La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Insst) ha lanzado una campaña contra el fraude en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) en la que, según el Ministerio de Trabajo, se incide en la protección y el uso responsable de los recursos públicos. Una campaña que arrancó hace varias días, según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que señala que el 11% de las empresas que han presentado un Erte han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. Y de las inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8%.
El dato lo ha obtenido el Consejo General a través de una encuesta, la tercera desde que el Gobierno puso en marcha los Ertes, realizada a los profesionales asociados. Fuentes del Colegio explican a eE que se preguntó cuantas empresas gestionadas por sus asociados ya han recibido la visita de un inspector de Trabajo o se les ha anunciado la visita y de ellas cuántas habían sido sancionadas. Posteriormente, con las respuestas han extrapolado el dato demoscópico.
Campaña de la Inspección
La campaña de la Inspección de Trabajo comprende el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los Erte, y la intensificación de visitas para detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (Sepe), según informa EP.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció a finales de la semana pasada en un encuentro virtual con los medios de comunicación, en compañía del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que habían detectado algunos casos -"no una mayoría", matizó- de empresas que tenían parte de sus trabajadores en activo a pesar de que no los habían dado de baja en el Servicio de Empleo y, por tanto, seguían cobrando las prestaciones por desempleo.
La Inspección atenderá las denuncias presentadas en las oficinas provinciales correspondientes de las que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude vinculado a los Ertes, como por ejemplo la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado manteniendo a trabajadoras en el Erte.
Otra práctica que preocupa especialmente en el Ministerio de Trabajo, pues en el acuerdo firmado con empresarios y sindicatos el pasado 26 de junio para la prórroga de los expedientes hasta el 30 de septiembre se incluyó explícitamente la prohibición de que la empresas en Erte exigiesen horas extraordinarias al personal que estuviese trabajando mientras hubiese compañeros en Erte. También se prohíbe que estas empresas contraten nuevo personal mientras tenga a empleados cobrando del Erte, salvo que sea para cubrir funciones para las que no cuentan con personal adecuado. Y, por último, también se ha prohibido la contratación de empresas auxiliares.
La Inspección cuenta con un buzón online, accesible en el sitio web de la Inspección de Trabajo y en la web del propio Ministerio que, por medios telemáticos, permite, salvaguardando la identidad de la persona denunciante, comunicar irregularidades relacionadas con los Ertes. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado de que ha activado en sus redes sociales una campaña de divulgación que, con el hashtag #ProtegerLoPúblico, incide en el uso responsable de los recursos públicos destinados a los Ertes.
3.318 millones de euros
En el mes de mayo, el Sepe abonó 3.318 millones destinados a prestaciones por Erte, aunque el Ministerio no publicó este jueves el coste de junio, a pesar de dar a conocer los datos de desempleo de ese mes.
En este sentido, el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, subrayó el pasado míercoles que "el esfuerzo inversor que han supuesto los expedientes de Regulación Temporal de Empleo para proteger el tejido productivo y preservar el empleo, debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos". "Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tratamos de impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos", enfatizó el director del organismo.
El 28 de marzo, el RDL 9/2020 introdujo un claro mensaje sobre el control de los Ertes. En el preámbulo del texto normativo se contemplaba "la necesidad de implementar todos los mecanismo de control y de sanción necesario con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos para finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza y objetivo". Entonces se advirtió de que se revisarían por parte de la Inspección todos los Ertes.
Enfado de las patronales por el control
La decisión del Ministerio de Trabajo de enviar a la Inspección a revisar todos los Ertes a posteriori causó un hondo malestar entre los empresarios que se consideraron "criminalizados" e "insultados" por la ministra Yolanda Díaz. Especialmente, por el hecho de que no se limitó a declaraciones, sino que lo plasmó en el BOE en el RDL de 28 de marzo. Consideran que la revisión a posteriori de los Ertes supone inseguridad jurídica teniendo en cuenta el proceso de aprobación de los Ertes.
