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Ante las nuevas medidas de restricción o contención que se han impusto en la mayoría de las comunidades autónomas se ha producido un interés de muchas empresas por solicitar el nuevo Erte rebrote que el Gobierno aprobó el 26 de junio fruto del acuerdo con los empresarios y sindicatos.

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Entre abril y el 13 de agosto se han realizado casi 27.850 actuaciones de la Inspección de Trabajo para controlar que las condiciones de la aplicación de los Ertes por parte de las empresas se ajusta a la legalidad, según adelantan a eE fuentes del Ministerio de Trabajo. Dado que las empresas a las que se ha aprobado un Erte rondan las 530.000, el porcentaje de sociedades sobre las que ha actuado la Inspección es del 5,25% del total. No obstante, estas fuentes no han precisado cuántas de estas actuaciones han terminado en acta de infracción, pues el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene previsto presentar un balance completo más adelante.

Los empresarios no quieren ni oír hablar de volver a adoptar medidas estrictas y, en ningún caso, de un nuevo confinamiento. La CEOE considera que, tras superar la etapa anterior con esta medida, "la economía española se encuentra en una situación en la que no puede enfrentar un rebrote similar al de marzo que nos lleve a un nuevo confinamiento con la consiguiente paralización de la actividad, ya que tendría consecuencias catastróficas e irreversibles". Por este motivo, la patronal ha hecho una llamada a la responsabilidad de toda la sociedad con la confianza de que "compartiendo el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos y la actividad económica, podamos seguir avanzando en la definitiva superación de esta crisis sanitaria y económica".

Muchos son los trabajadores que se quejan de que los contratos que firman son cada vez más cortos. La Memoria Socioeconómica y Laboral del Consejo Económico y Social (CES) lo corrobora al apuntar que el año pasado, por primera vez, la duración media de los contratos temporales firmados el año pasado (20,35 millones) se situó por debajo de los 50 días, en 49,1. Además, el estudio del CES pone de manifiesto que se rompió la tendencia seguida los dos años anteriores de un ligero incremento en el tiempo de los contratos, después de colocarse en 2016 en un mínimo de 50,6 días de media. Así, en 2017 se elevó a 51,7 días y en 2018 a 52,2 días.

La voluntad del Ministerio de Trabajo es extender a partir del 30 de septiembre todos los Ertes y no solo los del sector turístico, según apuntan a eE fuentes cercanas a la negociación. De hecho, la ministra Yolanda Díaz lo ha dejado caer un par de veces, la última en Baleares: "El Ejecutivo no ha creado un sistema de protección para dejarlo caer ahora".

A 31 de julio, 1.118.542 trabajadores seguían en Erte y, por tanto, cobrando la prestación de los Servicios Públicos de Empleo (Sepe). A 10 de agosto, la cifra se había reducido en 160.000 personas, rebajando la mítica cifra del millón, concretamente en 959.000, según ha desvelado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Eso supone que han regresado al tajo 2.226.800 asalariados desde el 30 de abril, cuando la Seguridad Social registró el pico más alto de gente adscrita a un Erte, 3.387.000.

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A pesar de la evolución tan positiva del mercado laboral en el mes de julio, esta mejoría ha tenido un impacto desigual en los parados dependiendo de la duración del desempleo, según pone de manifiesto Fedea en un reciente informe sobre el efecto del covid-19 sobre la economía y el mercado laboral en España.

La recaudación neta de la Administración, tanto por tributos como por cotizaciones sociales a la Seguridad Social, empieza a dar muestra de debilitamiento a partir de abril con un claro deterioro de los ingresos totales, que el Estado absorbe por entero. Así, las cotizaciones de abril caen un 6% en relación al año anterior y las de mayo y junio en un 14%. En cuanto a los ingresos tributarios, su cuantía total cae en torno a un 30% en relación a 2019 en abril, mayo y junio y el acumulado hasta este último mes en un 11%, según se recoge en el quinto boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid de Fedea publicado este martes.

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Los parados que hubiesen agotado su prestación o el subsidio por desempleo entre el 14 de marzo, cuando se impuso el estado de alarma, y el 30 de septiembre, cuando se prevé que finalicen los Ertes por fuerza mayor, tendrán derecho a cobrar un subsidio por desempleo durante 3 meses. Así lo está negociando el Gobierno con los agentes sociales, una medida que ya se pactó en el último acuerdo firmado el 26 de junio y que quedó plasmado en el RDL 24/2020 de ese mismo día.

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El cálculo del agujero presupuestario que debe asumir este año el conjunto de las Administraciones Públicas (Central, Autonómicas, Locales y Seguridad Social) sigue creciendo según se van sumando nuevas medidas contra el coronavirus y se van reduciendo las previsiones de la economía española. Según los cálculos de algunos expertos y de la propia AIReF ya superaría los 125.000 millones de euros (un déficit del 11,15% sobre un PIB estimado de 1,125 billones de euros). Lo que deja desfasada la previsión del 10,34% de déficit (115.875 millones de euros) anunciado por el Gobierno en mayo. La AIReF elevó hace una semana el déficit para el conjunto del año al 11,9%, lo que colocaría el agujero presupuestario público en 133.870 millones de euros, que en caso de que la economía evolucione a un escenario adverso podría subir hasta el 14,4% o 162.000 millones, según la AIReF.