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En los últimos años, "accionistas, proveedores, inversores y consumidores exigimos cada vez más transparencia en lo que respecta a las prácticas sostenibles de las empresas" ha señalado Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas (IEA), durante la presentación del informe ¿Están las empresas preparadas para los nuevos requerimientos de información sobre sostenibilidad?, del IEA y Workday. El estudio, presentado este martes en Madrid, se centra en analizar las implicaciones de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), una norma que, según la autora del informe, Marta Olavarría, supone "un importante reto para las compañías".
Un reto, en primer lugar, por el número de afectadas: ya no solo tienen que reportar las grandes, sino también las pequeñas y medianas empresas que cotizan. Se estima que el número de firmas sometidas a ella ronda las 49.000 en la UE. Pero España juega con ventaja, por así decirlo, ya que, con la entrada en vigor de la Ley 11/2018 (resultado de la transposición de la Directiva sobre información no financiera o NFRD), este país empezó a contar con una de las normativas de reporting sobre sostenibilidad más exigentes de la Unión Europea. Esto "permitió a las empresas españolas una muy valiosa experiencia práctica en esta materia", tal y como destaca el informe. Esta regulación "generaliza una práctica que en nuestro país ya se venía aplicando", añade el estudio. La CSRD ya aplica desde este año a las grandes cotizadas (que reportarán en base a ella en sus informes de 2025), e irá afectando gradualmente, en años sucesivos, a empresas de menor tamaño. Visite el portal especializado elEconomista ESG.