El cálculo del agujero presupuestario que debe asumir este año el conjunto de las Administraciones Públicas (Central, Autonómicas, Locales y Seguridad Social) sigue creciendo según se van sumando nuevas medidas contra el coronavirus y se van reduciendo las previsiones de la economía española. Según los cálculos de algunos expertos y de la propia AIReF ya superaría los 125.000 millones de euros (un déficit del 11,15% sobre un PIB estimado de 1,125 billones de euros). Lo que deja desfasada la previsión del 10,34% de déficit (115.875 millones de euros) anunciado por el Gobierno en mayo. La AIReF elevó hace una semana el déficit para el conjunto del año al 11,9%, lo que colocaría el agujero presupuestario público en 133.870 millones de euros, que en caso de que la economía evolucione a un escenario adverso podría subir hasta el 14,4% o 162.000 millones, según la AIReF.
Previsiones privadas
Una cifra que encaja más con las previsiones que manejan los economistas. Enrique de Areba, vicepresidente de IBC & Partners, calcula el déficit para el presente 2020 en un 11,5% (129.375 millones) al estimar que el PIB se reducirá en el año un 14%, lejos del 9,2% de caída del Ministerio de Economía que podría haberse quedado desfasado y que es el sustento de sus previsiones del déficit fiscal de este año.
Más allá de la previsiones del déficit, De Areba explica que desde su consultora, sobre la base de los datos prorrogados del Presupuesto de 2018, hacen una previsión de desfase de 122.300 millones de euros. Por la parte de los ingresos, IBC & Partners calcula con el descenso del PIB del 14,1% que ellos vaticinan, que los ingresos fiscales del conjunto de las Administraciones Púbicas se derrumbaría en casi 54.000 millones de euros.
Muy superior a las previsiones que maneja el Gobierno que cifró la caída de la recaudación para el conjunto de las Administraciones Públicas para todo 2020 en 25.770 millones de euros, según consta en el documento de Actualización del Programa de Estabilidad de 2020 que remitió el Ministerio de Economía a Bruselas el 1 de mayo. Unas estimaciones que se hicieron bajo la premisa de que el PIB descendería este año un 9,2%, cifra superada por gabinetes internacionales.
Las previsiones que España entregó a la Comisión Europea prevén una caída de los ingresos del 5,3%, con descensos del 2,4% en el Impuesto de la Renta o del 5,2% en el IVA, a pesar de que el consumo se ha derrumbado durante el segundo trimestre y podría seguir al ralentí en el tercer y cuarto trimestres. O el Impuesto de Sociedades, cuyo descenso cifra el Gobierno en un 8,7% a pesar de que un gran número de empresas ha permanecido sin ingresos durante el confinamiento y los ritmos de recuperación están siendo muy lentos. A esas cantidades hay que contabilizar la caída de los ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social que el Gobierno establece en un 5,75%, aunque en este caso, el mayor montante de la bajad proviene de las exoneraciones que el Gobierno ha aprobado para los Ertes de fuerza mayor o para los autónomos acogidos a las prestaciones extraordinarias (que se imputan también como gastos por parte de la AIReF).
No obstante, las arcas de la Seguridad Social también se resentirán de la caída del empleo que el propio Gobierno cree que descenderá casi un 10%, elevando la tasa de paro del 14,1% con que terminó el pasado año al 19% a diciembre de este.
Por la parte de los gastos, las cifras no hacen más que crecer. En este apartado, el documento remitido a Bruselas cifraba en 28.400 millones de euros el impacto que tendría que soportar la Administración Central por el Covid. La cifra, sin embargo, ha ido en aumento según se han ido aprobando nuevas medidas para hacer frente al efecto sanitario y económico de la pandemia.
La semana pasada, la AIReF elevaba el coste para la Administración Central de todas las medidas aprobadas hasta ahora a 35.320 millones de euros (8.000 millones de euros más). Y eso, en el mejor de los escenarios, pues en uno más negativo (rebrotes masivos, por ejemplo) el gasto para la Administración Central se podría elevar a 39.900 millones de euros.
