10 de marzo de 2021, el 'tsunami' sostenible ya está aquí

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Hace casi tres años del nacimiento del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, donde ya advertíamos los claros impactos que la sostenibilidad iba a tener en la industria financiera en general y, con especial incidencia, en la de inversión.

Si hay algo claro en el seno de la Unión Europea, es que el sector privado debe jugar un papel determinante como agente financiador de la transformación sostenible que necesita nuestra vieja economía. El Plan de Acción fija tres objetivos claros: i) la reorientación de flujos hacia inversiones sostenibles, ii) la integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos, y iii) la transparencia y el largoplacismo.

Así, cuando hablemos de sostenibilidad e inversiones, debemos ser conscientes que la regulación va a ser un dinamizador clave, transformando lo que algunos califican como una moda en una tendencia estructural que condicionará la evolución de esta industria en el largo plazo.

En este contexto, el próximo 10 de marzo emerge uno de los primeros y más relevantes hitos del Plan de Acción, el Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad (2019/2088), que marcará la primera de tantas obligaciones normativas en este ámbito, y que tendrán la mayor parte de su despliegue a lo largo de 2021 y 2022. Este Reglamento fomenta el desarrollo de los tres objetivos del Plan de Acción, impactando claramente en dos de los pilares de esta industria: i) el proceso de toma de decisiones de inversión y ii) la oferta de producto.

En cuanto al primero, la nueva normativa obligará a gestores y asesores a incorporar la valoración de los aspectos extrafinancieros, los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), en el proceso de toma de decisiones de inversión. Cierto es que las entidades financieras podrían declarar la no incorporación de estos factores a sus procesos, pero esto será algo descartable en general, por el elevado riesgo reputacional que conllevaría para la entidad. Hay que aclarar, en este punto, que esta normativa no obliga a realizar inversiones sostenibles, tan solo a tener en cuenta criterios más allá de los financieros al analizar y seleccionar una inversión. Y es que es evidente que las cuestiones ASG suponen un riesgo, cada vez mayor, para la evolución del negocio de las compañías, por lo que esta normativa persigue que los gestores cuenten con las herramientas y procedimientos necesarios para minimizar esos riesgos.

Para ser conscientes de esta necesidad, tan solo debemos recordar los impactos en valoración del vertido en el Golfo de México de British Petroleum (ambiental), el escándalo por la manipulación de datos personales de Facebook y Cambridge Analytica (social) o el dieselgate de Volkswagen (gobernanza). El propio Foro Económico Mundial (WEF), señala en su último informe de riesgos globales que, por primera vez, los cinco eventos con mayor probabilidad de ocurrencia tienen que ver con el medioambiente. Es evidente que todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una inversión, complementando al tradicional análisis financiero.

Respecto a la oferta de producto, esta normativa recoge lo que es ya una necesidad en un sector en el que el apellido sostenible se empieza a aplicar a un excesivo número de productos, alimentando el posible efecto green washing, donde todo lo que se llama sostenible, no tiene por qué serlo. Así, el Reglamento establece unos requisitos normativos mínimos para identificar a los productos financieros sostenibles, en palabras de la propia normativa: productos que presentan características de sostenibilidad (art.8) y productos que tengan un objetivo de sostenibilidad (art.9).

Si usted trabaja en la industria de gestión o asesoramiento, esta nueva normativa le obligará a evaluar los criterios ASG de cada inversión que realice y sus potenciales riesgos, así como aumentar la transparencia de cara a sus clientes, explicando si se tienen o no en cuenta estos criterios y la forma de identificarlos y gestionarlos. Estas obligaciones tienen un gran calado en las prácticas del sector, por cuanto obligarán a disponer de proveedores de datos que nos faciliten la información ASG de los activos invertibles, contar con procedimientos internos que justifiquen una correcta integración de estos factores en las áreas de inversiones y riesgos, o disponer de potentes herramientas de información sostenible a clientes.

Si usted es un inversor, está de enhorabuena por varias razones. Por un lado, sus inversiones estarán mejor gestionadas, en la medida que los gestores tendrán mayor información, no financiera, para optimizar sus decisiones. Sobre esto ya no hay discusión, y numerosos estudios y análisis destacan como las inversiones que tienen en cuenta los factores ASG son más rentables en el tiempo, en gran parte gracias a su resiliencia ante eventos de riesgo. Además, las entidades gestoras y asesores le deberán proveer de la información necesaria para conocer cómo están gestionando estos riesgos, de tal forma que será un elemento más de juicio para elegir con qué entidad desea trabajar. Por último, podrá identificar con claridad los productos sostenibles de los que no lo son, lo que le permitirá tomar decisiones mucho más cualificadas en base a las estrategias que mejor se adapten a sus objetivos de inversión, con la certeza de que existe un marco jurídico que vigila la idoneidad de las mismas.

Como se aprecia, la incidencia de esta normativa es notable, pero esto es solo la punta del iceberg, ya que el resto de regulación pendiente de aplicación obligará a todas las entidades financieras (entidades de crédito, gestoras, cías. de seguros y empresas de servicios de inversión) a integrar la sostenibilidad en todos sus procesos de gestión, riesgos y comercialización.

La regulación vinculada a la sostenibilidad, al igual que ya paso con otras normativas como MiFID II, implicará un cambio de modelo de negocio en la industria de inversión, sería una pena que el sector no aprovechará este viento de cola para anticiparse e impulsar una verdadera transformación sostenible, algo que sin duda será beneficioso para la propia industria y los inversores. El tsunami sostenible ya está aquí, a partir de ahora, las inversiones no tendrán sentido sin el papel fundamental de la sostenibilidad, y la sostenibilidad no tendrá futuro sin el necesario protagonismo de la industria de inversión.

Carlos Magán es socio de AFI.

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