ENERGÍA

Repsol avanza en España con uno de los mayores proyectos hidroeléctricos del país. La compañía ha sido incluida dentro de los Proyectos de interés comunitario (PCI) para ampliar la potencia de la central hidráulica de Aguayo (Cantabria). La votación para la decisión de estos proyectos se produjo esta misma semana y se espera que el listado definitivo se publique el próximo mes de noviembre.

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Enagás ha puesto en marcha este fin de semana una operación para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento del gasoducto que une León y Oviedo en su trazado entre los Términos Municipales de Villamanín y Campomanes (Lena). Esta medida implicará la indisponibilidad de transporte entre esas dos posiciones, hasta la madrugada del próximo martes 31 de octubre.

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La Comisión Europea entra en terreno desconocido en sus políticas contra el cambio climático. El Ejecutivo comunitario afronta su primer arbitraje internacional por un presunto incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo internacional que se están dando ya pasos para abandonar por los riesgos que puede suponer las políticas de cambio climático, ante el Banco Mundial.

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Cobra pisa el acelerador en España en el segmento de las energías renovables. La compañía, filial de la francesa Vinci, ha llegado a un acuerdo con Natixis CIB y Santander para una financiación por valor de 700 millones de euros destinada al desarrollo, construcción, puesta en marcha y explotación de un proyecto fotovoltaico compuesto por 21 plantas solares con una capacidad total de 1.231 MWp en España. Grupo Cobra, a través de la sociedad Spanish Portfolio S.L, será la encargada de desarrollar esta cartera de fotovoltaica.

El acuerdo entre PSOE y Sumar para prorrogar el impuestazo aplicado a energéticas y banca subleva al empresariado. Repsol, primera petrolera del país, ha escalado el tono desde la crítica al tributo y avisos sobre los riesgos a un amago de deslocalizaciones. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de la petrolera en España", avisaba esta semana su consejero delegado, Josu Jon Imaz, tras denunciar que "favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante" en el país frente a los que sí lo hacen.

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La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Industria, Héctor Gómez se han reunido hoy con los representantes de la cadena de valor del sector eólico en plena crisis de Siemens Gamesa y GE Wind. La eólica supone una aportación de 1.028 millones de euros anuales al PIB español y una parte de la misma se encuentra ahora mismo en serio peligro.

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Repsol y Telefónica quieren acelerar el proceso de descarbonización del sector eléctrico. La petrolera y la operadora acaban de lanzar una oferta para impulsar su programa Solar 360 -la alianza de ambas empresas para el autoconsumo- con una oferta que puede llevar a descuentos de hasta 500 euros en saldo Waylet.

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EDP y Corporación Masaveu van a reforzar la capacidad de generación eléctrica con gas en España. Ambas compañías han llegado a un acuerdo para la conversión a de la central térmica de Aboño en una central de gas. La decisión de la inversión ya es firme y la central reconvertida estará en funcionamiento en 2025. De este modo, EDP anticipa su objetivo de abandonar el carbón y refuerza su compromiso con Asturias ampliando el calendario de funcionamiento del grupo de la mano de un socio industrial con fuerte implantación regional.

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Una delegación de la Federación de Industria de UGT, encabezada por su secretario general, Mariano Hoya, y por el secretario del Sector de Bienes de Equipo y TIC, Mikel Zarandona, se ha reunido de urgencia con el ministro de Industria, Héctor Gomez, a quien han transmitido su preocupación por la situación de Siemens Gamesa.

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Repsol planta cara al acuerdo entre PSOE y Sumar y asegura que puede deslocalizar inversiones previstas en España. La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, asegura la petrolera "castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En cambio, favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. En consecuencia, la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de la petrolera en España".