Barcelona
Los fondos acreedores podrán quedarse con Celsa. Tras el juicio celebrado el pasado mes de julio por un conflicto que se prolonga desde el estallido del coronavirus, los tenedores de la deuda pasarán a ser los accionistas de la siderúrgica de la familia Rubiralta tras aplicarse la nueva ley concursal. El juez consideró que la firma no vale los más de 3.000 millones de euros de deuda que acumula, por lo que optó por dar por bueno el plan presentado por el grupo de inversores liderado por Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean junto a Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group.
El juzgado de lo mercantil 2 de Barcelona dictó este lunes la sentencia para homologar el plan de reestructuración propuesto por los acreedores, que contempla la capitalización de la mayor parte de la deuda. Por ello, los fondos pasarán a ser accionistas de la siderúrgica con cerca del 100% del capital, sustituyendo a la saga catalana, que quedará diluida.
El magistrado hizo caso a los argumentos de los acreedores y a Lexaudit, el experto independiente, que consideraban que la valoración de la organización era inferior al pasivo acumulado. Desechó las valoraciones aportadas por la compañía, que cifraban su precio en alrededor de 6.000 millones de euros, tras contratar a Lazard y AZ Capital.
Según el juez, el plan de los fondos "es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa" y, por lo tanto, se aseguraría la viabilidad de la compañía siderúrgica, aunque avisa a los acreedores de que "deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, conservando los puestos de trabajo y sin alterar los centros estratégicos de decisión", según reza la sentancia.
La decisión judicial no sólo es clave para el futuro de Celsa, sino que puede sentar jurisprudencia
Los acreedores de Celsa proponían capitalizar 1.291 millones de euros de la deuda tomando el control de casi el 100% de las acciones de la empresa catalana. El resto del pasivo se refinanciará y se canalizará a través de una sociedad con sede en Luxemburgo, que será parte del grupo. Cabe recordar, además, que con la nueva ley concursal, la sentencia no es recurrible.
Un hito para el mercado
La decisión judicial llega un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal y marca un hito en el mercado español, que miraba con máxima expectación el caso de Celsa y la decisión final en cuanto a la homologación del plan de reestructuración que los acreedores habían solicitado imponer a la empresa y a la familia Rubiralta.
Las fuentes consultadas por el elEconomista.es indican que "se trata de una de las decisiones judiciales más esperadas tras el verano y, probablemente, servirá como referente para valorar las posibilidades que ofrece la nueva Ley Concursal como instrumento para operaciones de M&A". La decisión del juez no sólo es de suma trascendencia para el futuro de Celsa, sino que también puede sentar base de jurisprudencia.
La sentencia advierte a los fondos de que "deben preservar el valor de Celsa, conservando el empleo y centros de decisión"
Otras compañías pueden tomar nota del riesgo de tensar la cuerda cuando la empresa tiene dificultades financieras, en lugar de impulsar reestructuraciones tempranas negociadas, tal y como recoge el espíritu de la Ley Consursal. El nuevo marco normativo, recuerdan las mismas fuentes, nació con el propósito de "dotar de más herramientas a las compañías españolas y a sus acreedores para acometer procesos de restructuración de forma organizada y preventiva, buscando el consenso y con el fin de desjudicializar los procesos concursales".
En la operación, Celsa ha contado con el asesoramiento de Cortés Abogados, mientras los fondos han recurrido a Gómez-Acebo & Pombo, asesores de los acreedores durante todo el proceso, a Latham & Watkins y Cuatrecasas.
Celsa, considerada una empresa estratégica española, es la cuarta compañía catalana por cifra de negocio y la primera de capital familiar. El grupo genera 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, con una facturación de 6.084 millones de euros el año pasado y un resultado bruto de explotación de 867 millones.