Durante todo el juicio del procés fue comentario habitual que Manuel Marchena y los otros magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo celebraban las sesiones mirando de reojo a un retrovisor en el que veían a la justicia europea. Era una manera de decir que el tribunal quería extremar el celo ante el hecho de que los independentistas acusados encontrasen una mínima falla que llevar los tribunales europeos. Sin embargo, pese a este especial cuidado de Marchena y los suyos, el diablo está en los detalles y ha sido una cuestión, a priori técnica, la que ha estallado dos meses después de la sentencia.
En pleno desarrollo del juicio, Oriol Junqueras fue elegido eurodiputado en las elecciones del 26 de mayo. Al igual que tras las elecciones generales del 28 de abril, el líder de ERC, en prisión provisional, pidió a través de su defensa poder salir de la cárcel para acreditarse y tomar posesión del cargo. Poco antes, él y otros presos habían sido escoltados al Congreso para jurar como diputados.
Mediado ya junio y con el juicio recién visto para sentencia, Marchena hizo caso a la Fiscalía y no a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno y que se mostraba partidaria de que Junqueras asumiera el cargo, y declinó la petición. No obstante, transcurridos varios días, a raíz de un recurso de los abogados de Junqueras -Europa seguía en el retrovisor-, decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) preguntando, en esencia, si habían obrado correctamente.
En lugar de dilatar la sentencia hasta que el tribunal radicado en Luxemburgo se pronunciase sobre Junqueras, se corrió el riesgo de emitirla para no postergar más el proceso -la prisión provisional de varios de los presos ya iba a superar los dos años-. En vez de esperar a que el tribunal europeo dictaminase que Junqueras tenía inmunidad desde que el 13 de junio la Junta Electoral Central (JEC) publicase los resultados de las europeas y pedir el suplicatorio pertinente a la Eurocámara -esto daba pie a una eventual libertad de Junqueras-, se dio paso a la sentencia dejando atrás el cabo suelto de la cuestión prejudicial.
Es más, a las pocas semanas de conocerse la sentencia trascendió que Marchena suspendía la inhabilitación de Junqueras -no la pena de prisión- hasta que el TJUE se pronunciase sobre la inmunidad. Algo que a priori podía descolocar a quien siguiera el proceso judicial.
El resultado final ha sido que tanto tacto no ha evitado lo que más se temía: una decisión europea que no cuestiona el Estado de Derecho pero sí enmienda la plana a los tribunales domésticos y deja una victoria simbólica a los independentistas: Junqueras queda como 'mártir' y Puigdemont tiene más a su alcance un nuevo comodín. Por si esto fuera poco, tras el revés de Luxemburgo, Europa, en este caso Estrasburgo, sigue en el retrovisor.
