El acuerdo entre PSOE y Sumar para prorrogar el impuestazo aplicado a energéticas y banca subleva al empresariado. Repsol, primera petrolera del país, ha escalado el tono desde la crítica al tributo y avisos sobre los riesgos a un amago de deslocalizaciones. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de la petrolera en España", avisaba esta semana su consejero delegado, Josu Jon Imaz, tras denunciar que "favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante" en el país frente a los que sí lo hacen.
Si quedaban dudas, dejó claro que Repsol analizará la situación "antes de tomar una nueva decisión de inversión" en un encuentro con inversores internacionales.
"Cuando vemos impuestos a la carta, que generan una inestabilidad total y son impuestos porque sí, las empresas tienen el derecho de buscar los espacios adecuados", avaló ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
En la bancada del sector financiero, el otro sector afectado por un tributo diseñado en origen para el bienio 2023 y 2024 como "extraordinario" y que ambas industrias han llevado a los tribunales, la mayor enmienda llegó desde CaixaBank, el mayor banco del país y con el Estado en su accionariado a través del 16% controlado por el Frob.
"Gravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie porque es el aparato circulatorio de la economía", avisó ayer su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, e identificó dos grandes riesgos: que dañe al crédito y ahuyente al inversor, que en banca entra sabiendo que es un sector cíclico con épocas de atractivas rentabilidades y malos ciclos.
"Si lo que hacemos es penalizar a las grandes empresas, lo que estamos haciendo es, de nuevo, pegarnos un tiro en el pie", explicó en términos más generales y con el argumento de que el país necesita mejorar la productividad, sobre todo si como PSOE y Sumar quieren, se reducirá la jornada laboral, y eso sólo lo empujan las grandes corporaciones.
Con matices o diferentes tonos, el anuncio ha movilizado de nuevo a ambas industrias en su contra durante las presentaciones de resultados. "Yo quiero que este impuesto se elimine", confesó el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, quien volvió a criticar que es discriminatorio e injusto y afectará de "manera importante" al crédito en el momento en que los tipos de interés vayan a la baja.
César González Bueno, CEO de Sabadell, eludió comentar al respecto, pero puso sobre la mesa unos datos claves que desmontan el argumento de que es necesario gravar los ingresos extraordinarios: "No son beneficios que se puedan considerar excesivos porque no remuneran aún el coste de capital".
En el lado de las patronales, CECA y AEB ya mostraron su disconformidad con esta medida en el momento en que se puso sobre la mesa este impuesto y en esa misma línea se pronunció el consejero delegado de ING, pese a ser una entidad que no está penalizada por el impuesto. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, señaló en una reciente entrevista que "está basado en dos falacias sobre los tipos de interés y el rescate bancario".
Se trata de un tributo recurrido en tribunales por ambos sectores, patronales y compañías, y su extensión sin análisis previo va contra la misma regulación que lo diseñó, ya que exige un estudio previo en su artículo 2.12. Ahí debería tener en consideración el dictamen contrario emitido por el BCE.
"No vemos razones objetivas y no es el momento de detraer recursos del sector, que está inmerso en una transformación sin precedentes que requiere de inversiones ingentes, mientras asegura el suministro energético", expusieron desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), reiterando su rechazo.
Desde la Aelec, asociación que representa a las grandes eléctricas, volvieron a denunciar que es un gravamen "discriminatorio e injustificado que penaliza a un sector fundamental y estratégico en España, el eléctrico, clave para impulsar el necesario cambio de modelo energético tanto a nivel nacional como europeo". Reprueba que es "único" en Europa, adolece de "incoherencia fiscal" y afecta a las inversiones renovables.
Murcia y Cantabria defienden a Repsol
La posibilidad de convertir en permanente el impuesto zarandea también el terreno político. El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Ejecutivo de Cantabria, Eduardo Arasti, salieron ayer en apoyo de Repsol y expresaron temor porque reduzca sus inversiones en las regiones.
"El Gobierno de la Región de Murcia está a su lado, cuentan con todo nuestro apoyo institucional, administrativo y político para que sigan ayudándonos a que esta tierra crezca, a que Cartagena vaya a mejor y a crear oportunidades, como llevan haciendo durante tantos años", dijo López Miras, atribuyendo la reacción de la petrolera a la "política de asfixia fiscal" de Sánchez.
Desde Cantabria, el responsable de Industria denunció que la fiscalidad e "inestabilidad regulatoria" están "poniendo en peligro" la viabilidad de inversiones estratégicas en la región como la ampliación de la central de bombeo de Aguayo, proyecto impulsado por Repsol con más de 600 millones de presupuesto.
Desde los micrófonos de RNE, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, aseguraba que, "por supuesto, que hay margen" para que banca y energéticas, que están presentando resultados "milmillonarios", realicen una mayor aportación fiscal, mientras que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, mostraba preocupación por las advertencias de deslocalización desde su cuenta de X (antes Twitter).
"En España se pagan más impuestos que nunca, nos endeudamos más que nunca, los intereses de la deuda nos empiezan a ahogar y los ciudadanos pierden poder adquisitivo", apuntó.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, apostó por defender y proteger "nuestros sectores punteros" y la libertad de empresa "frente a las regulaciones", y denunció los "abusivos" impuestos a las clases medias y a las empresas que "son las que crean empleo". "Un Estado no puede aceptar el chantaje de ninguna empresa", rebatió Pepe Álvarez, de UGT, y dijo que le "preocupa extraordinariamente que la patronal pueda ser cómplice" de empresas que amenazan con no invertir en España por aspectos fiscales.
