La quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos hizo temblar los cimientos de una parte de las entidades financieras europeas –en su mayoría, cajas de ahorros– hace más de una década como consecuencia de una crisis de solvencia que les colocó en terrenos pantanosos. Entonces, una quincena de Estados de la Unión Europea se vieron obligados a salir a su rescate a través de diversos instrumentos financieros, llegando a tomar participaciones en su capital de forma temporal –como exigían las ayudas de Estado de la Comisión Europea– desde 2008 y, salvo contadas excepciones, siguieron hasta 2015 con motivo de la crisis de deuda soberana. Pero, ¿cómo están estas participaciones quince años después de los primeros rescates?
Apenas la mitad de los países han conseguido deshacerse de esta inversión en su totalidad y algunos de ellos ni siquiera han empezado este camino. En un punto intermedio están gran parte de las operaciones, entre ellas la de España en el caso de CaixaBank –heredada de las antiguas cajas de ahorros que pasaron a manos de Bankia–. Pero la reciente venta por el Gobierno italiano de una parte de Monte dei Paschi, la venta por parte de Holanda de una porción de su participación en ABN AMRO y la salida parcial del Banco Nacional de Grecia del Fondo Helénico de Estabilidad han vuelto a poner este tema sobre la mesa.
Empezando por el caso español, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ostenta actualmente un 17,32% de CaixaBank, una participación valorada a precio de mercado en unos 5.000 millones de euros. Este porcentaje fue el obtenido tras la fusión de la propia caja catalana y Bankia, de la que el Estado ostentaba un 61,8% como consecuencia de la fusión de un grupo de cajas de ahorros regionales que recibieron ayuda pública, como Banco Mare Nostrum (BMN) hasta los años 2012 y 2013. El Gobierno vendió una participación del 7% en Bankia en diciembre de 2017. El plazo para que el Estado salga de CaixaBank se ha alargado en varias ocasiones y actualmente se extiende hasta el 26 de diciembre de 2025, tal y como se acordó en el Consejo de Ministros de diciembre de 2022, si bien se puede prolongar llegado el momento si se considera necesario. Y es que la estrategia de desinversión está orientada a maximizar el rendimiento de la venta de la participación, optimizándose así la recuperación de ayudas públicas. En este sentido, desde el FROB señalan que para conseguir este objetivo es "fundamental un seguimiento cercano y una experiencia y conocimiento profundo del mercado de capitales". Por ello, cuentan con asesores externos que ayudan en la toma de decisiones.
España ha comenzado así a hacer los deberes, pero todavía queda camino por recorrer para liquidar unas ayudas que se concibieron como "temporales" y que ya duran en algunos casos más de quince años. Las diferencias en la forma de desinvertir estas porciones del capital de diferentes bancos se dejan ver entre países y también dentro de la misma nación.
Alemania entró en el capital de dos bancos en el año 2008, al inicio de estos movimientos. El primero fue Deutsche Pfandbriefbank, filial de Hypo Real Estate, que se dedicaba principalmente al mercado hipotecario. El Gobierno alemán llegó a tener un 20% de sus acciones y en el año 2015 vendió gran parte de ellas a inversores institucionales hasta quedarse en el 3,5%. La desinversión se cerró en 2021. Lo mismo ocurrió con HSH Norbank, en el que entraron varios gobiernos regionales en 2009 que terminaron volviendo a privatizarlo apenas nueve años después. En cambio, el país que encabeza Olaf Sholz todavía mantiene una participación del 16% en Commerzbank como consecuencia del salvavidas lanzado en 2008 a Dresdner Bank, luego adquirido por este gigante financiero.
En el mismo año 2008, Gobiernos como el suizo o el británico también entraron en sus bancos de referencia. El país helvético adquirió bonos convertibles de UBS –que recientemente se vio obligado, pero consiguió venderlos tan solo un año después. Por su parte, Gran Bretaña también se vio obligada a entrar en Northern Rock, entidad posteriormente vendida a Virgin y que ahora opera bajo el nombre Virgin Money. También salió de Lloyds a través de dos colocaciones aceleradas de su 43% del capital entre 2013 y 2014. Eso sí, todavía mantiene un 39% de Natwest –antes Royal Bank of Scotland– tras vender gran parte de su participación original del 84% desde 2015 a través de diversas vías. Hace sólo unos meses, el Gobierno confirmó que explorará la posibilidad de una venta de acciones a inversores minoristas junto con otros métodos de venta hasta liquidar la posición para abril de 2026.
Irlanda, por su parte, ha conseguido desenfangarse de su participación en algunos de los bancos rescatados, si bien todavía sigue en el accionariado de otros. El primero de los casos es el de Bank of Ireland, del que salió recientemente tras llegar a tener un 13,9% del capital, y el segundo el de otros como AIB Group (mantiene el 41%) o Permanent TSB (todavía ostenta el 57%).
