Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como uno de los principales la consideración a partir de qué porcentaje del horario se entiende por "trabajo a distancia regular". El borrador que presentó el Gobierno el viernes 31 de julio establece "un mínimo del 20% de la jornada", el equivalente a un día a la semana para que ya se considere que un trabajador "teletrabaja" y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días.

UGT ha traslado al Gobierno su preocupación por la falta de impagos en el subsidio extraordinario de las empleadas de hogar. El sindicato va más allá, y se queja de que ni siquiera estén contestando a las solicitudes: "El próximo día 5 [por ayer] se cumplirán tres meses desde el inicio del plazo de solicitud. Nos consta que las trabajadoras y trabajadores del servicio del hogar familiar no están recibiendo contestación acerca de sus solicitudes y por tanto no estén percibiendo las cantidades debidas", según una misiva remitida por UGT al Servicio Público de Empleo (Sepe) dependiente del Ministerio de Trabajo. Las empleadas de hogar mostraron hace dos meses su preocupación por el cobro del subsidio.

El Gobierno tendrá que esperar varios días para saber si Bruselas le concede los algo más de 20.000 millones de euros en créditos que solicitó el lunes bajo el paraguas del Sure (Support mitigation Unemployment Risk in Emergency) o se tiene que conformar con menos. Además, el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño tendrá que detallar cuáles serán los gastos que han acarreado las medidas laborales adoptadas por el Gobierno (que se pueden financiar con el Sure) y las necesidades de financiación del Tesoro para hacer frente al Covid. El instrumento comunitario se creó en mayo para que los estados comunitarios financien a bajo interés los costes derivados de las medidas para proteger el empleo y a los trabajadores afectados por el Covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) cuantificó este lunes el mayor desastre que ha sacudido al sector turístico español: en el primer semestre del año se han perdido 28 millones de visitantes extranjeros, sobre un total de 80 millones que se preveía entrasen este año en España. Entre enero y junio atravesaron las fronteras 10,78 millones de visitantes frente a los 38,12 millones del mismo periodo del pasado año, lo que implica un descalabro del 71,7%.