España no puede soportar más aumentos del gasto público como los utópicos 96.000 millones de euros extra al final de la legislatura en 2019, que Podemos plantea en su propuesta de programa de gobierno. La realidad es que la crisis económica ha disparado con fuerza el gasto público, hasta unos niveles de complicada sostenibilidad, según confirman las estadísticas de los Presupuestos Generales del Estado Consolidados, que publica el Ministerio de Hacienda.

La economía de la eurozona creció el 0,3 por ciento en el último trimestre de 2015, idéntica tasa que en el trimestre precedente, lo que significa un estancamiento del ritmo de avance de los diecinueve países miembros de la moneda única. La débil expansión de Alemania (alza del PIB del 0,3 por ciento intertrimestral) respondió a las previsiones de los analistas, mientras que Francia (creció el 0,2 por ciento) y, sobre todo, Italia (nimio aumento del PIB del 0,1 por ciento) decepcionaron las expectativas, añadiendo de paso preocupación sobre la ralentización del continente.

Burocracia de calidad, sistemas efectivos de compras públicas, participación ciudadana en la toma de decisiones y aprendizaje sobre las políticas públicas son los cuatro grandes desafíos que tiene América Latina en los próximos años. Así lo desgrana Pablo Sanguinetti, economista jefe de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, para quien la gestión y el control del sector público es vital para que el continente crezca, cree empleo y desarrolle políticas de inclusión social. "Los Estados deben mejorar la efectividad de las intervenciones públicas y así promover el desarrollo", sostiene Sanguinetti, quien destaca México y Chile como los países más avanzados en este terreno. El también director corporativo de CAD llama la atención a España sobre las oportunidades de negocio que para las empresas -sobre todo de consultoría- se abren en toda Iberoamérica.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) coincidieron ayer en alertar al próximo Gobierno sobre la urgencia de controlar el gasto público, para asegurar que se cumple la senda de reducción del déficit y de contención de la deuda exigida por Bruselas. De lo contrario, peligraría la sostenibilidad de las finanzas públicas de España y, en consonancia, se pondría en riesgo la recuperación.

Pedro Sánchez quiere ser presidente del Gobierno de España. Esta afirmación puede sonar a verdad de perogrullo, pero en modo alguno es baladí. El sábado pasado, el líder de los socialistas decidió poner su suerte en manos de los militantes de su partido en un intento desesperado por ganar tiempo para llegar a un eventual pacto de gobierno con Podemos que le conduzca a la Moncloa. La maniobra de Sánchez cogió con el pie cruzado a los barones territoriales del PSOE y acalló momentáneamente el ruido de sables internos en el comité federal.