Grecia completó la desinversión de EuroBank hace apenas unos meses, en octubre de 2023, y apenas unas semanas después hizo lo propio con el porcentaje de capital que todavía ostentaba en Alpha Bank a través del Fondo de Estabilidad Helénico (HFSF, por sus siglas en inglés). En cambio, todavía mantiene en cartera un 18% del National Bank of Greece, del que vendió otro 22% el pasado noviembre; y un 26% de Piraeus Bank, rescatado en 2012 y del que espera deshacerse de su 26% actual antes de que termine 2025.
La vecina Portugal, por su parte, mantiene un 12% del capital de NovoBanco, el banco bueno que surgió de la resolución del Banco Espírito Santo. Después de un primer intento de venderlo en 2015, Lone Star firmó un acuerdo para adquirir el 75% del capital en octubre de 2017. El 25% restante restante quedó en manos del Fondo de Resolución (financiado por el sistema bancario). Desde 2021, el banco ha estado convirtiendo los DTA generados por las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en efectivo, lo que obligó al banco a emitir nuevas acciones a favor del Gobierno. LoneStar estaba protegido de la dilución, por lo que el fondo de resolución es el que ha rebajado su posición. En septiembre de 2023, el fondo de resolución poseía una participación del 13% y el Gobierno un 12%. En los últimos meses se ha especulado con la venta de la entidad y se ha llegado a poner sobre la mesa el nombre de CaixaBank como un posible interesado, si bien la operación de salida de LoneStar se habría enfriado en 2023 y podría retomarse este año.
También hay quien todavía no ha movido ficha con esta participación. Es el caso de Bélgica, que mantiene intacta su participación del 100% en Belfius Banque –antes Dexia Bank Belgium– para el que existía un plan de IPO (oferta pública inicial) que fue paralizado con la irrupción de la pandemia del Covid-19 durante 2020.
Holanda también mantiene el 100% de De Volksbank, participación heredada del rescate del antiguo SNS. El Gobierno neerlandés pretende salir definitivamente del banco y recuperar su inversión de 2.700 millones de euros. Hasta ahora, ha recibido 1.290 millones en forma de dividendos y distribuciones, de acuerdo con la información pública disponible.
¿Por qué no han desinvertido?
Una de las grandes preguntas que se plantean es por qué la mayor parte de los países todavía mantiene estas participaciones inicialmente concebidas como temporales más de quince años después de comenzar a tomarlas. Por un lado, se produjo un retraso en el saneamiento de la calidad de los activos de las entidades en los primeros años, más en aquellas geografías que optaron por no crear bancos malos.
Al mismo tiempo, las débiles condiciones económicas imperantes durante muchos años tampoco ayudaron a llevar a cabo este tipo de procesos que a menudo eran "excesivamente complejos", como es el caso de NatWest, recuerdan desde S&P.
Todo ello, en un momento en que la actividad se veía afectada por los tipos de interés cero o negativos y en los que se produjeron nuevas reestructuraciones bancarias. Como consecuencia de la adaptación de la regulación, los bancos centrales elevaron entonces las exigencias de capital, impidiendo las titulizaciones y tirando a la baja de las valoraciones del sector que ya llevaba años sufriendo, consecuencia que todavía se arrastra hasta día de hoy.
A ello se suman todo tipo de consideraciones políticas, que van desde evitar cristalizar pérdidas en su inversión –sólo la salida de Irlanda del Banco de Irlanda se ha realizado con beneficios– al impacto que este tipo de movimientos tendrían sobre unas elecciones y el cruce de estas fechas con las ventanas de venta del mercado.
Además, los gobiernos no son "vendedores en apuros", como los califican los analistas, pues pueden permitirse esperar a salir de una compañía gracias a los empujones hacia adelante que se le han dado a los deadlines con los que nacieron este tipo de ayudas de estado hace más de 15 años.
¿Habrá más?
Los analistas de S&P mantienen la posibilidad de que se realicen más desinversiones, más si cabe en un momento en que las cuentas de las diferentes entidades han mejorado con el alza de tipos de interés que comenzó hace más de un año. Los balances están saneados, se ha completado gran parte de la reestructuración y las perspectivas de beneficios son más halagüeñas, lo que ha mejorado las condiciones para que los Gobiernos reduzcan las participaciones bancarias o las abandonen por completo.
¿Cómo hacerlo? Esa es una de las grandes cuestiones que valoran los diferentes Estados y que van desde una OPV (oferta pública de venta), a una venta directa a otro actor del mercado –como pudo ser en su momento la operación de Bankia y CaixaBank– o una recompra de capital por parte del propio banco.
Cambios en la forma de actuar
Los largos periodos por los que gran parte de los Estados han mantenido estas participaciones que se diseñaron como temporales y los inciertos resultados económicos asociados a los rescates bancarios son las principales razones por las que las autoridades europeas consideran ahora la resolución como la respuesta adecuada a la quiebra de bancos de importancia sistémica en vez de este tipo de rescates.
Así, por ejemplo, si UBS no hubiera comprado Credit Suisse en marzo, las autoridades suizas estaban dispuestas a rescatar al grupo como hicieron con UBS en 2008. Sin embargo, apostaron por la liquidez, con un acuerdo respaldado por el Gobierno que ha demostrado su valor para respaldar a Credit Suisse y ha puesto sobre la mesa una nueva opción.