Tanto el presidente del Gobierno, como los agentes sociales, se han esforzado en "poner en valor" el acuerdo para la reconstrucción del empleo que han firmado este viernes en los jardines del Palacio de la Moncloa. Y su valor principal es un mensaje de unidad y negociación que no sólo se lanza para el interior del país, sobre todo para el exterior. "Este acuerdo que hoy firmamos es un indicador de las saludo democrática y un mensaje que enviamos a nuestros socios europeos".
Un mensaje que habían anticipado previamente los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo. Todos ellos insistieron en que quizá el contenido del acuerdo firmado hoy no sea de los que más contenido tengan, pero es de vital importancia para dar un mensajes de diálogo y de unidad.
En este sentido, todos incidieron en la importancia de que el Gobierno se comprometa con ellos a someter a la negociación y el consenso las próximas medidas económicas y laborales necesarias para modernizar la economía y reactivar el empleo.
No a subir impuestos
No obstante, en sus discursos, los líderes de las organizaciones sociolaborales aprovecharon para lanzar sus reivindicaciones propias. Por parte de los empresarios, tanto Cuerva como Garamendi incidieron en rechazar las subidas de impuestos a las grandes empresas anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno. Cuerva ha matizado que si se suben los impuestos a las grandes empresas, acabarán afectadas las pequeñas también pues el coste se repercutirá sobre sus servicios.
El presidente de Cepyme ha ido un poco más allá, y solicitó al presidente Sánchez que el Gobierno sea ambicioso y siga apostando por la empresa. "No escatime esfuerzos, para no tener que preguntarnos en otoño e invierno si se hizo todo lo posible", en una clara referencia a la prórroga de los Ertes hasta fin de año, aunque sin citarlo explícitamente.
Los líderes sindicales enfocaron sus reinvindicaciones en la reforma del mercado laboral con el fin de acabar con la precariedad que supone la temporalidad, en referencia a una marcha atrás de algunas partes de la reforma laboral de 2012, y poner freno a una previsible devaluación salarial en los próximos meses que pondría en peligro la recuperación del consumo.
140.000 millones en juego
Hay muchos millones de euros en juego. Por de pronto, los cerca de 140.000 millones que Bruselas podría entregar a España -unos 77.000 a fondo perdido y otros 63.000 en forma de créditos- procedentes del Fondo de Reconstrucción que debaten actualmente los líderes de la Unión Europea. Pero la gran familia comunitaria, con la Comisión Europea como tutor, exige seriedad a cada país que opte a los fondos, una seriedad que exige un mensaje de unidad interno.
En España, la vertiente política parece encallada después de que el Partido Popular, líder de la oposición y previsible recambio de Gobierno, haya negado su apoyo al Gobierno de Sánchez para firmar los acuerdos de Reconstrucción explorados en el Congreso. El segundo intento, con pocas trazas, es conseguir unos Presupuestos de compromiso para hacer frente a un 2021 que estará marcado por la recesión y los efectos devastadores del Covid-19.
Con el envés político en vía muerta, el Ejecutivo de coalición de izquierdas ha tirado del diálogo social para lanzar un mensaje de unidad a Bruselas. La Comisión ha exigido en todas sus propuestas y recomendaciones que los países afronten una batería de reformas estructurales que deben ser pactadas previamente con los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios.
Así pues, la reunión para la firma de un documento -cuyo contenido real es limitado- hoy a las 11.00 horas en La Moncloa entre Pedro Sánchez y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerda, y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, tiene su esencia en la escenificación de una unidad que sirva de aval a Pedro Sánchez para negociar esos 140.000 millones imprescindibles para evitar la hecatombe.
