La España vaciada sigue buscando fórmulas para revitalizar las zonas en riesgo de despoblación irreversible. Una de las más recurrentes es la de ofrecer alojamiento gratuito a cambio de regentar algún negocio local. El último municipio que se ha sumado a esta iniciativa ha sido el de Irueste (Guadalajara), ubicado a tan sólo 25 minutos de la capital y a menos de hora y media de Madrid. El Ayuntamiento está buscando a una persona o familia que gestione el bar del pueblo; a cambio podrán alojarse en una vivienda municipal sin pagar el alquiler.

Propietarios e inquilinos dicen no rotundo a la ley de vivienda, en vigor desde finales de mayo. Ambos partes valoran negativamente el impacto que la controvertida norma está teniendo en el mercado -tanto de alquiler como de compraventa-. En líneas generales, creen que hay más trabas para acceder a un piso en renta y que cada vez es más complicado vender un inmueble.

El precio de la vivienda resiste a pesar del descenso de la actividad residencial, que acumula caídas de doble dígito en las operaciones de compraventa y la concesión de hipotecas. Una de las preguntas que más se repiten los potenciales compradores y vendedores en este momento del año va en esta dirección: ¿Qué pasará con el precio de la vivienda en 2024? El consenso de expertos coincide en que los precios de compraventa atraviesan una fase de enfriamiento y desaceleración, aunque pocos pronostican un descenso significativo. En ese grupo se encuentra donpiso, que prevé que la vivienda bajará un 5% en 2024 debido, principalmente, a la caída "acusada" de la demanda de compra que se registrará en la primera mitad del año y que se traducirá un descenso del 10% de las transacciones.

El alza del precio de la vivienda, resiliente a pesar del endurecimiento de la política monetaria del BCE, está estrangulando el acceso a la vivienda de los ciudadanos. Uno de los indicadores que mejor visibiliza esta situación es la tasa de esfuerzo para comprar vivienda, que ha subido en los últimos doce meses en Madrid y Barcelona. Los ciudadanos (con menos poder adquisitivo debido a la inflación y muchos de ellos con salarios congelados) necesitan ahorrar más de seis años de salario íntegro para convertirse en propietarios.