El Tribunal de Justicia de Estrasburgo ha tomado una decisión jurídica de transcendencia política. Ha dado alas a los independentistas catalanes para pedir la salida de Junqueras y otros dirigentes de la cárcel y la entrada de Puigdemont en España con inmunidad parlamentaria europea.
Pero la inmunidad no significa que no se pueda juzgar a un Diputado, sino que la Cámara correspondiente debe dar la aprobación para iniciar un proceso judicial. Lo que debería haberse hecho es pedir ese permiso una vez elegidos eurodiputados, porque según dice la sentencia ya tienen entonces los derechos como tales, aunque no hayan tomado posesión del cargo.
El Tribunal Supremo español puede decir que la jurisprudencia sobre el asunto no estaba clara y, por tanto, mantuvo los procesos e, incluso, dictó sentencia firme, sin esperar a la cuestión pre-judicial que ha dictado Estrasburgo. Con todo ello se ha creado un embrollo jurídico de difícil solución ¿Qué debe prevalecer, la Justicia española o decisión europea? Los juristas buscarán una solución. Pero como pasa con todo lo relacionado a la abogacía seguro que habrá dictámenes en un sentido y en otro, fundados en sólidas doctrinas legales.
Por eso los independentistas catalanes argumentan que la solución es política y que la interpretación de las consecuencias de la decisión europea debe conducir de inmediato a la excarcelación de sus dirigentes y su libre tránsito por el territorio europeo y, por tanto, el español.
Otros juristas podrían decir que lo conducente es pedir el suplicatorio al Parlamento de Bruselas. Algo que no se hizo en su momento por falta de jurisprudencia clara, pero que se puede hacer a hora con efectos retroactivos dada la confusión de doctrinas en el momento del procesamiento. Como Presidente que fui de la Comisión de Suplicatorios del Congreso (1979/82) mi experiencia dice que esas votaciones, salvo casos muy determinados, tienen carácter político. Por ejemplo, entonces, en el caso de Letamendia, Castell y Monzón, la UCD votó por permitir su procesamiento por apología del terrorismo, mientras otros grupos parlamentarios votaron en contra por razones políticas. Además, el debate de los suplicatorios de los europarlamentarios independentistas ahora actuaría como caja de resonancia europea en relación a la llamada cuestión catalana, que muchos políticos definen como "entre catalanes", europeizando un conflicto que es solo español. Algo que no parece conveniente para los intereses de todos los españoles.
El debate de los suplicatorios amplificaría el conocimiento en Europa del 'procés'
Por otra parte, seguro que eminentes juristas pueden argumentar que debe prevalecer las decisiones de la Justicia española. Entre otras cosas porque, elegidos los parlamentarios europeos, la Cámara de Bruselas no indicó nada al respecto en el juicio a los protagonistas del procés y, de hecho, hasta negó la entrada de Puigdemont a su edificio.
Con todas estas posibilidades ERC ha decidido congelar sus negociaciones con el PSOE cara a la investidura sine die, hasta que el Gobierno tome una decisión al respecto. Estrasburgo ha dado una interpretación a la cuestión pre-judicial de gran repercusión política. La Justicia (en Estrasburgo), en este caso es Política (en Madrid y Barcelona).
Acercarse a Arrimadas sería una solución rápida para dotar a España de Gobierno
Este sábado tiene su Congreso Esquerra Republicana de Cataluña y en el mismo habrá alusiones al dictamen de Estrasburgo; es difícil que no prevalezca la decisión de "arreglo judicial o no hay apoyo a la investidura de Sánchez". Ya no les bastará el tercer grado o un segundo grado penitenciario atenuado, querrán libertad de movimientos. Al menos hasta que se deshaga el embrollo judicial. ¿Puede hacerlo la Generalitat que tiene competencias en materia penitenciaria? Difícil.
¿Qué puede hacer el Gobierno español? No puede ir contra la justicia española y a la vez quiere la investidura. Cómo estamos comprobando y dice el refrán castellano: justicia tardía no es justicia. Pero a la vez las prisas son malas consejeras en justicia. Una paradoja que siempre se da en el derecho. Por lo que es casi seguro que la justicia española, que ya es de por sí lenta, tardará en decidir.
Por tanto, el dilema para el Gobierno es: a) que Sánchez se decida a esperar (incluso meses) con riesgo de provocar nuevas elecciones, para su investidura política con UP y la abstención de los republicanos; o b) que empiece a arrimarse a Arrimadas, una vía que parecía destinada al fracaso y que ahora puede ser una solución rápida para dotar a España de Gobierno.
¡Cosas de la política cuando se mete en medio la justicia!
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