Los pesos pesados del private equity en España se preparan para asaltar la bolsa y empiezan a preparar ofertas públicas de venta (OPVs) desafiando la sequía y buscando una ventana de liquidez ante la previsible apertura de los mercados en 2024 o principios de 2025. Si la situación lo permite, los fondos podrían protagonizar saltos al parqué por valor de hasta 13.000 millones de euros tras haber cumplido su ciclo inversor en las compañías participadas. Aunque en lo que va de 2023 no se ha producido ninguna salida de relieve (salvo en BME Growth, la bolsa de las pymes), la previsión es que a lo largo del próximo año puedan volver a repicar de nuevo las campanas bursátiles. Aunque el parqué está todavía muy lejos de recobrar el impulso de antaño como vía de desinversión de los fondos, ya hay grandes proyectos en el disparadero. La reactivación de los debuts bursátiles favorecerá que los gestoras aceleren las ventas y la rotación de sus carteras recurriendo de nuevo al parqué para buscar notables plusvalías, siempre que no encuentren mejores valoraciones en el mercado privado.

Ajena a la creciente crispación política y tras culminar 2022 en máximos históricos de ingresos y actividad, la sociedad público-privada Cofides seguirá impulsando la inversión extranjera y de impacto en España de la mano de los dos nuevos vehículos públicos bajo gestión aprobados en junio por el Consejo de Ministros y dotados con 2.400 millones de euros. Se trata del Fondo de Coinversión (FOCO) y del Fondo de Impacto Social (FIS), dirigidos a transformar el modelo productivo y a reforzar el ecosistema de inversión de impacto social y medioambiental. Su puesta en marcha dependerá de cómo se manejen políticamente los tiempos en el proceso de investidura y formación del Gobierno para poder implementar su marco normativo y empezar a formalizar las primeras inversiones.

Los family offices españoles aumentan su apuesta por el capital privado como activo de inversión. Toman el relevo a los inversores institucionales en un escenario donde se ven abocados a reducir su exposición, rebajar sus programas de private equity o incluso vender en un mercado secundario cada vez más boyante.

Las empresas españolas acuden cada vez más a las emisiones en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para diversificar sus fuentes de financiación y cubrir necesidades a corto y medio plazo. Los bonos y pagarés contribuyen a reducir la tradicional dependencia del crédito bancario, pero la escalada de tipos y la incertidumbre sobre su techo están impactando de lleno en el apetito de los inversores por este tipo de deuda. Con las sucesivas subidas del precio del dinero, el MARF ha incrementado el coste de las emisiones por encima del 4% anual y las colocaciones a largo plazo se frenan. La curva de tipos está haciendo que se emita a plazos más cortos -la media está en 2 o 3 meses- y la competencia y rentabilidad de otras alternativas de inversión como las letras del tesoro también generan una presión al alza en las emisiones.

El balance de los expertos consultados por elEconomista.es sobre el nuevo Real Decreto de Inversiones Extranjeras, publicado en el BOE el pasado 4 de julio –apenas 19 días antes de la cita electoral del 23J – es, en grandes líneas, positivo. La norma, que concreta la aplicación del mal llamado escudo antiopas, era muy esperada desde hace más de tres años, cuando en marzo de 2020 se introdujeron las restricciones a la inversión extranjera.