Luis Garvía Vega

Profesor de Finanzas de ICADE Business School. Universidad Pontificia Comillas

Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 aprobaron recientemente el histórico acuerdo sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. El acuerdo establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación que supere los 750 millones de euros, y sitúa en el foco a todas las compañías que tengan una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad (ratio beneficios sobre ingresos) superior al 10%.

La incertidumbre y el esperpento están llegando al límite, y por ello la realidad es cada vez más sencilla: o somos extremadamente cuidadosos o nos va a terminar por estallar todo en la cara. España está en la UCI y, de seguir todo igual, le quedan de vida unos dos años, con suerte tres. Desde el 2013 nuestro sistema financiero está conectado a la respiración artificial del BCE. En el 2020 el país entero entró en parada cardiorrespiratoria, y ha sido necesario aplicar 200.000 millones de euros de electroshock, para evitar el colapso. Estamos vivos gracias al milagro europeo, y lo más grave es que parece que no nos damos cuenta.

Ya se han despejado la mayor parte de las incógnitas que teníamos hace unos meses acerca de los Presupuestos Generales del Estado, lo que nos permite asegurar que 2021 será continuista respecto a este 2020: será un año lleno de sorpresas y sobresaltos. ¿Qué sucederá más allá? También aportaremos luz aquí a esta cuestión.

España está fuera de juego, y todo parece indicar que, tras la incomprensible parálisis política del mes de agosto, una mayoría todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Tener pactados unos presupuestos, o los 21.300 millones de euros de la UE para los ERTEs no debería de darnos ninguna tranquilidad si estos presupuestos son insostenibles, la ayuda resulta insuficiente y ni siquiera se están planteando las reformas necesarias.

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