de Telefónica, pero en el de Orange y MasMovil provocó una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento del empleo en España".

Pero Montero y Cuerpo no fueron los únicos ministros que hablaron de este tema. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, valoró "ir fortaleciendo grupos que son estratégicos" para la economía de España, si bien declinó hacer declaraciones al respecto de su postura sobre la operación.

Los movimientos de Criteria

CriteriaCaixa busca proteger a Naturgy, su participada estrella, de las tentaciones del Gobierno para entrar en el capital de empresas estratégicas como en las últimas semanas ha ocurrido con Telefónica o Indra o se ha llegado a plantear con otras como Talgo. Es precisamente en este contexto en el que el hólding de La Caixa -que tiene el 26,7% del capital de Naturgy- ha estado maniobrando con Emiratos Árabes para conseguir un "pacto de cooperación" que permita mantener la estabilidad accionarial en la gasista si cualquiera de los grandes fondos que pueblan su capital decidiera vender, tal y como confirman a elEconomista.es fuentes al tanto de estos movimientos.

El anuncio del pasado mes de enero de que BlackRock compraría GIP, accionista de Naturgy con un 20,6% del capital, hizo que la maquinaria de Criteria para proteger el accionariado de la gasista se pusiese en marcha. Entonces apenas habían pasado un par de semanas desde que el Gobierno había anunciado su intención de tomar hasta el 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ante la llegada de la también saudí STC. El mercado empezaba a vislumbrar la salida de Blackrock, una vez que la operación de GIP estuviese finalizada, y el miedo a la creciente intervención del Gobierno en las empresas privadas tomaba cada vez más cuerpo.

La participación de Criteria en Naturgy es el ancla a los vaivenes accionariales que han sacudido a la gasista en los últimos años y que podrían aumentar si BlackRock saliese del accionariado y un 20% del capital de la compañía tuviese colgado el cartel de se vende sin un comprador claro. La empresa industrial catalana defendió a capa y espada a la energética incluso en el momento en que IFM lanzó su opa, allá por el verano de 2021. Entonces se puso sobre la mesa que el hólding podría llegar incluso al 29,9% del capital, quedándose al borde de la obligación de lanzar una opa, y haciendo de contrapeso al accionista australiano que ya había autorizado el Gobierno.

El visto bueno con condiciones que impuso el Ejecutivo a la llegada de IFM suponía, entre otras cosas, la contención de dividendos y que se garantizase la reinversión, extremos que el Gobierno puso en duda solo año y medio después, cuando fue la propia Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, la que cuestionó la viabilidad del proyecto Géminis que terminó decayendo. Este plan consistiría en la creación de dos compañías cotizadas: una para los negocios regulados (Naturgy Networks) y otra para los liberalizados (Naturgy MarketsCo) y tenía como objetivo impulsar la valoración de Naturgy en bolsa y dar una mayor liquidez a los sus accionistas. Ribera manifestó públicamente en varias ocasiones que "no era el momento" para llevar a cabo este movimiento y que no encajaba con las condiciones impuestas por el Ejecutivo en la operación de IFM, lo que dio al traste con los objetivos que perseguía.

El cierre de puertas de esta operación clave suponía entonces dos problemas: por un lado, los fondos CVC y GIP no tenían excusa para quedarse en el accionariado de Naturgy tras cumplir el tiempo máximo de permanencia que marcan sus vehículos, por lo que la incertidumbre sobre su salida aumentaba, y, por otro, la posibilidad de dar más liquidez al valor y sus accionistas, clave para Criteria, caía en saco roto. La importancia de esta participación para Criteria es tal que Francisco Reynés, el presidente ejecutivo de la compañía, es uno de los hombres fuertes de Isidro Fainé, e incluso su nombre llegó a sonar para sustituir a Marcelino Armenter al frente del día a día de este vehículo inversor. No era el momento. La operación que ahora se fragua a través del fondo emiratí Taqa ya se estaba gestando y un cambio en la cúpula no era la mejor opción para mantener la estabilidad que ahora trata de defender. La llegada de Ángel Simón a la silla ejecutiva de Criteria aceleró los movimientos que ahora se conocen tras un tiempo de standby en los planes inversores del hólding.

Compartir accionariado

El Estado y Criteria ya comparten accionariado en otras compañías, como es el caso de Telefónica y CaixaBank, pero su estructura o la forma en que llegaron no es comparable. En el caso de la teleco, Criteria lleva años dando pasos adelante para ganar peso en el accionariado y era, hasta hace apenas unos días, su primer accionista. Fue esta misma semana cuando el Estado, a través de la Sepi, alcanzó el 5,034% del capital, alantando al hólding –si se suma la participación de Criteria y la de CaixaBank (un 2,511%), seguiría siendo el primer accionista–. El propio Fainé es consejero dominical y vicepresidente de la compañía, lo que le asegura el control de las decisiones del máximo órgano del Telefónica. Además, y pese a que la voluntad del Gobierno es conseguir una silla en el consejo de la teleco, este hecho todavía no se ha producido, por lo que el Estado no está representado en este órgano.

Párrafo aparte merece el caso de CaixaBank, en la que Criteria (31,9% del capital) y el Estado, en este caso a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido como FROB (17,32%), comparten accionariado y consejo de administración. Esta situación fue sobrevenida como consecuencia de la fusión de CaixaBank y Bankia en 2021.