La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes que el líder de ERC condenado por el procés Oriol Junqueras pueda desplazarse tanto al Congreso (sede de la Junta Central Electoral) como al Parlamento Europeo para poder acreditarse y ejercer como eurodiputado, en tanto se solicita a la Eurocámara "a la mayor brevedad posible" que se le retire la inmunidad que le confiere esa condición. Aunque la decisión última la debe adoptar el Tribunal Supremo, el órgano dependiente del Ministerio de Justicia se posiciona de manera favorable a las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la negociación con los republicanos por la investidura. Con todo, la Abogacía no pide tanto que Junqueras quede en libertad -como exige ERC- como que pueda acudir custodiado por la Policía a estos trámites y después regrese a prisión.
Así se expresa la Abogacía en un escrito de alegaciones al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 16 páginas y firmado por la letrada Rosa María Seonae, representante del órgano durante el juicio del procés y defensora de la acusación por sedición que finalmente se impuso en la sentencia. En dicho escrito, que mantiene las tesis que la Abogacía ya defendió en junio, la misma descarta que el veredicto de Manuel Marchena y los otros magistrados del Supremo sea nulo.
El tribunal ubicado en Luxemburgo respondió el pasado 12 de diciembre a la cuestión prejudicial planteada por el propio Tribunal Supremo español que Junqueras debió gozar de inmunidad parlamentaria desde el momento en que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio, por lo que debería haber podido salir de prisión provisional y desplazarse al Parlamento Europeo para recoger su acta.
Los Servicios Jurídicos del Estado mantienen así una posición discrepante a la de Fiscalía, institución que el mismo día en que se conoció el fallo del TJUE alegó que ya no cabe aplicar la inmunidad en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme.
La decisión del órgano de Justicia se acopla a las 'necesidades' políticas del Ejecutivo en funciones tras advertir ERC que solo mantendría las negociaciones con el PSOE para la investidura si la Abogacía se pronunciaba con un criterio favorable a Junqueras. Los republicanos iban más lejos y pedían la nulidad del juicio del procés. Sin embargo, todas las previsiones apuntaban ya a que la Abogacía no llegaría tan lejos.
En las próximas horas llegará la valoración política a este escrito. ERC celebra este lunes por la tarde una Ejecutiva en la que se hará una primera valoración del paso dado por la Abogacía. Se supone que el mismo es el remate a las negociaciones entre PSOE y republicanos, si bien estos últimos tienen que celebrar también un Consell Nacional para ratificar el acuerdo de investidura. En función de estos trámites la investidura podrá ser antes de Reyes, como quiere el PSOE, o después de las vacaciones de Navidad.
Los efectos de la inmunidad
La representación del Estado subraya que la sentencia europea da una serie de claves para entenderlos efectos que la inmunidad reconocida a Junqueras debe producir. El escrito, entiende que, según la resolución del TJUE, esos efectos no deben limitarse a permitir al eurodiputado electo desplazarse al Parlamento Europeo para tomar posesión de su cargo, sino que la inmunidad reconocida tiene como finalidad expresa que los miembros de esa Cámara "puedan dar cumplimiento a su misión", según el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que invoca Luxemburgo.
Según la Abogacía, es el Supremo el que debe decidir la forma en la que se haga posible que Junqueras desempeñe esa misión, que no se circunscribe únicamente a ese desplazamiento, sino que implica "el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario".
Una doctrina "novedosa y compleja"
El escrito recuerda que el derecho europeo forma parte de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, que están obligados a respetarloya que tiene primacía sobre los derechos nacionales. Esto supone que, en caso de conflicto entre una norma nacional y una disposición o un acto de una institución europea, los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar la disposición europea.
La Abogacía califica de "novedosa y compleja" la nueva doctrina de Luxemburgo sobre la inmunidad de los europarlamentarios. Asegura al mismo tiempo que la sentencia del TJUE permite concluir que la actuación del Tribunal Supremo se ha acomodado a la jurisprudencia europea hasta este momento. Y sostiene que el planteamiento de la cuestión prejudicial por el alto tribunal español "supuso un acertado ejercicio que tiene el órgano jurisdiccional nacional para garantizar una interpretación uniforme del derecho de la Unión".
Reacciones desde el independentismo
La eurodiputada de ERC Diana Riba ha defendido que el escrito de la Abogacía del Estado es "sencillamente aplicar el sentido común". En una publicación en Twitter recogida por Europa Press, ha pedido al Supremo que acate la sentencia del TJUE y aplique "el sentido común" tras el escrito de la Abogacía.
"Es, sencillamente, acatar la sentencia del TJUE. Es, simplemente, aplicar el sentido común. Esperemos que el Supremo también acate la justicia europea y también aplique el sentido común. El día 13, la Eurocámara debe volver a tener 751 diputados", ha manifestado.
Por su parte, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante el procés, Carles Puigdemont, ha publicado un tuit en el que recuerda al Supremo que "debería haber permitido" a Junqueras recoger su acta de eurodiputado "al día siguiente de las elecciones" y señala que "es lo que dice el TJUE", justo en la jornada en la que la Abogacía del Estado ha presentado su escrito pidiendo que "pueda recoger el acta e ir a Bruselas".
"Es lo que dice el TUE y es lo que el TS debería haber permitido desde el día siguiente de las elecciones. Van muy tarde. #LlibertatPresosPoliticsiexiliats. La Abogacía defiende que Junqueras pueda recoger el acta e ir a Bruselas", dice en catalán en su perfil oficial de Twitter.
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