La regulación nacional de una industria tan sensible como el tabaco ha mantenido desde hace décadas una relación jurídica compleja con la preservación del mercado interior europeo y español, basado en la ausencia de distorsiones competitivas de origen público y privado. Se trata de un ejemplo paradigmático del delicado engranaje constitucional que atribuye a la libertad de empresa, más allá de su carácter de derecho individual, la vocación general de promover la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales y, a la vez, permite su coexistencia con otras “razones imperiosas de interés general”. El equilibrio definido tanto por el ordenamiento jurídico europeo como por el español consiste en ponderar aquellas libertades económicas integradoras del mercado con estos objetivos de interés general, como la protección de la salud, los consumidores, el medioambiente, la cultura o la seguridad social. Ambos intereses se ponderan mediante un análisis casuístico de proporcionalidad que examina si la regulación es adecuada y no excede de lo necesario para lograr el objetivo contrapuesto a la libertad económica.