A lo que se debe sumar los gastos en los que incurrirán este año las administraciones autonómicas y las locales que según la AIReF se colocan en 10.740 millones de euros en el escenario benévolo y 14.110 millones en el más desfavorable. Es decir, el Covid ha incrementado el gasto de las administraciones públicas, según la Autoridad Independiente, en un mínimo de 46.065 millones de euros y un máximo de 54.001 millones, según dos escenarios que maneja (el positivo y el negativo). Una cifra que la Autoridad Independiente ha ido incrementando según pasan los meses. En junio, con las medidas aprobadas hasta entonces, la horquilla estaba 7.000 millones por debajo (39.833 y 48.367 millones).
Protección del empleo
Las partidas más voluminosas, con mucha diferencia, se concentran en las medidas para mantener el empleo, en especial a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte). El Gobierno cifró en 17.890 el coste del abono de las prestaciones a los trabajadores en expediente a lo que se suman otros 2.216 millones de euros por las exoneraciones a las empresas y trabajadores del pago de la cuota a la Seguridad Social. En total, el Gobierno calculó para todo el año 20.100 millones destinados a Ertes.
Pues bien, AIReF ha elevado la cantidad a 23.00 millones (17.673 millones para prestaciones y 5.346 millones para cotizaciones) en el escenario bueno y 25.870 millones (19.777 millones para prestaciones y otros 6.094 en exoneraciones) en el malo. Es decir, entre 3.000 y 5.900 millones por encima de lo calculado por el Gobierno.
Las ayudas para los autónomos las fijó el Gobierno de Pedro Sánchez en 4.850 millones de euros, de los que 3.767 se debían destinar al abono de prestaciones y casi 1.000 para las exoneraciones a la Seguridad. La Autoridad Independiente, a finales del mes pasado, cuantifica el coste entre 6.534 millones en el mejor de los casos y 7.980 millones en el peor escenario, entre 1.680 y 3.130 millones más.
A estas dos partidas hay que añadir otras como el Ingreso Vital que la Autoridad Independiente cuantifica en algo más de 1.740 millones de euros y el abono de la incapacidad laboral transitoria de los trabajadores que se han dado de baja por el Covid, con 675 millones.
El gasto sanitario es el otro gran eslabón del agujero presupuestario que tendrán que afrontar las administraciones públicas. AIReF coloca la horquilla entre 8.157 y 10.742 millones de euros, de los que la Administración central asume 1.150 millones y las comunidades autónomas, que tienen transferida la Sanidad, entre 7.000 y 9.600 millones según evolucione la pandemia. No obstante, el Gobierno actualizó las entregas a cuenta a las Comunidades para reforzar la disponibilidad de recursos por un montante de 2.867 millones de euros.
Para cerrar el capítulo de los gastos que han disparado el agujero presupuestario están las medidas fiscales que el Gobierno ha aprobado, especialmente para proveer de liquidez a las empresas, atrasando o reduciendo impuestos que la AIReF calcula entre 1.460 y 1.575 millones.
La financiación
De cumplirse las previsiones y, si no mejora mucho la economía en el segundo trimestre, lo que no parece posible, el Estado (entre las tres administraciones) tendrá que financiar entre 125.000 y 135.000 millones de déficit este año, según evolucione la economía y la pandemia.
El Tesoro anunció el pasado mes de mayo que aumentaría la emisión neta de deuda este año en algo más de 97.500 millones de euros, hasta 130.000 millones de euros, y la emisión bruta superaría en algo los 100.000 millones hasta los 292.000 millones. Según señalan en el Ministerio de Economía, ya se ha cubierto aproximadamente el 75% de esos 100.000 millones de euros, a un buen precio que ronda una rentabilidad del 0,3%.
No es la única herramienta financiera. Esta semana, el Ministerio de Economía solicitó a Bruselas que le conceda préstamos por 20.000 millones de euros del programa Sure, aprobado en mayor por la Unión Europea para que los Estados que lo deseen puedan financiarse a tipos y condiciones preferentes, ahorrándose acudir a los mercados. Igualmente, el Gobierno ha cerrado un acuerdo, no carente de polémica, para que los ayuntamientos puedan disponer de sus remanentes presupuestarios.
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