Parecía que, pese a las disensiones e incluso odios internos, el pacto entre los neoconvergentes de JxCat y ERC no iba a romperse jamás. La presión entre socios para apuntalar su posición bajo el manto del independentismo ha hecho que durante casi ocho años se haya mantenido una más que forzada unidad. Hasta que a principios de semana todo soltó por los aires y Quim Torra ha dicho este miércoles que se acabó.
La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido este jueves sancionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 500 euros de multa por su entrevista con contenido "electoralista" desde Moncloa en la campaña del 10-N. El también líder socialista se enfrentaba a una multa máxima de 3.000 euros. El órgano también ha decidido castigar a la ministra de Educación, Isabel Celaá, con 2.200 euros de multa por sus declaraciones también de corte electoralista como portavoz del Ejecutivo desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros antes de los comicios.
Tezanos evita preguntar directamente por el pacto Sánchez-Iglesias
El mes siguiente a las elecciones del 10 de noviembre PSOE y Unidas Podemos habrían mantenido los resultados de los comicios tras conocerse que ambos se embarcaban en un Gobierno de Coalición. Así se desprende del estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas elaborado a lo largo de diciembre y publicado este jueves.
ERC convoca al 'Consell' Nacional el día 2 de enero para decidir si se abstiene
La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes que el líder de ERC condenado por el procés Oriol Junqueras pueda desplazarse tanto al Congreso (sede de la Junta Central Electoral) como al Parlamento Europeo para poder acreditarse y ejercer como eurodiputado, en tanto se solicita a la Eurocámara "a la mayor brevedad posible" que se le retire la inmunidad que le confiere esa condición. Aunque la decisión última la debe adoptar el Tribunal Supremo, el órgano dependiente del Ministerio de Justicia se posiciona de manera favorable a las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la negociación con los republicanos por la investidura. Con todo, la Abogacía no pide tanto que Junqueras quede en libertad -como exige ERC- como que pueda acudir custodiado por la Policía a estos trámites y después regrese a prisión.
Durante todo el juicio del procés fue comentario habitual que Manuel Marchena y los otros magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo celebraban las sesiones mirando de reojo a un retrovisor en el que veían a la justicia europea. Era una manera de decir que el tribunal quería extremar el celo ante el hecho de que los independentistas acusados encontrasen una mínima falla que llevar los tribunales europeos. Sin embargo, pese a este especial cuidado de Marchena y los suyos, el diablo está en los detalles y ha sido una cuestión, a priori técnica, la que ha estallado dos meses después de la sentencia.
El vendaval político que se esperaba con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, ya está aquí. ERC ha anunciado que congela las negociaciones con el PSOE relativas a la investidura de Pedro Sánchez hasta que exista un posicionamiento claro al respecto del Gobierno en funciones. Moncloa ha respondido con cautela llamando al "diálogo" pero sin anticipar ninguna decisión.